Los nacionalismos periféricos en España son lingüísticos. Todos coinciden en sostener un silogismo: «Para ser una nación y fundar así nuestro derecho a convertirnos en Estado, es preciso recuperar (o propagar o inventar) nuestra lengua ». […]

El más burdo de los sistemas es el de la normalización, según el cual, en lugar de reconocer la lengua que es de uso normal o mayoritario en esa comunidad, la política lingüística nacionalista pretende transformar en normal el conocimiento y uso de la lengua minoritaria por cualquier medio. Además, así se alimenta también una visible conciencia de culpa en la mayoría de los miembros de una comunidad por no hablar su lengua «propia», o no leerla, ni escribirla. A mayor lejanía de la lengua local respecto de la común, más nutrida será la población que vive de espaldas a la lengua local, pero conviviendo a diario con rótulos, impresos, topónimos, folletos, etcétera, escritos en esa lengua. Les toca entonces vivir en un permanente disimulo, haciendo como si necesitaran una lengua que no necesitan y comprendieran lo que no comprenden, cuando les bastaría con la lengua conocida y hablada por todos sus conciudadanos. Pero, al fingir plegarse a lo políticamente (o sea, nacionalmente) correcto, comienza ya a pagar un obligatorio «peaje lingüístico». […]

En Cataluña un documento de doce páginas establece que el personal de la sanidad autonómica «siempre hablará en catalán, independientemente de la lengua que utilice su interlocutor», incluso cuando constate que el paciente tiene «cierta dificultad» de comprensión. Esta orden es aplicable a las comunicaciones internas y externas, tanto cuando hablen por teléfono, por megafonía, en actos públicos protocolarios o cuando los médicos hablen entre ellos, especialmente cuando haya delante «terceras personas» (sic y resic).

Y como punta de lanza de este ataque a las personas estuvo y está «la inmersión lingüística» que maltrata desde primaria a los críos que tienen como lengua materna el español.

Como ha recordado Javier Montilla: «Tal práctica no sólo mostraba un abuso totalitario impropio de una sociedad democrática, sino que mostraba también los efectos negativos de impedir al niño estudiar en su lengua materna, tal y como recomienda la UNESCO. Por consiguiente, la lengua materna dejaba de ser un derecho de los padres para someterse a los delirios del nacionalismo».

La prueba de la deslealtad constitucional en este asunto se demuestra simplemente leyendo el diario de sesiones de las Cortes y comprobando lo que dijo el nacionalista Trías Fargas en 1978, cuando se discutía la Constitución en la Comisión: «Creo que es justo decir que el derecho a la lengua materna es un derecho del hombre, un requisito pedagógico de la máxima importancia. Cambiar de lengua en la niñez dificulta extraordinariamente la capacidad del niño. Nosotros nunca vamos a obligar a ningún niño de ambiente familiar castellano a estudiar en catalán».

Ya con Aznar en el Gobierno (1998) y como consecuencia del pacto con ellos, los nacionalistas dieron un paso al frente y pusieron en marcha en el Parlamento de Cataluña una nueva ley, la «Ley de Política Lingüística», que también fue apoyada por los antiguos comunistas y por el PSC. Esta ley da preferencia al catalán no sólo en la administración pública, sino también en las empresas privadas. […] En definitiva, el nacionalismo hizo que la ley convirtiese un derecho en un deber.

Fue ésa la ley que Aznar impidió que se recurriera ante el Tribunal Constitucional, pero no toda la sociedad catalana permaneció en silencio. Por entonces nació el Foro Babel, que entre los fundadores contó con Francesc de Carreras, Eugenio Trías, Albert Boadella, Félix de Azúa, José Agustín Goytisolo, Juan Marsé, Terenci Moix, Eduardo Mendoza, Xavier Sardà o Francisco Fernández Buey.

La cruda verdad es que los nacionalistas, incluido el «exitoso» tripartito, se han pasado y se pasan por el «arco del triunfo» las sentencias de distintos tribunales en cuanto éstos enmiendan las «sagradas» decisiones lingüísticas de esta gavilla de sectarios. […]

Hasta ahora el Estado no se ha atrevido a obligar a cumplir esas sentencias ni, en general, la Constitución en todo lo que toque la «sacrosanta lengua del nuevo imperio catalán». De hecho, el nacionalismo está haciendo con el español exactamente lo mismo que Franco hizo con el catalán. Como es lógico, esa discriminación y maltrato ha tenido y tiene efectos nefastos sobre los alumnos que tienen como lengua materna el español.

Una psicóloga infantil, Anna Permanyer, lo relataba así en una carta dirigida a La Vanguardia, antes de que este diario se pasara al separatismo: «Actualmente, como psicóloga infantil y madre de cuatro hijos, no puedo callar más: la normalización lingüística, tal y como se está llevando a cabo, está produciendo efectos más negativos de los inevitables. La inmersión cruda en catalán, especialmente en la escuela pública, en la mayoría de los casos constituye una equivocación que podría hacernos pensar que es un desquite. Los niños, en las escuelas de Barcelona y su entorno con inmersión forzosa, es decir, la mayoría de las públicas, han bajado sus coeficientes de RV y RA (razonamiento verbal y abstracto, respectivamente) hasta extremos alarmantes, debido a la obligación del uso del catalán exclusivamente».

Permanyer no fue la única que se opuso a esta barbaridad discriminatoria y anticonstitucional. También estuvo en contra la Asociación por la Tolerancia, la Asociación Cultural Miguel de Cervantes y las madres de la Coordinadora de Afectados en Defensa de la Lengua Castellana (Cadeca), que se amotinaron y lucharon contra el abuso y que, como consecuencia, recibieron una campaña injuriosa en los medios de comunicación catalanes.

En efecto, en Cataluña, existe una diferencia muy sustancial entre el rendimiento académico de los alumnos castellanohablantes y los catalanohablantes. Sus tasas de fracaso escolar son notablemente distintas: 42,62 % en los primeros y 18,58 % en los segundos.

Por otra parte, cuando se han realizado pruebas de castellano idénticas tanto en Cataluña como en el resto de España, las puntuaciones de los alumnos catalanes han sido siempre inferiores a las de los alumnos del resto de España.

Claro que -según Javier Montilla- tanto Artur Mas como José Montilla llevan a sus hijos, respectivamente, al Liceo Francés de Barcelona y al Colegio Alemán de Esplugues del Llobregat. El propio Artur Mas fue a la escuela elitista Aula, en la zona alta de Barcelona, y puede presumir de que en su caso las lenguas vehiculares de la enseñanza fueran el inglés, el francés, el español y el catalán.

La manipulación de oposiciones y otros métodos dudosos que proponía el documento de marras no han dejado de operar con absoluta impunidad, pero donde quizá esa política sectaria haya llegado más lejos sea en los medios públicos de comunicación, como TV3, que fue parcial desde su origen pero que con Artur Mas ha llegado al delirio. […]

Y ante estas políticas desleales con lo pactado en 1978, ante la actitud manipuladora de las conciencias y el adoctrinamiento venenoso de la niñez y de la juventud, ante el objetivo de convertir en mozárabes, es decir, en extranjeros dentro de su propio país, a una parte sustantiva de los catalanes, ¿qué hicieron los sucesivos Gobiernos del PSOE y del PP? La respuesta es sencilla: no hicieron nada. Le bailaron el agua a Pujol, mirando para otro lado cuando aparecieron por doquier aquellas intenciones y aquellos ataques a la convivencia.

Prisioneros -a veces de hecho y otras «por si acaso»- de una ley electoral que pone en manos de los nacionalistas la gobernabilidad del país, los dos grandes partidos prefirieron pensar que Pujol, al fin y al cabo, era un buen chico que sólo quería que la lengua catalana sobreviviera, acosada por la fuerza imparable de un castellano que, al fin y al cabo, hablan más de 300 millones de personas.

Un buen chico que siempre estaba dispuesto a echar una mano a cambio -eso sí- de algún «peix al cove». Cuando Pujol decidió no presentarse más, había presidido 23 años la Generalidad y, sobre todo, había creado un «régimen».