La familia Pujol ha cambiado de estrategia. Primero fue la confesión y ahora encontrar al ‘chivato’ que ha filtrado la información de las millonarias cuentas que el expresident catalán tiene en dos bancos de Andorra, supuestamente producto de la herencia de su padre Florenci Pujol. El ex Molt Hororable quiere demandar a estas entidades por vulnerar el secreto bancario. La demanda podría presentarse a finales de agosto en Andorra. Justo el Principado en el que Josep María Pijoan, juez instructor del caso Palau, y hoy presidente del Tribunal de Corts en Andorra.
Esta vuelta de tuerca -señalan este miércoles varios medios- podría obstaculizar la investigación que a instancias de la UDEF, Hacienda, y la Fiscalía se está practicando a éstas y a otras cuentas de Jordi Pujol, en diferentes paraísos fiscales.
Josep María Pijoan, juez instructor del caso Palau -caso que Albert Rivera ha relacionado con el caso de la Banca Catalana- fue denunciado por algunos sectores por su parsimonia a la hora de cerrar el caso. La Gaceta de los Negocios -recuerda VOXPOPULI– denuncion en su momento a Pijoan por recibir subvenciones de la Generalitat, a través de asociaciones a las que pertenecía. Lo parece indicar la conveniencia de trasladar algunas de las cuitas con la Justicia a Andorra, y no a España.
Llegados a este punto, una sentencia podría obstaculizar las comisiones rogatorias, que es el único modo de que la Banca Privat D’Andorra y AndBank faciliten datos a España. Fuentes políticas -subraya VP– aseguran que «ya no se trata de proteger a la familia Pujol; básicamente a los hijos, sino a todo el entramado cercano a CiU o al ex president que pueda tener también cuentas en Andorra».
Este fin de semana pasado, Jordi Pujol manifestó ante los medios de comunicación que no se esconde, «pero no se trata de hacer declaraciones cada dos por tres».
Hoy, el rotativo británico Financial Times publica en su editorial que el caso Pujol suavizará la relación entre Mariano Rajoy y Artur Mas. Y afirma que «la vergüenza de Cataluña es una mancha para España».
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La Generalitat benefició a empresas del ‘clan Pujol’, según Manos Limpias
Durante los 23 años del mandato del expresidente catalán Jordi Pujol Soley, que estuvo al frente de la Generalitat del 8 de mayo de 1980 al 20 de diciembre de 2003, la Administración estuvo al servicio de parte de la familia Pujol-Ferrusola. Así consta en la querella que el sindicato Manos Limpias presentará hoy ante el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona.
Según indica la querella de Manos Limpias, «existen indicios fundados de los negocios del Gobierno autonómico catalán con la familia directa de Jordi Pujol Soley». En concreto, cita varias empresas como Hidroplant, fundada por la mujer del expresidente Marta Ferrusola Llados, que «supuestamente se benefició de diversos contratos de empresas adjudicatarias de la Generalitat de Cataluña» y la consultoría ambiental Entorn, de la familia Pujol, que «igualmente y supuestamente se benefició de contratos con la Generalitat de Cataluña». También menciona el despacho de arquitectura de Marta Pujol, una de las hijas de Jordi Pujol, que también trabajó para la Generalitat, así como las sociedades de los hijos Jordi, Oriol y Oleguer.
Tres por ciento
El sindicato expone que la Udef, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía, ya en noviembre de 2012 «detectó 137 millones en una sola cuenta. El informe reseñaba que CiU se quedaba con el 4 por ciento de cada obra o servicio que concedía a empresas privadas. De ese peaje, el 2,5% se empleaba para financiar a CDC, y el otro 1,5% acaba en los bolsillos de sus dirigentes (familia Pujol)».
En la querella a la que ha tenido acceso elEconomista, Manos Limpias hace mención a las palabras de Pasqual Maragall en el Parlament en 2005 cuando era presidente de la Generalitat, que dijo que «el problema de CiU es el del 3 por ciento».
Sobre la confesión del expresidente, el sindicato considera que el manifiesto de Jordi Pujol «parece más bien una autoinculpación que nada tiene que ver con la confesión». Manos Limpias considera que ha sido fruto del resultado de investigaciones que apuntaban contra él.
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CIU ya asimila una consulta lejana
Realmente, no puede extrañar que CiU, un partido democrático y moderado con larga historia de consensos en Cataluña, se desmarque de un camino que, de mantenerse, solo conduciría a la ruptura, a la desobediencia civil que obligaría al Estado a adoptar decisiones rotundas. | CDC asegura ahora que la consulta «seguirá viva» aunque el TC la impugne
La consulta, más lejana
Hasta ahora, algunos miembros secundarios de la mayoría que gobierna Cataluña habían puesto en duda la celebración del referéndum del 9 de noviembre (por ejemplo, Joan Rigol, de UDC, coordinador del Pacte Nacional pel Dret a Dicidir). Pero el disenso ha subido de categoría: dos consejeros de Artur Mas se han sumado este escepticismo. Primero ha sido el titular de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, y después la número dos de Mas en el Govern y encargada de la logística de la consulta, Joana Ortega, perteneciente a UDC, la formación de Duran Lleida.
La vicepresidenta del Govern ha asegurado en dos entrevistas radiofónicas que la consulta puede aplazarse si el Constitucional impugna la ley de consultas que prepara el Parlament de Catalunya o, en su caso, la convocatoria de Mas para el plebiscito 9-N. Evidentemente, Ortega contaba con el beneplácito de Artur Mas.
La manifestación de la vicepresidenta de la Generalitat, encargada de la logística de la consulta, ha sido justificada con el argumento de que lo realmente importante es que se celebre el plebiscito, y que si ahora no puede tener lugar con todos los requisitos legales, habrá que seguir trabajando para que se haga más adelante. Pero esta posición no ha sido aceptada por ERC.
En efecto, Alfred Bosch, portavoz de ERC en el Congreso y candidato a la alcaldía de Barcelona, ha advertido que el retraso sería «un engaño al pueblo catalán». «Ya tenemos uno. ¿Para qué queremos otro 9 de noviembre? ¿Qué cambiará?», ha añadido.
Por su parte, Joan Tardà, diputado de ERC, ha afirmado por Twitter que el Govern «ha decidido suicidarse» al dejar la puerta abierta a un aplazamiento de la consulta. Para Bosch, la polémica no debería ser qué hace el Govern ante un eventual rechazo del TC a la ley de consultas, sino «qué disparate hará el Estado para boicotear y sabotear las urnas». Tampoco han visto con buenos ojos las evasivas de CiU los demás partidos que han apoyado el ‘derecho a decidir’, ICV-EUiA y CUP.
Un pacto bajo palio
Ha llegado a afirmarse, aunque sin el contraste necesario, que Artur Mas ya habría garantizado al presidente del Gobierno que la consulta no se celebrará si no se dan los requisitos legales necesarios. Lo que sucede es que esta vuelta atrás extemporánea, que se produce después de un alocado delirio, tendrá un altísimo precio para CiU: nada menos que haber entregado la hegemonía política a ERC. En estas condiciones, es claro que, si no cambiasen las tendencias, podría darse el caso de que el referéndum ilegal fuera convocado por Esquerra después de las futuras elecciones autonómicas.
De todos modos, parece que el descenso del soufflé independentista no sólo alcanza a CiU: también la sociedad catalana, ahora golpeada por el caso Pujol, parece dar muestras fehacientes de cansancio.
Es muy significativo que las inscripciones para la Diada del 11 de septiembre, que fueron a estas alturas más de 300.000 el año pasado, no lleguen en esta ocasión a 70.000.
El descubrimiento de un colosal pastel de corrupción en la cúpula del nacionalismo, que no ha hecho más que asomar y que dará lugar a nuevas y colosales revelaciones, resta glamour y densidad intelectual a la causa soberanista. El «España nos roba» de los viejos lemas se ha vuelto irónicamente contra algunos de sus promotores, que aparecen como los autores del gran desfalco.