La Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo ha abierto diligencias para investigar si el exministro de Educación José Ignacio Wert se casó con su novia, Montserrat Gomendio (exsecretaria de Estado), en una finca sin licencia. La Fiscalía ha solicitado ya al Ayuntamiento de Colmenar Viejo (municipio de la sierra madrileña de 47.000 habitantes) todos los expedientes sobre licencias de actividad y de disciplinas urbanísticas de cuatro fincas que organizan bodas en esa localidad. Se trata de las fincas Valquijancho de Araceli, La Caprichosa, Tres Hermanos y La Camarga. En esta última, Wert y Gomendio se casaron el 11 de julio de 2015, con el presidente en funciones, Mariano Rajoy, de testigo.

La Fiscalía ha solicitado la documentación al consistorio a principios de agosto, según fuentes jurídicas. También ha pedido expresamente al ayuntamiento, gobernado por el PP, que certifique si la boda de Wert y Gomendio se produjo en La Camarga, situada en el kilómetro 30 de la A-1. La instalación tiene 500 hectáreas y está situada en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. La investigación, que pone en entredicho el escenario de este enlace, se centra de lleno en la figura que ofició la boda, el alcalde de Colmenar, Miguel Ángel Santamaría Novoa, que también es asesor del Centro de Asuntos Taurinos del Gobierno regional.

La Fiscalía acusa a Santamaría de «apología de la prevaricación» y solicita 3,6 años de prisión para él. A principios de marzo, el juzgado de instrucción número 3 de Colmenar Viejo procesó a 12 cargos públicos que han ocupado responsabilidades de gobierno en ese ayuntamiento. La Fiscalía había interpuesto una querella criminal al ver indicios de un delito continuado de prevaricación urbanística: el equipo municipal estuvo años dando licencias a distintos promotores, pese al incumplimiento de la normativa urbanística y de los informes técnicos y jurídicos que estaban en contra. Esta instrucción ha finalizado, pero la Fiscalía ha abierto otra relativa a las licencias de estas cuatro fincas.

En este caso concreto, la Fiscalía investiga si la Camarga llevaba varios años sin la licencia pertinente para protagonizar este tipo de eventos y siel alcalde ofició la boda sabiendo que lo hacía en una instalación sin licencia y que él mismo había ordenado clausurar. De hecho, el 27 de junio de 2013, la junta de gobierno local que presidía el propio Santamaría dictaba una «orden de cese, clausura y precinto de actividad ejercida sin licencia de funcionamiento».

El ayuntamiento tuvo que reiterar sus amenazas el 5 de junio de 2014. Tras rechazar las alegaciones de los dueños de La Camarga, ordenaba «el cese inmediato en el ejercicio de la actividad no autorizada». Si el 15 de julio de 2014 no se cumplía la orden, la Policía Local tenía orden de acudir a las cuatro de la tarde para precintar la finca. El precinto se produjo finalmente el 27 de julio. A pesar de todo ello, la pareja Wert-Gomendio pidió fecha para su enlace un año después, el 30 de junio de 2015. Pasados 11 días, se realizaba la boda, oficiada por un alcalde que sabía que La Camarga no tenía la licencia definitiva y que la finca debía estar clausurada por una orden que él mismo firmó.

Él lo reconoció en la radio

La petición de la Fiscalía solicitando al ayuntamiento que certifique si la boda del exministro se produjo en La Camarga es un mero trámite. El propio alcalde ya lo ha reconocido en varios medios de comunicación. «Yo me limité a oficiar una boda», señaló el regidor en Onda Cero. Wert, ahora embajador español ante la OCDE, y Gomendio, directora general adjunta de Educación en el mismo organismo, protagonizaron una de las bodas políticas de ese año. Su enlace matrimonial reunió ese día a casi toda la plana mayor del PP, incluido el presidente en funciones, Mariano Rajoy, y su esposa. Wert, destinado en París, acaba de ser de nuevo noticia tras conocerse que el Gobierno ha pagado 331.000 euros en el mantenimiento de la embajada donde reside y de los jardines que la rodean.

Las primeras denuncias contra la finca La Camarga se pusieron en enero de 2012

La empresa de ‘catering’ que explota la finca empezó su actividad en 2003. En febrero de 2008, la Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración (AMER) denunció ante el Ayuntamiento de Colmenar Viejo que se estaban realizando en esta finca banquetes de boda sin licencia de actividad. Hubo varias quejas al consistorio, entonces gobernado por José María de Federico (también imputado en la causa). El 15 de enero de 2012, AMER y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) pusieron la primera denuncia por la vía contencioso administrativa en el juzgado número 28 de Madrid.

Luego vino la apertura de un expediente por parte de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, tras otra denuncia realizada por un grupo de agentes forestales, que hicieron constar «la instalación de una carpa de 500 metros cuadrados desmontable, que es utilizada como salón para bodas y eventos». Los agentes denunciaron además que los propietarios de La Camarga habían colocado una puerta de acceso automatizada a la finca, obstaculizando así un camino público, el Camino de la Sacristía. La empresa defiende que solicitaron la licencia hace años, y que mientras se les concede, «la propia Administración nos dijo que tenemos derecho a plena actividad si cumplimos unos requisitos, que cumplimos: un informe medioambiental, un informe urbanístico y una declaración de responsabilidades».