Tener un arma en España ha pasado de ser un tabú a una realidad imparable. El agitado cóctel social que asola a la nación estos últimos años ha empujado a miles de ciudadanos a hacerse con una licencia por la vía legítima, una opción que palia, y de qué forma, una de las grandes preocupaciones actuales de la sociedad española, como es la okupación.

Si algo ha representado a la España post transición de cara a Europa y al mundo, son los bajos índices de criminalidad que hay. Es un país de calles seguras, tanto de día como de noche, en la línea de la totalidad de la Unión Europea, y en las antípodas de otros continentes como América. Aunque esta percepción generalizada no ha cambiado demasiado, hay ciertos elementos a tener en cuenta y que han hecho a muchos españoles cruzar la línea de la autoprotección.

Según datos que desprende el Ministerio del Interior, el número de licencias y autorizaciones concedidas en España para tenencia y uso de armas de fuego durante el 2022 aumentó un 38% con respecto al año anterior. De entre todas las armas disponibles, las más solicitadas son las llamadas armas cortas o de mano, entre las que se incluyen pistolas y revólveres. Estas, entregadas a particulares, han aumentado en 3.000 las licencias solicitadas, lo que supone un incremento del 53%, llegando a haber en circulación (todo en orden y como manda la ley) ahora mismo más de 8.900 armas de este tipo.

La ley vigente no permite portar, tener o poseer armas de fuego sin la correspondiente licencia expedida por las autoridades, un arduo trabajo que recae sobre la Guardia Civil. Esta postura tan firme ha hecho que estemos lejos de la histeria colectiva que domina otros países como Estados Unidos o Canadá. Los estadounidenses lideran este apático ranking con 120 armas por cada 100 habitantes, lo que lleva a que haya más millones de armas que de personas en el país. Una locura. Destacan otro ramillete de naciones como Yemen (segunda del ranking), Serbia, Montenegro, Islandia o Suiza.

Actualmente, existen cinco tipos diferentes de licencias en España, que van desde actividades como vigilancia, caza, tiro deportivo o uso particular. El acceso a ellas requiere de conocimientos y aptitudes físicas y psíquicas adecuadas. Pero, ¿qué ha llevado a los españoles a abrazar este estilo de vida tan típicamente yanqui? La respuesta es clara, concisa y duele, pero hay que ponerla sobre la mesa: la okupación.

Solución contra la okupación

El fenómeno okupa lleva años provocando en España tremendos quebraderos de cabeza a los españoles, especialmente a dueños de segundas viviendas que las tengan alquiladas o semi abandonadas en meses de invierno. La indefensión a la que están sometidos es muy preocupante, así como el desentendimiento por parte del Estado. No hay instituciones ni cuerpos de seguridad que velen, ni se plantean reformas legales o movimientos que vayan a paliar esta lacra social tan extendida.

Regiones como Madrid o Andalucía han visto descender ligeramente las cifras de okupaciones en 2022, pero Comunidad Valenciana o Extremadura han sufrido un aumento del 23,66% y un 5,43%, respectivamente, guarismos que compartió el Ministerio de Interior. El premio gordo se lo sigue llevando Cataluña, que en los primeros siete meses de 2022 registró 4.639 casos, más de un 40% del total de España. Por tanto, y pese a las voces discordantes, el problema es real y persistente.

Sin embargo, en medio del vacío legal ha nacido una solución inesperada, pero legalmente amparada, que ha puesto freno, y de qué forma, a estas invasiones. Según recoge el Ministerio de Interior en la página web de la Guardia Civil, «las personas que hagan uso de las armas deberán estar en todo momento en condiciones de controlarlas. En la presencia o proximidad de otras personas deberán actuar con la diligencia y precauciones necesarias, y comportarse de forma que no puedan causar peligro, daños, perjuicios o molestias a terceras personas o a sus bienes».

Por ello, contar con estos permisos se ha convertido en un as bajo la manga que está jugando muchas malas pasadas a los okupas. El deber de los poseedores es tener, en todo momento, las armas bajo control de terceras personas y/o circunstancias inesperadas. Por ello, cuando un ciudadano que cuenta con esta licencia ve okupada su casa, el hecho de comunicarlo a la Guardia Civil les autoriza de inmediato a entrar en el domicilio invadido, y desalojar a esos individuos que, potencialmente, puedan hacer un uso incorrecto o indebido de una pistola bajo la custodia estatal.

Es evidente que hay un claro cambio en el modo de actuar y de vivir de muchos españoles. La tendencia ha virado hacia una beligerancia de espera, una táctica pacifica, pero vigilante en la que prima más pedir perdón que lamentarse. Siguen siendo cifras muy bajas, pero el germen de una revolución de la seguridad está ahí. Ya en 2021 se concedieron 100.000 licencias más que en los tres años anteriores. Mientras tanto, el Gobierno sigue haciendo caso omiso a una de las mayores inquietudes. Solo se tienen a ellos mismos.

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