El endurecimiento de las condiciones impuesto por el Gobierno del PP ha recortado drásticamente tanto el importe total de las prestaciones como la media por desempleado.

El dinero que el Estado español destina para atenuar la grave situación económica de los trabajadores y trabajadoras desempleados ha experimentado un recorte sustancial. Entre 2011 y 2015, pasó de 29.995,8 millones a 20.609,7 millones de euros anuales, sumando todas las prestaciones, lo que supone una caída de casi el 32%.

Ese descenso, además, no puede justificarse por la relativa mejora del mercado laboral que reflejan las estadísticas oficiales desde que el paro tocó techo en el tercer trimestre de 2013. Es verdad que ahora hay un millón y medio menos de personas sin trabajo que entonces, pero no por ello ha subido el gasto medio en desempleo.

Al contrario: aquel año, el Estado dedicó 27.027,9 millones de euros a sufragar las prestaciones; es decir, 6.418,2 millones más que en 2015. Por lo tanto, el importe medio por parado (incluyendo a los que no tenían derecho ya a ningún tipo de ayuda del Estado) cayó de 4.466 a 4.077 euros (-8,7%).

Si se tiene en cuenta toda la legislatura, el resultado es todavía peor, como evidencia el cruce de los datos de paro de la Encuesta de Población Activa (EPA) con los de prestaciones que ofrece el Ministerio de Empleo. Al cierre de 2011, el gasto medio fue de 5.984 euros anuales, un 31,9% más que en 2015.

El dinero que realmente cobran las personas desocupadas con derecho a prestación también ha bajado de manera significativa a lo largo del mandato de Mariano Rajoy, aunque el Gobierno sólo ofrece datos de la contributiva. De 852 euros brutos mensuales en 2011 (Seguridad Social aparte) se bajó a 800,4 en 2015.

A 31 de marzo, último mes del que existe información disponible, había en España 2.055.099 perceptores de alguna prestación (contributiva, asistencial, Renta Activa de Inserción y Programa de Activación para el Empleo). Al haber 4.791.400 desocupados según la EPA, la tasa de cobertura era de sólo el 42,9%.

No obstante, para calcular ese porcentaje los gobiernos suele utilizar el paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPES), que es más bajo. En tal caso, la tasa de cobertura actual se sitúa en el 53,3%, frente al 77,7% de 2011, con un retroceso de casi 25 puntos porcentuales.

El paro de larga duración ha hecho, por otra parte, que haya más perceptores de la prestación asistencial (1.053.153 en marzo de 2016) que de la contributiva (745.847). La Renta Activa de Inserción la cobran 230.784 personas y el Programa de Activación para el Empleo, puesto en marcha en febrero de 2015, tiene 25.315 beneficiarios.

De total de parados con cobertura, 1.048.354 son hombres y 1.006.745, mujeres. El mayor número de perceptores lo tiene Andalucía (560.692), seguida a gran distancia de Catalunya (273.572). Por provincias están a la cabeza Madrid (204.436) y Barcelona (198.553).

El Gobierno español, como parte de sus políticas neoliberales, ha endurecido durante su mandato las condiciones para obtener las prestaciones por desempleo; entre otras cosas, reduciendo el porcentaje de la base reguladora que se utiliza para calcularlas, so pretexto de que eso incentivaría la búsqueda de empleo.