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El gobierno PSOE-UP, coincidiendo con las propuestas patronales, propone un incremento salarial del 3’5% para el 2023, cuando el IPC aumentaría alrededor de un 5%. Para este año 2022, además, los trabajadores del sector público ya habrán perdido en torno a un 6% a final de año.

El gobierno de PSOE y UP, autocalificado como ‘el más progresista de la historia’, vuelve a mostrar su verdadero rostro, esta vez en relación a la subida salarial de los empleados públicos. En plena espiral inflacionaria (en agosto el IPC alcanzó los 10’5 puntos), el Ministerio de Hacienda baraja una subida salarial para los empleados públicos del 3,5% para 2023, según han avanzado algunos medios como El País o el Periódico.

Ese sería el punto de partida de las negociaciones iniciadas este miércoles para tratar de acordar los aumentos salariales de los funcionarios y el resto de los trabajadores del sector público para los próximos años. Un incremento que afectará en torno a 3,4 millones de trabajadores. Por parte sindical, participarán CCOO, UGT y CSIF. A este respecto hay que recordar que, en caso de no haber acuerdo. el gobierno puede imponer unilateralmente su criterio vía Prespuestos Generales del Estado, tal es el supuesto derecho a la ‘negociación colectiva‘ para los empleados públicos.

Si tomamos, sin embargo, la previsión de inflación de distintas fuentes económicas para el 2022, el IPC habrá crecido a finales de año en torno a un 8%, mientras que el aumento de los salarios para este año fue del 2%, por lo que que la pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores del sector público rondará el 6% ya que no se disponen de cláusula de revisión salarial para la actualización de sus salarios.

En este escenario, las organizacione sindicales dan por hecha la pérdida salarial para este año y se plantean, según las mismas fuentes, pactar un acuerdo a 3 años en el que pretenderían un aumento en torno al 9 o 10% en todo el período. Los números son claros: este año los empleados públicos habrán perdido un 6%; en 2023, volverán a perder como mínimo 1’5 puntos más (el gobierno propone un aumento del 3’5% cuando la previsión de inflación de varios organismos internacionales hablan de alrededor del 5% para el 2023).

Por otra parte, curiosamente la cifra del 3,5% que propone el gobierno es la misma que la organización patronal CEOE afirmó estar dispuesta a aceptar en la negociación de un pacto salarial global con los sindicatos. Al respecto hay que tener en cuenta que el incremento retributivo del sector público suele ser la guía los trabajadores del sector privado.

En este contexto, parece evidente que el blindaje de los salarios frente a cualquier patronal, sea esta privada o pública, no puede ser otro que la conquista de una claúsula de revisión salarial que actualice los salarios según el IPC. Pero esta reivindicación choca frontalmente con la política conciliadora y desmovilizadora de las direcciones de unos sindicatos que a quienes verdaderamente representan es a los intereses de sus acomodados y bien financiados aparatos. Remover ese obstáculo, por titánica que pueda parecer la tarea, es imprescindible si la clase trabajadora no quiere seguir pagando en sus condiciones de trabajo y de vida los descalabros que ocasionan el sistema y sus agentes. La movilización estatal del próximo 15 de octubre, impulsada por el movimiento de pensionistas y apoyada por el sindicalismo alternativo bajo el lema central ‘Por la subida de pensiones y salarios con el IPC real’, es sin duda un punto de apoyo importante en ese camino.