«En nuestra región, la pobreza es un último que afecta a una de cada tres personas, privándonos del bienestar al que tenemos derecho y alejando de nosotras las oportunidades de tener una vida digna». Son palabras de Oksana, usuaria de la Fundación Ceres, en el marco de la conmemoración del Día de la Internacional para la Erradicación de la Pobreza en Castilla-La Mancha.
Fue una de las participantes, junto a Juan, Dani, Michel, Soledad y Pablo, en el acto de «audiencia pública» organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Toledo, como parte del Grupo. de Participación que acoge a decenas de organizaciones de la región. Todas ellas trabajan con personas que se encuentran en situación de pobreza, o de riesgo de exclusión social.
Juan fue otro de los participantes. Procede de la Asociación Sociocultural Aurelio de León de Talavera de la Reina. Es ingeniero y parado de larga duración. En su testimonio leyó en voz alta el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar». Y dejé una advertencia. «Esto es algo que no se cumple. En España no se cumplen los derechos humanos y no se habla de ello», resaltaba.
Adolfo Patón, director de EAPN, insistía en la necesidad de tener que luchar contra el «terraplanismo» de la pobreza. Todos asentían durante la sesión. «La ciudadanía no es consciente de la cantidad de personas que están en una situación de indignidad, viviendo indignamente. Se nos ha acostumbrado a vernos como porcentajes. Hay 640.000 personas viviendo en pobreza, en riesgo de pobreza o de exclusión social y se nos debería caer la cara de vergüenza de que no pase nada y no hagamos por buscar soluciones”, comentaba Juan.
«A día de hoy, en el siglo XXI, cuando hay cada vez más pobreza, vemos que la gente que sí tiene dinero no es capaz de decir: mira, tenemos que ayudar a estas personas'», lamentaba Soledad, también usuaria de la Fundación Seres. «Lo que pasa es que creemos que una persona pobre es un niño africano con una tripa así muriéndose y no saben que en España hay muchos trabajadores y trabajadoras cuyos salarios son de miseria», añadía Juan.
Pablo forma parte de la Asociación ‘Entre todos’ y que resaltaba «los precios excesivos» de la cesta de la compra de las familias. «Sobre todo en los alimentos de primera necesidad. Tendría que ser al contrario», explicaba. «Todo ha subido demasiado y eso provoca que las personas con un sueldo más bajo, al final, tengan que irse a la comida más barata. Son decisiones que a la larga nos hacen daño».
«Lo que ocurre finalmente es que el sistema no funciona bien. Nosotros no queremos sobrevivir, queremos vivir bien», reflexionaba Oksana, que reivindicó de manera pública la «igualdad, la justicia y la dignidad de toda la ciudadanía que vive en nuestra región» .
Michel es mediador cultural en la asociación Movimiento por la Paz de Ciudad Real y también es parte de los Grupos de participación de EAPN. Señala que lo que se puso sobre la mesa durante las jornadas en el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza es el «fruto de un trabajo tremendísimo que hemos ido haciendo, recopilando datos de nuestra vida diaria». La conclusión a la que llegaron, entre otras, «es que tampoco se puede dejar de lado a las personas migrantes».
«Tenemos que crear espacios de encuentro y mecanismos de diálogo para mejorar las condiciones de vida para quienes viven en situación de vulnerabilidad, exclusión social o incluso en las dos», resalta.
Pero también explica que no sólo hace falta con las ayudas. «Lo que necesitamos es que se aporte un plus a la hora de construir y desarrollar un mundo mejor para todos», reflexionaba Michel.
«El futuro de Castilla-La Mancha no van a ser siempre las ayudas de la administración pública, necesitamos que haya personas que puedan responder, con un empleo y un salario digno. Esto nos ayudará a construir una Castilla-La Mancha tan bonita y que Queremos tanto”, concluyó. Pero mientras tanto, también lamentaba que hay gente «obligada» a trabajar en negro» o mujeres víctimas de violencia de género que sólo cuentan con un ingreso mínimo vital para poder sacar adelante un hogar.
«El ingreso mínimo vital no cumple con el requisito de sacar a las personas de la pobreza, si sólo se llega a pagar la hipoteca y la luz», concluyó el mediador. «¿Sabemos que hay soluciones, pero y quién las hace? ¿Quién se hace cargo?», preguntaba por su parte Dani, de Fundación Ceres. «Las palabras son bonitas, los aplausos generan alegría, pero sigue habiendo más de 600.000 personas que viven de forma obligada una vida indigna. Nadie quiere vivir en la pobreza, pero las condiciones materiales nos obligan a ello y no se toman soluciones reales y que se aplican», señalaba Juan.
«Imagina que hay gente a la que se le obliga a devolver el Ingreso Mínimo Vital. Pero que están en la pobreza. ¿Cómo pretende que devuelvan dinero?», lamentaba el ingeniero.
Las propuestas que se realizaron en la audiencia pública estaban enfocadas principalmente a cuestiones como la vivienda o la pobreza energética. La vivienda, que en el artículo 25 que leía Juan se menciona explícitamente, junto a la alimentación, el vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
Piden aumentar y gestionar el parque público de vivienda, ayudas para tramitar el código de buenas prácticas bancarias o crear ayudas del alquiler para personas perceptoras del ingreso mínimo vital y pensiones bajas «con una fórmula de pago ágil y con poca burocracia». En cuanto a la pobreza energética, las propuestas pasan por bonificar el precio de los combustibles o pagar el bono térmico en invierno para «que podamos habitar nuestras viviendas».
Igualmente, reclamarán recuperar el Ingreso Mínimo de Solidaridad autonómico como garantía de rentas y complemento al Ingreso Mínimo Vital que otorga el Estado, fijar precios máximos para los productos básicos de primera necesidad o incrementar la cantidad económica de las ayudas de emergencia en la categoría de alimentación. y vestido para ajustarlas a la creciente inflación del país.
En la audiencia pública también participó el director general de Acción Social de Castilla-La Mancha, Santiago Vera. «Es fundamental que seamos como un cuerpo para luchar contra la desigualdad», resaltaba en su intervención.
Por su parte, Adolfo Patón, presidente de EAPN Castilla La Mancha, anunció a todos los dirigentes políticos presentes en la sala donde se celebró el acto así como a los tres grupos políticos con representación en las Cortes regionales. «Ya no es época de elecciones. Ahora hay que sumergirse en el trabajo. Y necesitamos un pacto, no un papel firmado», recalcaba.
«Es muy viable encontrarnos aquí a cuatro años en un horizonte con muy pocas situaciones de pobreza severa. Y soy ambicioso», concluyó.
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/social/lucha-pobreza-nadie-quiere-ver-no-cumplen-derechos-humanos-no-habla_1_10611349.html
Los ocho atropellos que cometerá el TC avalando el impuesto a las grandes fortunas
El Tribunal Constitucional (TC) verá este martes el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas y todo apunta a que terminará avalando su legalidad.
La decisión del órgano que preside Cándido Conde-Pumpido no sólo permitirá mantener este impuesto, que también ha sido recurrido por Galicia, Murcia o Andalucía, sino que podría allanar el camino para validar, igualmente, el impuesto extraordinario a bancos y energéticas, cuya aprobación también ha sido denunciada ante los tribunales por las empresas afectadas.
El llamado «impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas», aprobado para los años 2023 y 2024, afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros, y no es ni más ni menos que una copia idéntica del Impuesto de Patrimonio que el Estado cedió en su día a las comunidades autónomas.
El Gobierno lo reintrodujo a nivel estatal con el único objetivo de castigar a las regiones que, en el ejercicio de sus competencias, optaron por eliminarlo o bien rebajarlo de forma sustancial mediante bonificaciones. Madrid fue la primera en eliminar este impuesto hace 14 años. No en vano, los contribuyentes sólo tienen que pagar el impuesto a las grandes fortunas en caso de que las comunidades hayan bonificado el impuesto de Patrimonio.
El proyecto de sentencia que ha elaborado el TC apoya que el Estado pueda restablecer un impuesto que ya existe, gravando de nuevo el mismo hecho imposible, con una finalidad tanto recaudatoria como armonizadora a nivel autonómico.
Sin embargo, son muchos los expertos tributarios y juristas que coinciden en la inconstitucionalidad de este tributo, apoyando así los argumentos que esgrimen las regiones en sus respectivos recursos. Libre Mercado ha recopilado las ocho principales razones que han aportado en los últimos meses grandes despachos de abogados, asociaciones empresariales, fiscalistas, catedráticos y los servicios jurídicos de las comunidades autónomas recurrentes para considerar inconstitucional dicho impuesto. La opinión de todos ellos es unánime: el Constitucional cometería un atropello si apoyara su validez.
1. Invasión de competencias
Se crea un impuesto para dejar sin efecto las competencias tributarias en materia de patrimonio que tienen las autonomías, dentro del marco que recoge la Constitución Española y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
No se puede armonizar la fiscalidad autonómica sin modificar el bloque de constitucionalidad de la financiación autonómica, lo que supone, de hecho, una vulneración de la reserva de ley orgánica contenida en el artículo 157.3 de la Constitución.
Además, el Gobierno aprobó este nuevo impuesto sin haberlo negociado ni consensuado previamente con las autonomías, saltándose su discusión en la Comisión Mixta y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo cual vulnera el principio de lealtad institucional.
2. Ruptura de la autonomía financiera
Invade competencias de las comunidades autónomas al gravar un hecho imponible muy similar, por no decir idéntico, al del Impuesto sobre el Patrimonio, siendo este último un tributo que se encuentra cedido a las CCAA, las cuales tienen potestad normativa respecto de este en la determinación del mínimo exento, tarifa, deducciones y bonificaciones.
3. Violación del principio de igualdad
El Gobierno no trata por igual a todos los contribuyentes. Perjudica más a unos que a otros, en función de su lugar de residencia, vulnerando el principio de igualdad ante la ley. Es un impuesto pensado específicamente para castigar a madrileños y andaluces, las dos primeras regiones que optaron por eliminar Patrimonio al 100%.
4. Vulneración del procedimiento
El Gobierno creó un impuesto armonizador a través de una enmienda incorporada a una ley que no tenía que ver con este tributo (la Proposición de Ley que incluía la creación de los gravámenes extraordinario a bancos y energéticas), impidiendo que los diputados pudieran presentar enmiendas. Tampoco ha sido sometido a consulta pública y no cuenta con memoria económica ni dictamen del Consejo de Estado.
5. Inseguridad jurídica
Se aplica con efecto retroactivo. La entrada en vigor del impuesto para el ejercicio 2022, cuando la enmienda tuvo entrada en el Congreso de los Diputados en el mes de noviembre, constituye una retroactividad de grado medio o impropia, contraria la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio de seguridad jurídica.
Todas aquellas personas que realizaron operaciones de inversión o ahorro sabiendo que no estaban sujetos a un impuesto ahora se ven obligados a pagar el Impuesto de Patrimonio Bis, lo que supone una vulneración del principio de seguridad jurídica.
6. Sin justificación presupuestaria
No hay una necesidad presupuestaria real que lo justifique, dado que la recaudación registra máximos históricos, saltándose con ello lo recogido en la Constitución en relación a la arbitrariedad de los poderes públicos.
7. Confiscatorio
Se trata de un impuesto confiscatorio, ya que puede generar imposiciones superiores al 60% de manera conjunta con el IRPF. Su tipo máximo (3,5%) es muy alto y en muchos casos los activos gravados generan rendimientos inferiores a ese porcentaje, de modo que el contribuyente podría verse forzado a vender parte de su patrimonio para pagar la cuota. Es un impuesto potencialmente confiscatorio y no atiende a la capacidad económica real.
8. Ni equidad ni eficiencia
No respeta el principio de equidad, puesto que grava rendimientos que ya han pagado impuestos cuando se generaron; ni el de eficiencia económica, ya que desincentiva el ahorro y la inversión, a la vez que favorece la deslocalización de los contribuyentes a otras jurisdicciones con fiscalidad sobre el ahorro más favorable.
El Impuesto de Patrimonio no existe prácticamente en ningún país de la OCDE y en ninguno de la Unión Europea porque sus adversos efectos sobre la economía superan su potencial recaudación. En Alemania, por ejemplo, se estimó que contraía la actividad en un 5% del PIB, con la consiguiente reducción de los ingresos tributarios totales muy por encima de la recaudación que aportaba. Igualmente, en Francia y en Suecia se suprimió porque comprobaron que era pernicioso para el crecimiento económico.
https://www.libremercado.com/2023-10-22/los-ocho-atropellos-que-cometera-el-tc-avalando-el-impuesto-a-las-grandes-fortunas-7061276/?_ga=2.108585089.2067384856.1697964523-459735784.1696577310&_gl=1*wbr5gb*_ga*MTAzNzA1Mjg0Ni4xNjk3NzAzMTU2*_ga_69R48LF3TL*MTY5Nzk2NDQ3Mi40LjEuMTY5Nzk2NDUyMi4xMC4wLjA.