LA PAZ, 15 oct (IPS) – Más de 5,2 millones de bolivianos están habilitados para elegir este domingo por primera vez a 56 autoridades judiciales, en medio de un ambiente político enrarecido ante la ríspida repuesta del gobierno a indígenas que marchan en protesta por la construcción de una carretera por una zona rica en recursos naturales.

El momento es difícil para el presidente izquierdista Evo Morales, quien ha perdido popularidad en el último año tras el ida y vuelta en el aumento de precios de los combustibles y la brutal represión de la marcha indígena el 25 de septiembre en la población de Yucumo, en el norte amazónico de Bolivia.

Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), impulsan la primera elección de autoridades para los tribunales Constitucional Plurinacional y Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia.

Un total de 118 candidatos, de los cuales la mitad son mujeres y 44 autodeclarados aborígenes, participan de la inédita consulta democrática que, en opinión del partido gobernante, cambiará el viejo y corrupto sistema de justicia y devolverá la confianza de la población en jueces elegidos en las urnas.

Pero el criterio no es compartido por la oposición. El líder de Unidad Nacional (UN), el empresario del cemento Samuel Doria Medina, calificó de «engaño» a los comicios al ser consultado por IPS.

Este industrial y otros líderes contrarios a las políticas del primer presidente indígena de la historia de Bolivia cuestionan las elecciones de este domingo porque los aspirantes fueron preseleccionados en la Asamblea Legislativa Plurinacional con el respaldo de la mayoría oficialista y ese hecho, entienden, restará independencia al trabajo de los futuros administradores de la justicia.

Doria Medina y su partido impulsaron una campaña por la anulación del voto, a manera de rechazo a las políticas del gobierno, mientras el Movimiento Sin Miedo (MSM), del ex alcalde de La Paz Juan del Granado, alentó el voto por el «no».

Ambas corrientes desean capitalizar el descontento popular y traducir los votos anulados y los del «no» como desaprobación a la gestión de Morales, hoy enfrentado a los pueblos indígenas de las llanuras que rechazan la construcción de una carretera de 306 kilómetros, con un costo de 415 millones de dólares.

Según el proyecto original, El camino defendido por el gobierno partirá en dos el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que se ubica entre los departamentos de Cochabamba y Beni, en el centro de Bolivia, una zona rica en agua, flora y fauna.

El proyecto puso en cuestión la postura de Morales por la defensa de la Madre Tierra y sus políticas ambientalistas, que le valieron reconocimientos internacionales, según activistas que apoyan la marcha de los indígenas, iniciada el 15 de agosto en Trinidad, capital del norteño departamento de Beni, y que ya se encuentran a solo a 80 kilómetros de La Paz.

La caminata fue interrumpida el 25 de septiembre, cuando hacía una pausa en la población de Yucumo, a 160 kilómetros de La Paz, tras una acción policial contra indefensos habitantes de zonas tropicales. Hasta hoy se espera la identificación de los responsables de haber emitido la orden para la acción de los uniformados, censurada por su brutalidad.

«Las elecciones para los magistrados son realmente históricas y representan un gran paso para institucionalizar un régimen democrático que necesitaba una renovación y modernización que garantice una mejor administración de justicia», expresó a IPS el sociólogo e investigador Franco Gamboa.

Pero el analista observa la otra cara de la medalla y pone en tela de juicio la actitud del gobierno por «monopolizar» el proceso eleccionario con una «invasión a las atribuciones» del nuevo Órgano Electoral Plurinacional (OEP), que derivó en conflictos con la prensa por la aplicación de restricciones en las entrevistas a candidatos. Ello ha «sido negativo», comentó.

Las organizaciones periodísticas expresaron su protesta porque el Reglamento del Régimen Especial de Propaganda obliga a los medios de comunicaciones a convocar a la totalidad de candidatos, con 48 horas de anticipación, e impide que los reporteros emitan criterios a favor o en contra de algo de los postulantes.

Pocos medios difundieron entrevistas a los candidatos, mientras el propio Órgano Electoral Plurinacional se encargó de difundir mensajes escuetos con el historial de los candidatos. El conflicto del gobierno con los pueblos indígenas de tierras bajas empañó la fase previa a las elecciones, afirmó Gamboa, quien considera a la marcha de 600 kilómetros como una «reivindicación moral dentro del proceso de cambio» postulado por el presidente Morales.

El hecho de «enfrentar con violencia la marcha ha mostrado que el proceso no se orienta a las reformas políticas» mediante consultas ciudadanas, explicó.

Los pueblos indígenas de zonas tropicales demandaban el cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE), que obligaba a una consulta previa antes de la ejecución del proyecto vial. Pero ahora cambiaron su estrategia y rechazan la obra en su totalidad.

Gamboa anticipa que el domingo se observará un voto castigo de la población urbana, ahora identificada con la marcha, como un gesto de rechazo a un «partido hegemónico y su intención de ocupar espacios e imponer por la fuerza un proyecto ideológico económico, sin construir consenso».

El sociólogo Félix Patzi, ex ministro de Educación del gobierno izquierdista de Morales, admitió a IPS que la popularidad del mandatario bajó tras la represión a la marcha indígena, pero considera que guarda el apoyo de sectores populares, mineros cooperativistas, comerciantes que «no encuentran otra alternativa» política.

La lectura de Patzi señala que los simpatizantes del mandatario responsabilizan de los desaciertos al entorno gubernamental, pero mantienen un rechazo a los partidos de derecha.

El Presidente del Estado Plurinacional consiguió el miércoles 11 movilizar miles de adherentes para hacer una demostración de convocatoria. Esas manifestaciones, según Patzi, no condenaron la marcha de los pueblos indígenas y, por el contrario, rechazaron la «manipulación» existente detrás de la protesta.

Patzi anunció que el domingo se observarán manifestaciones de rechazo a las políticas del gobierno, expresadas en votos blancos y nulos, pero que en el corto plazo no incidirán en el curso de la política boliviana, porque al final se elegirán a los magistrados cualquiera sea el resultado de la votación.

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