La Junta de Andalucía, durante la etapa de Manuel Chaves como presidente, concedió y abonó sin control alguno el polémico incentivo de casi 10,1 millones de euros a Minas de Aguas Teñidas, Matsa, la empresa que apodera Paula Chaves, hija del ex presidente andaluz.

La empresa no reunía los requisitos para recibir la ayuda, como ha terminado admitiendo la Junta. Este incumplimiento es el que ha provocado, cinco años después y tras una inspección sobre fondos europeos, que el Gobierno andaluz de PSOE e IU, que preside la socialista Susana Díaz, reclame ahora la devolución íntegra de la polémica ayuda a Matsa, que asciende a 11,8 millones de euros, ya que a los 10,1 millones concedidos inicialmente se les suman los intereses, como informó ayer EL MUNDO.

Los argumentos de la Junta para pedir ahora el reintegro -que inició el proyecto antes de pedir la ayuda, en contra de la ley- son los mismos que utilizó el Partido Popular para cuestionar la subvención de Manuel Chaves a la mina apoderada por su hija.

Pese a los incumplimientos que la Junta de Andalucía ha terminado admitiendo, al reclamar la devolución íntegra de la ayuda, Minas de Aguas Teñidas cobró los 10,1 millones de euros en tiempo récord, ya que el incentivo fue concedido en enero de 2009 y el 4 de junio de 2010 la Administración se lo pagó, según refleja la documentación a la que tuvo acceso este diario.

La Unión Europea (UE) exige, con carácter general, que las empresasno inicien los proyectos antes de la presentación de la solicitud de ayuda. Es el conocido como «efecto incentivador» que persigue el cambio de conducta del sujeto que recibe el incentivo. Esta exigencia de la UE se refleja en las órdenes reguladoras de cada una de las subvenciones, ya sean del Gobierno o de la Junta de Andalucía.

Y esta exigencia legal es la que incumplía la empresa Matsa cuando el 20 de enero de 2009, el entonces presidente de la Junta Manuel Chaves votó en el Consejo de Gobierno que presidía a favor de la ratificación de la ayuda para la empresa que fichó a su hija Paula en julio de 2007. A los tres meses de avalar el incentivo de Matsa, Chaves dejó la Junta, tras permanecer 19 años en el cargo.

La compañía minera acometió inversiones con anterioridad a la petición del incentivo de 10.093.472,70 euros para el «desarrollo y construcción de una planta de obtención de cobre, plomo, zinc, oro y plata», según confirmó ayer a este diario la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que dirige el consejero José Sánchez Maldonado.

Las fuentes oficiales de la Junta detallaron que, al revisar toda la documentación aportada por Matsa para justificar la ayuda millonaria, los verificadores descubrieron que la compañía minera había acometido una «pequeña inversión» antes de solicitar el incentivo.

Esta conducta es la que prohíben las directrices de la UE que luego trasponen el Gobierno y la Junta en su normativa de subvenciones. Una vez es detectado el incumplimiento de la normativa, la Junta sigue «escrupulosamente» lo que marca la ley y reclama a Matsa la devolución íntegra de al ayuda, según indicaron fuentes de la Consejería de Economía, de la que depende la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

La Agencia IDEA es la que inicia el procedimiento de reintegro, al declarar el 14 de enero de 2013, la «obligación de reintegrar la suma de 11.832.868,40 euros» de la compañía minera Matsa, en la quePaula Chaves dirige el departamento legal y de relaciones institucionales.

Lo llamativo de este asunto es que seis años antes de que la Junta se haya dado cuenta ahora de que Matsa había iniciado las obras antes de tiempo y, por tanto, no tiene derecho a recibir la ayuda, el Ministerio de Industria ya lo había descubierto.

El Gobierno de Zapatero advirtió la irregularidad

El 24 de abril de 2008, el Ministerio de Industria, entonces dirigido por el socialista Miguel Sebastián, rechazó incentivar la «construcción de una planta de tratamiento mineral» de Matsa porque había solicitado la subvención estando ya iniciado el proyecto. El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 7 de mayo de 2008 da cuenta de la denegación de esta ayuda por «no cumplir con el requisito de no iniciar las inversiones antes de la presentación de la solicitud de la ayuda».

Sin embargo, el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) del 4 de febrero de 2009 informa del incentivo concedido a Matsa para «el desarrollo y construcción de una planta de obtención de cobre, plomo, zinc, oro y plata». A pesar de que se trata de la misma obra con leves cambiosen los nombres que aparecen en el BOE y el BOJA, la Consejería de Economía sostiene que los proyectos tramitados ante el Gobierno y la Junta son distintos.

Las fuentes oficiales de la Junta precisaron que las irregularidades fueron descubiertas en una inspección sobre fondos europeos que hizo la Intervención General de la Junta. Este control se inicia, según la Consejería de Economía, a instancias de la Intervención General de la Administración del Estado, que solicitó una inspección general sobre fondos europeos en la que se incluyó la subvención de Matsa.

Por su parte, la compañía alegó ayer que «no queda probado» que los trabajos de la planta se iniciaran antes de la fecha debida, como le reprocha la Junta para exigirle la devolución íntegra del incentivo.

Un informe de la Intervención General de la Junta alertó de que «los trabajos constructivos podrían haberse iniciado antes de la fecha de elegibilidad del proyecto», según Matsa, que subrayó que éste es el «único motivo» por el cual IDEA solicita el reintegro.

El pasado 1 de julio Matsa interpuso un recurso contencioso administrativo contra la resolución de IDEA que solicita el reintegro, al entender que «no queda acreditado que se hayan iniciado los trabajos antes de la fecha debida y que en el expediente de la Intervención General no se han cumplido los trámites correspondientes».

Actualmente, la compañía está efectuando los pagos a cuenta de la devolución requeridos por IDEA y ha depositado en el juzgado una garantía por el importe a devolver.

Matsa subrayó que sí cumplía «los criterios de selección para ser beneficiaria de la ayuda; los gastos se corresponden con la ejecución del proyecto y se consideran gastos subvencionables; se han creado y mantenido más de 170 puestos de trabajo indefinidos, como se requería; y todas las facturas se han emitido dentro del periodo de subvencionabilidad».