Fuentes de Podemos exigen «denunciar al concordato, eliminar la financiación pública de la Iglesia y acabar con los centros educativos religiosos» para poner fin a las agresiones sexuales a menores en el ámbito religioso, después de conocer los resultados del informe del Defensor del Pueblo, que expone que un enorme número de personas ha sufrido abusos en este contexto.

En concreto, el 1,13% de la población adulta actual, unas 440.000 personas, ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según una extrapolación de la encuesta a gran escala que ha realizado el Defensor del Pueblo de la mano de GAD3 con una muestra de más de 8.000 personas. Una preocupante cifra a la que hay que sumar las casi 500 denuncias oficiales que ha registrado esta organización y los otros 720 casos que la propia Conferencia Episcopal ha reconocido. De los encuestados, un 0,6% denuncia haber sido abusado por sacerdotes o religiosos, y el resto, por personas relacionadas con las instituciones eclesiásticas. A su vez, el estudio expone que los datos obtenidos «son similares a los que se han dado en otros países».

Al calor de estos alarmantes datos, desde las filas de Podemos se reclaman «medidas valientes e inmediatas para acabar con las agresiones sexuales en la Iglesia católica y con su impunidad».

La formación morada considera «inadmisible» que una institución que ha amparado hechos de esta gravedad, ocultándolos y entorpeciendo su investigación, reciba financiación pública y gestione centros escolares, y por ello exige «derogar el actual concordato con la santa sede, acabar con la financiación pública, e integrar los centros religiosos educativos en la red pública».

«Es necesario acabar con el actual régimen de privilegios que el Estado español ha garantizado mediante la firma de este antiguo acuerdo a una institución que reiteradamente ha incurrido en dinámicas de ocultación y encubrimiento de agresiones sexuales a menores de edad», exponen. «El Estado no puede destinar fondos a la institución en la que se ha gestado la mayor trama pedófila conocida hasta la fecha. Es necesario cortar toda fuente de financiación pública a la Iglesia, incluidas exenciones y beneficios fiscales«, añaden, en la misma línea.

«Estamos hablando de una institución que reiteradamente ha ocultado y silenciado abusos sexuales a menores, y que, a raíz de ello, debería estar inhabilitada para gestionar centros escolares. Por ello, todos los centros, privados y concertados, que hoy están en manos de la Iglesia católica deberán pasar inmediatamente a la red pública de gestión directa», zanjan.

A su vez, Podemos también hace suyas reclamaciones de las víctimas, como la «no prescripción de los delitos de agresión sexual que se hayan producido en el seno de la Iglesia», y que la financiación del fondo de compensación a las víctimas provenga completamente de recursos de la propia institución, y no de dinero público.

«La violencia sexual contra la infancia ha sido una constante en la Iglesia católica, que ha silenciado a víctimas y protegido a agresores. Sólo con medidas contundentes se podrá poner fin a la mayor red de pedofilia conocida hasta la fecha, que podría afectar a una de cada 100 personas en nuestro país según los datos conocidos en el día de hoy», denuncian desde las filas moradas.

Un fondo estatal para indemnizaciones

Por otra parte, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha destacado que las condenas no garantizan la indemnización. «De hecho, los pocos casos que han llegado a ser enjuiciados con sentencias condenatorias no siempre garantizan que las víctimas hayan visto satisfecho su derecho a la reparación con las cantidades de indemnización», ya que no han llegado a ser satisfechas, y que «los casos en los que se ha condenado a las diócesis han sido una minoría». Es por eso que Gabilondo ha propuesto la creación de «un fondo estatal» para el pago de compensaciones a favor de las víctimas, «que acuerde un órgano especial de carácter temporal y tenga por finalidad la reparación en aquellos casos en los que no se haya podido seguir un proceso penal contra el victimario».