Para contribuir a la brutal ofensiva contra el 15-M, la delegada del gobierno en Madrid, Dolores Carrión, ha querido aclarar que está “totalmente” a favor de las palabras pronunciadas por el máximo responsable de la Fiscalía de Madrid.

El Fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, acusaba ayer al 15-M de provocar una crisis institucional y una creciente desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades y la Justicia.

Para el Fiscal las “conductas (de los indignados) como la masiva ocupación ilegal de las vías públicas, la obstaculización de la constitución de Parlamentos Autonómicos o de Corporaciones Locales democráticamente elegidos por los ciudadanos o el impedimento de la ejecución de resoluciones judiciales firmes, no sólo deslegitiman a los que así actúan, haciéndoles perder cualquier asomo de razón en la que quisieran justificar su proceder, sino que exteriorizan su ignorancia acerca de los valores que deben inspirar la convivencia democrática”.

Para el Fiscal es una “inmoralidad trasladar a la opinión pública la falacia de que es lícito y hasta bueno realizar actos ilegales al margen de los cauces establecidos por las normas jurídicas, siempre que sea sin violencia”.

Seguro que a no pocos ciudadanos les puede parecer una inmoralidad trasladar a la opinión pública ese perfil deformado de un movimiento con el que simpatizan la mayoría de los españoles (eso es lo que quieren quebrar) y más inmoralidad les puede parecer a muchos españoles que los fiscales españoles no hayan combatido en su justa medida, como se merecen los españoles de bien, la masiva ocupación del suelo (el monopoly de la recalificación) y de otras instituciones para beneficio de los partidos políticos.

El Fiscal de Madrid tacha de inmorales a los que han querido denunciar los desahucios de los bancos y cajas que participaron en el pelotazo del suelo público que ha hipotecado a España y por el que no hay prácticamente juzgados ni encarcelados. Ahí si que se puede hablar de quiebra del Estado de Derecho, como demuestra la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades políticas y judiciales.

Sin duda, hay mucha tolerancia con la corrupción. Lo que no hay es pan ni fiscales independientes para tanto chorizo trajeado. Hasta el New York Times denuncia la impunidad de la que disfruta un banquero en España. No deben estar al corriente del tinglado de las cajas…

Tener poder en España equivale a tratar a los españoles como Santos Inocentes. Tener poder es servir al poder. El 15-M y la revolución global que surge en la red se le atraganta al poder de las élites judiciales, políticas y financieras.

La revuelta, la protesta y la desobediencia pacífica ante la injusticia y lo que muchos ciudadanos consideran una adulteración de la democracia y de los principios del Estado democrático de Derecho, es legítima. Incluso en términos de derecho internacional. Túnez también era una democracia y un Estado de Derecho. Ejemplar, decían. Internacional Socialista mediante. Aunque Moix fue elegido y designado por el ex fiscal general del Estado del PP, Jesús Cardenal.

Sin separación de poderes no hay democracia.