Una de las cuestiones a resolver tras la derogación del Estado de Alarma rotaba en torno al confinamiento. ¿Qué sucedería si, como estaba previsto, surgieran nuevos brotes en determinados puntos del país? ¿Se podía confinar parcialmente a determinadas comarcas o provincias sin que mediaran medidas excepcionales? Parte de la oposición y de los gobiernos autonómicos asumieron y defendieron que sí.

En Cataluña, el domingo, la Generalitat lo puso en práctica. Gran parte de Lleida quedaría confinada en su domicilio. O esa era la idea.

Paralizado. Horas antes de que la medida entrara en vigor, a las 00:00 del lunes, juez de instrucción número 1 de Lleida la anulaba. Lo hacía tras un recurso presentado por la fiscalía provincial. El confinamiento decretado por el gobierno catalán, afirmaba el auto, pisaba un terreno resbaladizo. La restricción de movimientos era una «competencia estatal» ejercida «con la garantía de intervención del Congreso».

Un gobierno autonómico tendría la capacidad de «solicitar» la declaración del estado de alarma. Pero no de restringir la libertad de circulación de sus ciudadanos tal y como se hizo en primavera.

Argumentos. Son muy ilustrativos de la naturaleza del problema. A la ausencia de competencias en la materia, la juez añade otro escollo insalvable: la proporcionalidad de la medida. Del auto:

Las medidas pretendidas no solo no son proporcionales sino que se basan en datos y expresiones genéricas que hacen que una medida tan gravosa y restrictiva resulte indiscriminada a la par que desproporcionada, no habiéndose identificado ni subjetiva ni limitado temporalmente la actuación administrativa pretendida.

¿Qué quiere decir esto? Que ante la ausencia de medidas excepcionales habilitadas por el Congreso, como el Estado de Alarma, no existen herramientas legales para privar de un derecho fundamental indiscriminadamente. Propone en su lugar una «individualización del confinamiento domiciliario respecto a las personas detectadas y una recomendación de confinamiento», todo ello bajo la Ley de Protección Civil catalana. Pero nada de cuarentenas masivas.

Tendencia. Esto último, junto a leyes como la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, permitirían confinar a personas que hayan dado positivo o que estén en vigilancia por las autoridades sanitarias, dada su proximidad a los enfermos. Desde el fin del Estado de Alarma, la cuestión rotaba en torno a la capacidad de las autonomías de extender cuarentenas muy específicas a comarcas y provincias enteras.

La primera respuesta que tenemos es negativa. Y ahonda en una cuestión, la de la extensión discutible del Estado de Alarma y la privación de la libertad de movimientos a todos los ciudadanos, discutida desde su aprobación.

Seguridad vs. derechos. La resolución de la juez también redunda en un dilema que las autoridades y la población española afrontan, a priori, sin que medie una solución perfecta. ¿Pesan más los derechos individuales o la prevención sanitaria? Es una dicotomía expresada a la perfección en las elecciones de ayer, cuando los gobiernos gallego y vasco privaron de su voto a personas que hubieran dado positivo por coronavirus.

La legalidad de la resolución es más que incierta, por más que su efectividad esté fuera de toda duda. Si la decisión de Lleida sienta precedente, las autoridades podrían perder la única herramienta efectiva para atajar los brotes. El confinamiento masivo de la población.

Y ahora qué. La Generalitat tiene 15 días para recurrir el auto. Por el momento, los ciudadanos de Lleida y otros siete municipios del Baix Segre no tendrán que quedarse en casa con la excepción de «actividades esenciales», el escenario que toda España vivió entre marzo y abril. El brote ya es masivo y un confinamiento perimetral ha detenido los contagios, pero no ha sido suficiente para atajar la transmisión comunitaria.

Por el momento, Torra ha anunciado que hará caso omiso de la decisión judicial, dado que «no podemos encallarnos en un conflicto competencial». Se abre así un periodo de incertidumbre. En teoría, los vecinos de la zona podrán salir de casa y relacionarse con otros, en contra de los deseos del Govern. Y entre tanto, los gobiernos autonómicos tendrán que buscar fórmulas más imaginativas para detener las transmisiones.

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