En 2014, cuando el Partido Bharatiya Janata (BJP) ascendió al poder en India, lo hizo con la promesa de dirigir un gobierno abierto responsable ante sus ciudadanos que eliminaría la corrupción. Pero casi cinco años después, y con una elección que se realizará entre marzo y mayo, el historial del gobierno de Narendra Modi en cuanto a defender el derecho de los ciudadanos a la información ha generado dudas sobre su compromiso con la responsabilidad.

Los antecesores del BJP, el gobierno de la Alianza Progresista Unida (UPA), liderado por el partido del Congreso Nacional Indio, fueron fundamentales para aprobar la ley de Derecho a la Información (RTI) en 2005 . Su objetivo era deshacer la cultura de secreto burocrático fomentada por la Ley de Secretos Oficiales de la colonia de 1923.

Por primera vez, la ley obligó a los departamentos gubernamentales a proporcionar información oficial en forma de registros o documentos a los ciudadanos cuando se realizaron solicitudes específicas. Esto ayudó a exponer la corrupción en el gobierno, ya que las autoridades estatales ya no podían ocultar información sobre la forma en que tomaban decisiones o gastaban el dinero de los contribuyentes. Las exposiciones contribuyeron a la caída política del gobierno de la UPA en las elecciones de 2014.

Sin embargo, desde que se aprobó la ley de RTI, los gobiernos sucesivos han tratado de suprimirla de una forma u otra. En los últimos años, las autoridades públicas afiliadas al gobierno central han negado información a los ciudadanos bajo la ley en asuntos de interés público vital.

Solicitudes bloqueadas

Tomemos, por ejemplo, el caso de la desmonetización, en el que el gobierno retiró de la circulación los billetes en moneda de alto valor en 2016. Dijo que el movimiento tenía como objetivo erradicar los billetes en moneda falsos que circulan en la economía, pero la desmonetización llevó a una grave crisis de efectivo. Eso tuvo efectos en espiral sobre el empleo y el crecimiento económico .

Cuando los ciudadanos presentaron recursos de RTI ante el Banco de Reserva de la India (RBI) sobre la desmonetización, se les negó información sobre una serie de consultas de quienes habían sido consultados , a las razones detrás de la mudanza.y el costo incurrido al desechar las notas prohibidas. El banco central se refugió en virtud de la cláusula de exención de la ley, que establece que se pueden solicitar exenciones para obtener información si la divulgación: “afecte negativamente a la soberanía e integridad de la India, la seguridad, los intereses estratégicos, científicos o económicos del estado, la relación con extranjeros Estado o conducir a la incitación de un delito «. Si bien depende del funcionario de información pública de cada institución decidir las exenciones, estas decisiones pueden apelarse ante la Comisión Central de Información (CIC), que resuelve las disputas por la información.

Pero tal denegación de información equivale a que no se aclare una decisión controvertida que afectó en gran medida las vidas de los ciudadanos comunes. Ni siquiera está claro si realmente se logró la desmonetización motivo de eliminar las notas falsas .

Otro caso importante en curso de denegación de información se refiere a una lista de impagos intencionados del préstamo que tiene el RBI. Esto ocurrió en un momento en que el gobierno indio ha estado luchando para extraditar a los hombres de negocios que huyeron del país después de incumplir con los pagos de miles de millones de dólares en préstamos bancarios. Después de que el CIC ordenó al RBI que divulgara información sobre los impagos del préstamo, el banco central acudió a los tribunales a mediados de diciembrepara obtener una orden de suspensión, negando la liberación.

La Corte Suprema de la India ya había retirado el RBI en 2015 por su «política de divulgación» interna, que violaba las disposiciones de la ley RTI. El tribunal falló a favor de hacer revelaciones, pero el banco central ha continuado negando solicitudes de información sobre asuntos de interés público vital.

En 2017, la Fuerza Aérea de la India también rechazó una solicitud de RTI y se negó a divulgar información crucial relacionada con el precio de un acuerdo para 36 aeronaves Rafale finalizadas entre India y Francia, que en la actualidad se ha convertido en un escándalo de corrupción .

Otra controversia se refiere a las calificaciones educativas del primer ministro. En 2015, cuando Neeraj Sharma, un profesional de TI de Delhi, trató de verificar los resultados de la licenciatura de Modi en 1968 en la Universidad de Delhi, mencionados en su declaración jurada de elección, la información fue denegada expresamente. Cuando el CIC ordenó a la universidad divulgar la información, la universidad acudió a la corte superior para exigir una suspensión de la orden de divulgación.

La universidad confirmó públicamente que el título de Modi era auténtico, pero aún se niega a hacer que los detalles sean accesibles bajo la RTI. El caso legal se prolonga , y la próxima audiencia se realizará a principios de 2019. Las solicitudes de divulgación de los detalles del grado de maestría del primer ministro de la Universidad de Gujarat tambiénfueron denegadas bajo la ley RTI.

En noviembre de 2016, la Corte Suprema confirmó el derecho de los ciudadanos a conocer los antecedentes educativos de las personas que participaron en las encuestas y sostuvo que la elección de quienes se encuentran en sus declaraciones juradas podría ser anulada.

Diluyendo la ley

Además de negar información, el gobierno de BJP también ha propuesto enmiendas a la ley RTI, en las cuales el gobierno central busca controlar los sueldos y tenencias de los comisionados de información. El efecto sería erosionar la independencia de las comisiones de información a nivel nacional y en los estados de la India. Son las comisiones de información, que están dotadas de poderes similares a los de un tribunal para juzgar las apelaciones de información denegadas por los departamentos gubernamentales, las que realmente ponen en evidencia a la ley.

Desde que asumió el cargo en 2014, el gobierno del BJP ha retrasado los nombramientos cruciales para el CIC a medida que surgían las vacantes y, cuando se acercaba el final de 2018, ocho de los 11 puestos para comisionado de información estaban vacantes. Después de que los activistas acudieron a la Corte Suprema para exigir nombramientos rápidos para la comisión, a fines de diciembre, el gobierno anunció el nombramiento de un nuevo comisionado jefe de información y cuatro nuevos comisionados de información. Mientras los activistas de RTI consideraron esto como una pequeña victoria después de meses de protestas, el gobierno se ha negado a divulgar información sobre el proceso adoptado para examinar a los solicitantes para el puesto.

En la actualidad, hay más de 26,000 apelaciones de información pendientes ante la comisión, lo que retrasa la disponibilidad de información para miles de ciudadanos que utilizan el RTI. El gobierno también ha arrastrado a los comisionados de información a los tribunales. Este es un caso claro de intimidación de los comisionados con el objetivo de desalentarlos de ordenar la divulgación de información que el gobierno considere inconveniente.

En 2005, cuando India aprobó la ley RTI, fue anunciada como un movimiento revolucionario para capacitar a las personas para que rindan cuentas a los que están en el poder. Pero esa tarea ha sido más fácil decirlo que hacerlo. A medida que India espera otra batalla electoral más adelante en 2019, el gobierno titular claramente no ha cumplido su promesa de responsabilidad.

https://theconversation.com/india-government-continues-to-suppress-citizens-right-to-information-ahead-of-election-108225