Los precios de la energía se disparan y con ellos se dispara la inflación. Todo sube y los salarios no alcanzan. La energía, que lo mueve todo, se hace presente en el ritmo de producción de la industria, en los intercambios comerciales, en las facturas eléctricas. Los precios de la energía se disparan y lo que, hasta hace unos meses, era una parcela de conocimiento reservada a unos pocos capaces de invertir tiempo y esfuerzo en asimilar un terreno deliberadamente complejo y retorcido, ahora es tema de conversación en la fila del súper. Los precios de la energía se disparan, con ellos se dispara la indignación y las demandas de las familias trabajadoras y de los sectores de la economía que ven cómo esa escalada impacta en su día a día.
Hoy es obvio que esta burbuja de precios se agudiza por la guerra en Ucrania. Casi desde el primer instante hubo voces que nos advirtieron del efecto que podía tener un conflicto de estas características sobre la vida y la economía en Europa. No faltó quien nos sugiriera con escasa sensibilidad que bajásemos el termostato de nuestros hogares. Pero lo cierto es que la guerra nos encuentra con problemas previos. Se suma a un aumento de precios que ya vivíamos como consecuencia de un fenómeno asociado a la crisis ecosocial: la escasez de fuentes de energía fósil. Y a un modelo de fijación de precios fallido: el mercado marginalista.
Grosso modo podríamos decir que estamos a merced de un modelo que se ha diseñado para garantizar que los oligopolios energéticos hagan caja a costa de los bolsillos de las familias, con un bien que debería ser público puesto que garantiza un derecho, todo ello sin hacerse cargo de su responsabilidad ambiental. Un modelo -marginalista- basado en complejas fórmulas, que hace que el precio de la energía lo determine la tecnología más cara, la del gas, y que se nos cobre cualquier otro tipo de energía al mismo precio. Por ello, al aumentar el precio del gas, aunque una buena parte de nuestra energía sea de origen solar, eólica o hidráulica, se nos seguirá cobrando al precio más caro, al precio del gas. En consecuencia, el debate sobre una menor dependencia del gas ruso es un debate tramposo mientras no nos planteemos una reforma del mercado marginalista: son nuestras reglas las que permiten el chantaje de Putin. Sin duda, quienes dirigen la política energética en la UE saben que con una sola gota de gas ruso que entre, automáticamente todo el sistema queda contaminado por el precio que Putin ponga desde su despacho.
Del mismo modo, las reglas del juego impuestas por este modelo han permitido que el oligopolio eléctrico en nuestro país haya cuadriplicado sus beneficios en 2021. Otras similares permiten un precio disparatado del litro de gasolina aunque el barril de petróleo no se haya encarecido más que épocas precedentes. Una burbuja especulativa en toda regla.
Por eso, el problema aquí no es qué hacer, si no si hay valor para hacer lo que el sentido común demanda en esta situación. Si nos conformamos con soluciones coyunturales y parciales que cargan todo el peso de la crisis sobre el estado, sobre lo común, o si en un momento extraordinario como este apostamos por limitar el beneficio de las grandes multinacionales y de paso cambiamos algunas de las reglas del juego.
De momento la UE apuesta por reformas parciales que tratan de salvar las cuentas de resultados de las multinacionales. Será difícil que los precios bajen a pesar de una sustitución de parte del gas ruso, no olvidemos que el gas licuado procedente del fracking además de muy contaminante e insuficiente, es muy caro. Otras voces hablan de topar precios o desacoplar el gas de forma transitoria. Otras insisten en la bajada de impuestos, pero todas ellas evitan propuestas de alcance que den una solución duradera y justa.
Por eso desde la izquierda hacemos nuestras las demandas de las familias y los sectores afectados, de quienes se juegan su puesto de trabajo como consecuencia de esta situación. Y señalamos con humildad, pero con firmeza, algunas medidas inmediatas que pueden aliviar la situación de las familias. Rebajar impuestos sobre la energía (con criterios de eficiencia energética), pero gravando los beneficios extraordinarios de quienes han multiplicado sus beneficios de forma obscena a costa del bolsillo de las familias. Seguir apostando por una empresa pública de energía que pueda gestionar de forma directa las concesiones hidroeléctricas y establecer contratos bilaterales de energía con la gran industria, reformar el bono social en nuestro país para dar cobertura real a las familias más vulnerables. Hacer una auditoría de los costes de producción de la energía para saber cuál es el margen de manipulación de precios del oligopolio. Intervenir el precio de la energía, tal y como avalan las directivas europeas, pero no a 180€/MWh, sino a precios verdaderamente asequibles y que en todo caso se ajusten a los costes reales de generación y no al coste de oportunidad de los propietarios de las centrales de producción. Y desacoplar el precio del gas del sistema de fijación de precios, no sólo durante este episodio, sino de forma permanente.
Mientras todo eso sucede, reformar el mercado marginalista y poner una buena parte de los Fondos de recuperación para reforzar nuestra soberanía energética impulsando una red descentralizada de energías renovables, que sea justa y pública.