El Parlamento de Cataluña aprobó ayer con 104 votos a favor (CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, CUP) y 26 abstenciones (PP, C’s) una ley que crea un impuesto sobre la operadoras de Internet en Cataluña que gravará con 0,25 euros cada contrato de conexión a la Red y que irá destinada a financiar el cine catalán.

La tasa impulsada por el Govern, ha asegurado que las operadoras tendrán que pagar directamente y no podrá revertirse sobre el precio de los consumidores. Una tasa que será la Agència Tributària de Catalunya será la encargada de recaudarlo y gestionarlo.

Con el nuevo impuesto, la Generalitat prevé recaudar 20,5 millones de euros al año y se ha comprometido a dedicarlo íntegramente a fomentar el sector audiovisual catalán y al acceso a Internet en los equipamientos culturales.

Perjuicio a futuras inversiones tecnológicas

La diputada del PP Alicia Alegret ha criticado que «es un nuevo impuesto que tendrán los catalanes y no tendrán el resto de ciudadanos de España» y ha vaticinado que, al gravar a las operadoras, podría perjudicar a las inversiones que hacen en mejoras tecnológicas.

Por su parte, José Manuel Villegas (C’s) ha expuesto que su partido no ve claro el impuesto porque es «imposible que el legislador controle» si lo pagarán íntegramente las empresas o acabará repercutiendo en los consumidores, que pueden ver cómo aumenta el precio de su conexión a la red.

Justificación del impuesto

Sin embargo, el diputado de ERC, Sergi Sabrià, ha defendido la medida porque cree que las operadoras de Internet forman parte del sector de empresas que «más ganan», por lo que pagando el impuesto se las hace corresponsables de fomentar sectores estratégicos como lo es, a su juicio, el audiovisual. En la misma línea, la socialista Alícia Romero ha dicho que a Cataluña le conviene una reforma fiscal más amplia y justa, pero avala este impuesto porque recae sobre «las empresas grandes que tienen más beneficios y se tienen que solidarizar con una industria», la audiovisual, que ve como sus contenidos son pirateados en la red.

Ferran Falcó (CiU) ha justificado el impuesto porque las operadores se benefician de los contenidos audiovisuales que circulan por la red, ha destacado el consenso que suscita la norma entre partidos: «Cuando vamos juntos somos más fuertes», y ha expuesto que 0,25 euros por conexión es plenamente asumible para los accionistas de las operadoras.

Por su parte, la CUP ha dado un «sí» crítico a la ley: «Es una gota en el desierto de las políticas culturales, que es más que ninguna gota en el desierto», ha expuesto David Fernández, que ha cargado contra los precios y los servicios de las grandes operadoras de Internet.

Rechazo de la patronal

Cuando se supo que el Govern planeaba este impuesto, el presidente de la patronal tecnológica Ametic, José Manuel de Riva, pidió a la Generalitat la retirada de la tasa en el marco de una reunión que se celebró en la Consejería de Cultura.

De Riva ha argumentó la «alta fiscalidad que ya soportan las operadoras» y las dificultades añadidas que comporta la tasa, teniendo en cuenta que resta ingresos para facilitar el despliegue de redes de alta velocidad, defendió la patronal.

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