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Las cifras hablan por sí mismas, de un lado Estados Unidos, el país con mayor población carcelaria del mundo; del otro Uruguay, donde las detenciones por posesión de drogas descienden.
En Estados Unidos, país impulsor de la llamada ‘Guerra contra las Drogas’, una política orientada a la persecución de la producción, comercio y consumo de sustancias psicoactivas, cada 25 segundos alguien es arrestado por posesión para uso personal. Es el principal motivo de detenciones del país. En total, se producen unos 1.25 millones de detenciones cada año por esta causa.
Hay cerca 137.000 hombres y mujeres tras las rejas por posesión de drogas en la nación norteña. Cada día otros miles son declarados culpables y son confinados en prisiones, o deben cumplir libertad condicional, reciben multas o deben pagar cuantiosas fianzas.
Sus antecedentes penales les limitan el acceso a puestos de trabajo, vivienda, educación, asistencia social, y provocan discriminación y estigma. Es un costo alto que pagan de forma desproporcionada las personas pobres y afrodescendientes, según el informe de Human Rights Watch, «Every 25 Seconds» (cada 25 segundos).
En la vereda de enfrente está Uruguay, un país que incluyó la perspectiva de Derechos Humanos en los asuntos de drogas y es crítico de los resultados de la aplicación de políticas prohibicionistas. «Una guerra insensata (…) con pretensión de pensamiento único. (…) Ahora, es el tiempo para la paz. Tiempo para garantizar derechos y promover salud. Tiempo para que el problema mundial de las drogas lo enfoquemos desde la mirada del desarrollo humano», subrayó la delegación uruguaya durante su intervención en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS), en abril de 2016.
Según datos de ministerio del Interior del país suramericano, en 2015 hubo 2.554 detenidos por causas relacionadas con drogas. En los primeros ocho meses del 2016 la cifra fue de 1.377.
«La estrategia de combate al narcotráfico ha cambiado. Venimos de los años 90, donde se operaba sobre menores, microtraficantes y traficantes de gran escala. Entre 2006 y 2009, el 46% de los operativos policiales por marihuana, era por menos de 10 gramos», explicó a Sputnik Diego Pieri, integrante de la ONG Proderechos, una de las organizaciones que desde 2006 impulsa una reforma en la política de drogas de Uruguay.
Hoy en este país la tenencia para consumo personal está permitida. Siguen prohibidas las actividades de compra, venta, importación y exportación. «Existe una distinción clara entre consumidor y traficante. El usuario de marihuana está dejando de ser foco de persecución y castigo de la policía y el poder judicial», afirmó Pieri.
Sin embargo no se terminaron los problemas. Según el experto ahora la estrategia se concentró en el microtráfico. Para él eso es un grave error porque de esta forma no se toca la estructura del narcotráfico. «Con esta medida aumentaron las detenciones de madres solteras que están sometidas al poder de los narcos en los barrios y, como forma de sustento, terminan vendiendo drogas. Estas mujeres terminan presas y sus hijos o institucionalizados o con algún familiar», explicó Pieri. Según el miembro de la ONG, estas medidas responden a intereses inmediatos e intentan demostrar actividad contra el narcotráfico. «Habría que buscar alternativas no punibles para trabajar con esas situaciones», concluyó.