La semana pasada, SOA Watch llamó a sus activistas a realizar llamadas a sus congresistas en EEUU para patrocinar el proyecto de Ley HR 5474 llamado por muchos “Ley Berta Cáceres” en homenaje de la líder de COPINH, asesinada el 2 de marzo pasado, y como forma concreta de impulsar acciones para terminar con los crímenes de activistas en Honduras.

El llamado, al mismo tiempo, se ha realizado en los días que se recuerda el tercer aniversario del asesinato del líder indígena Tomás García crimen donde están involucrados militares hondureños que reprimieron una protesta pacífica contra la construcción de la represa de Agua Zarca y que le costo la vida a este activista social.

Tomas García, era un líder de la comunidad y padre de siete hijos. Tomas y Berta son sólo uno más de muchos hondureños que son perseguidos y asesinados por las fuerzas de seguridad de Honduras por el simple hecho de luchar por sus derechos.

Berta Cáceres, antes de su asesinato, había sido detenida por los militares hondureños con cargos falsos en un intento por desacreditar su lucha y callarla. Cuando eso no funcionó, fue asesinada.

El mayor del Ejército Mariano Díaz – un graduado del curso de formación de fuerzas especiales, que fue creado por los Rangers del Ejército de Estados Unidos – ha sido detenido y acusado por el asesinato de Berta, lo que suscita graves preocupaciones con respecto a la cadena de mando y la implicación del ejército hondureño en acciones que violan los derechos humanos.

A tal fin, COPINH y familiares de Berta insisten en que debe haber una investigación internacional e independiente de los niveles más altos del gobierno de Honduras y de las Fuerzas Armadas para asegurar que todos los que ordenaron el asesinato sean llevados ante la justicia y procesados.

Las fuerzas de seguridad de Honduras también se han relacionado con numerosos asesinatos de pequeños agricultores de la región del Bajo Aguan en Honduras, y un reciente artículo publicado en The Guardian revela que Berta, así como líderes campesinos destacados en el Aguán, “aparecieron en una lista negra distribuida a unidades de fuerzas especiales de las fuerzas armadas de Honduras”.

Después que ella ganó el Premio Ambiental Goldman 2015, Berta Cáceres se reunió con miembros del Congreso de EEUU y les pidió que dejaran de financiar y apoyar al gobierno represivo de Honduras incluyendo a sus fuerzas de seguridad.

A mitad de junio, Tomás Gómez, de COPINH viajó a Washington para hacer lo mismo, señalando que Berta había estado en Washington un año antes para informarles de los asesinatos de Tomás García y otros activistas. Ahora era el turno de Tomas Gómez para informarles de la muerte de Berta Cáceres.

El dirigente mencionó que si el apoyo al régimen de Honduras no se detiene, otra persona tendrá que venir el año que viene con la noticia de su asesinato. Y que iban a seguir viniendo y denunciando asesinato tras asesinato de líderes indígenas y sociales en Honduras hasta que no quedara nadie.

Pocos días después, otra líder hondureña -activa opositora de un proyecto hidroeléctrico en territorio Lenca – fue asesinada. Su nombre: Lesbia Yaneth Urquía de 49 años, madre de dos hijas y un hijo, del municipio de Marcala, La Paz, Honduras.

¿Cuántas personas más deben morir para que el Congreso de EEUU deje de financiar y dar entrenamiento a las fuerzas de seguridad de Honduras?

El proyecto de Ley HR 5474 llamado por muchos “Ley Berta Cáceres” ha sido patrocinado o apoyado, hasta la semana pasada, por 24 congresistas de EEUU y busca “suspender la ayuda de Estados Unidos a la policía y a las fuerzas militares de Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los autores sean llevados ante la justicia”.

El proyecto, de ser aprobado, obligara a suspender la ayuda a Honduras mientras el departamento de estado determine y certifique “un veredicto en contra de quienes ordenaron y ejecutaron” el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016; el asesinato de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán; los asesinatos de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García el 27 de diciembre de 2015; y el atentado contra Félix Molina el 3 de mayo de 2016 y se haya “investigado y enjuiciado exitosamente a los miembros de las fuerzas militares y de la policía sobre los que pesan sospechas fundadas de haber violado a los derechos humanos”, entre otras condiciones para levantar las suspensiones y restricciones al gobierno de Honduras.