El ministro griego de Finanzas, Evangelos Venizelos, reconoció este miércoles las presiones ejercidas sobre su país por la Unión Europea y el FMI para la implementación del segundo plan de recortes sociales.
Algunas de las medidas adicionales, incluidas en el paquete de negociación a cambio de ayuda financiera, afectan directamente los salarios de los trabajadores en el sector público, unido a un drástico recorte de los beneficios sociales, admitió Venizelos.
La troika -como se le conoce a la UE, el FMI y el Banco Central Europeo en calidad de principales prestamistas- pone en la mesa las reformas estructurales y medidas que “abren el mercado griego a la competencia”, explicó el funcionario, nombrado en junio último tras un intento del ejecutivo por ganar apoyo social para la ejecución del impopular programa.
El gobierno del primer ministro George Papandreu aprobó recortes adicionales a salarios y jubilaciones, además de un plan de privatización de las empresas estatales, con el anunciado propósito de ahorrar unos 78 mil millones de euros hasta 2015.
Representantes de los organismos internacionales, que han empujado a la nación helena a la adopción de las políticas de austeridad, iniciaron esta semana una revisión del estado de las cuentas griegas y la marcha del plan fiscal.
Ambos aspectos centran las condiciones fijadas por la UE y el FMI para el desembolso del próximo tramo del rescate a Grecia, pactado por los socios de la eurozona en mayo de 2010 para evitar la quiebra del país.
La nación mediterránea sigue atenta, de otro lado, a la entrega adicional de una segunda ayuda, acordada durante una cumbre celebrada en julio pasado, bajo un clima de incertidumbre por la amenaza de otra recesión y profundas divergencias en torno al concepto de solidaridad europea.
Se supone que los fondos sean liberados tras la aprobación en los parlamentos de los 27 estados miembros de la UE.
Primer país en peligro de bancarrota dentro de la eurozona, Grecia afronta una delicada situación económica y financiera por la abultada deuda pública, estimada en unos 300 mil millones de euros, que representa cerca de 150 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El gobierno de Papandreu se propone bajar el déficit fiscal en 2011 a 7,6 por ciento del PIB, aunque estimaciones independientes lo sitúan en ocho por ciento.
PL
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