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El Reino Unido se está convirtiendo en uno de los países más activos en lo que se refiere a la lucha contra la piratería, para lo que está trabajando en una nueva legislación que dicte sentencias con una pena máxima teórica de 10 años.
Hace unas semanas ya os hablamos por primera vez de esta posibilidad, aunque en aquel momento se trataba de que estas estrictas medidas se podrían llevar a cabo en casos de piratería física con la distribución y venta de CDs y DVDs piratas, es decir, que se utilizaría para usuarios pirata a gran escala. Sin embargo esta misma semana en el parlamento del Reino Unido se ha advertido de que esta nueva pena para la Ley de Economía Digital no está lo suficientemente clara para excluir a quienes comparten archivos a través de la Red, ya que podría ser extensible también a estos.
En principio la legislación actual del Reino Unido dice que los piratas de medios físicoscomo CDs y DVDs pueden ser encarcelados hasta por 10 años, sin embargo aquellos que cometen delitos «similares» en Internet, tan «solo» pueden ser encarcelados por 2 años. De hecho a lo largo de este año este proyecto de Ley ha ido evolucionando y se ha ido modificando a través de varias etapas hasta esta semana, en la que se han expuesto diversas preocupaciones por la redacción de la misma.
Pese a las afirmaciones de los parlamentarios de que estas sentencias de 10 años se dirigen únicamente a los piratas comerciales a gran escala, el texto no refleja claramente ese objetivo, por lo que se teme que en base a ella, casi cualquier infractor de contenidos con derechos de autor on-line pueda ser incluido en la misma categoría. De hecho, a este respecto se especula acerca de que si el Gobierno pretende extender la condena de los piratas en soporte físico a los usuarios on-line, es decir, los 10 años, tendrán que ser muy cuidadosos a la hora de establecer los márgenes, ya que los delitos son muy diferentes.
Hay que tener en cuenta que la venta de soportes físicos se lleva a cabo por parte de bandas criminales organizadas que persiguen el beneficio económico, mientras que compartir un fichero torrent a través de la Red con otros, es algo muy diferente. Apuntan a que en el segundo caso todo es mucho más difuso, ya que se desconoce quienes son las personas que realizan la descarga, si es que alguien descarga ese contenido en concreto. De hecho la idea inicial del proyecto de Ley no era para perseguir a las personas que comparten contenidos, sino para aquellos que obtienen beneficios económicos.
Por todo esto se está solicitando que se revise en profundidad el texto de la nueva Ley para que las duras penas derivadas de esta no afecten a aquellos para los que esta Ley no fue lanzada inicialmente.