El Estado se dispone a empezar a hacerse cargo a partir de febrero de las autopistas de peaje quebradas cuando eran gestionadas por constructoras (ACS, Abertis, FCC…), y que ahora están en su mayoría en manos de “fondos buitre”. Según los cálculos que manejan hasta el momento las partes, el erario público asumirá en todo este proceso unas pérdidas de entre 2.000 millones (lo que espera el Estado según las estimaciones que envió a Bruselas) y 4.500 (lo que calculan los acreedores) en concepto de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (RPA).

No obstante, el Gobierno espera recuperar entre 700 y 1.000 millones cuando vuelva a sacar a concurso las autopistas quebradas a final de este mismo año, según fuentes del Ministerio de Fomento. Además, como el tráfico se está recuperando, aún podría intentar rebajar lo que considera que debe pagar en concepto de RPA, según las fuentes. Si los acreedores no aceptan los cálculos del Ejecutivo (han dicho que están dispuestos a pleitear y por el momento no se ha llegado a un acuerdo) serán los jueces los que decidan la cantidad, y el proceso podría prolongarse.

Pero de cumplirse los pronósticos iniciales (incluidos en el plan de estabilidad remitido a la Comisión Europea en octubre) en el mejor de los casos las pérdidas de fondos públicos serán de 1.000 millones de euros y en el peor de 3.800, siempre que se reste lo que se espera reingresar. En principio, salvo decisión judicial, el pago a los acreedores se produciría como máximo a los seis meses desde que la autopista pase a manos del Estado (entre febrero y marzo). Al Gobierno le interesa retrasar al máximo el proceso, porque de este modo se reducirá la factura.

Unidos Podemos ha anunciado este jueves que pedirá la comparecencia del ministro de Fomento para que dé explicaciones sobre el rescate  mientras que el PSOE a través del  portavoz de Fomento en el Congreso, César Ramos, ha anunciado que exigiran que “en las nuevas licitaciones” se contemplen garantías para “mejorar la movilidad en los zonas de influencia de estas autopistas”.  

La primera en revertir a la empresa pública Seittsa (Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres) será la R-4 Madrid-Ocaña, en febrero. El rescate continuará en marzo para la mayoría de las vías, esto es, las otras tres radiales de Madrid (R-2, R-3 y R-5), la M-12 que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.

La última vía que se rescatará y será asumida por la Administración será así la AP-41 Madrid-Toledo, según indicaron las mismas fuentes, que atribuyen estos plazos temporales al distinto ritmo de resolución que siguen los respectivos procesos de concurso de acreedores en que están inmersas, informa Europa Press. Seittsa se subrogará a los 700 trabajadores contratados en la actualidad en estas vías.

El Ministerio finalmente ha decidido relicitar las autopistas en dos lotes, uno con las dos vías del Levante, esto es la Circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera , y el otro con el resto.

La intención es que mantengan su titularidad pública durante este año, hasta que en diciembre de 2018 vuelvan a ser sacadas a concurso. Fomento se resiste a calcular una cifra final de pérdidas, porque aseguran que el tráfico se está recuperando y que al fin y al cabo acabarán por volver a manos del Estado cuando pasen 25 años desde su nueva licitación.

El ministro Íñigo de la Serna es el que se ha terminado haciendo cargo de esta patata caliente. El Gobierno de José María Aznar, allá por el cambio de milenio, firmó en cada contrato de licitación una cláusula (RPA) por la que éstas adquieren una obligación de reparar o de responder por las pérdidas de las empresas implicadas.

En 2013,  el tráfico de las radiales había caído un 48% desde su momento máximo en 2007 y todas estaban en quiebra. La última fue la R-2 que va de Madrid a Guadalajara. El Gobierno impulsor de su construcción y conexión, justificó la obra con perspectivas muy altas de tráfico que no se cumplieron.

A esto se sumaron varios casos en que hubo que pagar más dinero que el presupuestado para expropiar algunos terrenos y que se produjeron sobrecostes en las obras. Los sobrecostes en las radiales de Madrid oscilan entre el 15% de la R-3 y el 31% de la R-2. Se pretendía pagar a los propietarios con coste de terreno expropiado, pero el Tribunal Supremo obligó a que se pagase a precios de mercado en plena burbuja del suelo.

Con estas salvaguardas, no es extraño que acudieran a las licitaciones para construir y optar a la concesión de las autopistas un gran número de constructoras como Acciona, ACS, Abertis, Cintra, Sacyr, FCC, Ferrovial, OHL o Globalvía. En principio, nada les impide volver a acudir a la licitación de diciembre, según las citadas fuentes.

http://iniciativadebate.net/2018/01/18/el-gobierno-rescatara-en-febrero-mas-autopistas-de-peaje-haciendonos-asumir-un-coste-minimo-de-2-000-millones/