Imagen de archivo de un examen del MIR

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) quiere mostrar una vez más su profundo rechazo a la utilización de la Formación Sanitaria Especializada y de la competencia sobre homologación y reconocimiento de títulos extracomunitarios como moneda de cambio en negociaciones políticas.

Ante las informaciones suscitadas esta semana por los acuerdos firmados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con diferentes formaciones políticas para lograr una investidura en los que aparecían menciones al traspaso de competencias tanto del sistema MIR como de la homologación de títulos, CESM recuerda los posicionamientos que se vienen haciendo desde hace años tanto desde esta organización como del propio Foro de la Profesión Médica, señalando el peligro que supone de ruptura del modelo actual, perdiendo la homogeneidad y la calidad que atesora el sistema vigente.

Respecto al sistema MIR, un traspaso autonómico supondría romper el modelo único y de éxito tanto dentro como fuera de España, un sistema ampliamente consolidado y que cuenta con un reconocido prestigio internacional. Su configuración actual permite el acceso a la Formación Sanitaria Especializada en condiciones de igualdad para todos los aspirantes, por lo que facilita una formación de calidad basada en méritos y concurrencia competitiva en todo el Sistema Nacional de Salud. La opción de un traspaso autonómico o una fragmentación supondría dinamitar un modelo de éxito con nefastas consecuencias tanto para los especialistas en formación como para los centros docentes, y, por extensión, para todo el sistema sanitario, lo que terminaría afectando también a los pacientes.

En este sentido, la Confederación insiste en que tanto el sistema de selección del MIR como la acreditación, evaluación y elaboración de los programas docentes deben ser de ámbito nacional y, por lo tanto, es el Ministerio de Sanidad el encargado de establecer las bases comunes del régimen laboral y de los aspectos formativos para todo el territorio.

Por otro lado, se ha vuelto a poner también sobre la mesa la posibilidad de un traspaso de la competencia respecto a la homologación y reconocimiento de títulos académicos y profesionales, una competencia que, como bien ha señalado el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) cada vez que se plantea de nuevo esta opción, es exclusiva del Estado, como establece la Constitución. Así, la competencia para homologar los títulos de Grado médico y de especialista extracomunitario es estatal, con la participación del CGCOM, que como CESM y el resto de organizaciones presentes en el Foro de la Profesión han insistido en innumerables ocasiones sobre la necesidad de que se establezcan y se cumplan los requisitos para ejercer de médico en España en cumplimiento de las normativas europeas.

Por todo lo anterior, CESM quiere mostrar su absoluta disconformidad con que, una vez más, se utilicen competencias nacionales en negociaciones políticas y alerta del riesgo que supone romper el modelo actual, una opción ante la que toda la profesión médica se ha manifestado en contra. A finales de la pasada semana se posicionó en una línea parecida la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España (Facme), organización que aglutina a las principales sociedades científicas de este país.

Los sindicatos médicos cargan contra la entrega del sistema MIR a los independentistas

La división de los obispos frente a la amnistía anticipa la pelea por controlar la Conferencia Episcopal

«Hacía al menos veinte años, probablemente desde la discusión sobre las raíces morales del nacionalismo, que no estábamos tan divididos». Un obispo, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, pone voz a una realidad, reflexiona sobre la situación actual en el episcopado español, agudizada por la reacción ante el ‘informe Gabilondo’ y, ahora, por el impacto de la futura ley. de amnistía y la investidura de Pedro Sánchez.

Aunque oficialmente la Conferencia Episcopal no tiene nada que decir –de momento– sobre este tema. «Hasta la plenaria (la asamblea de los obispos, que se reunirá del 20 al 24 de noviembre) no está prevista» una declaración acerca de la amnistía o de peticiones al nuevo Gobierno. Lo cierto es que los obispos españoles están fracturados en dos mitades, en una división que previsiblemente se mantendrá al menos hasta las elecciones a la presidencia de la Conferencia Episcopal, previstas para marzo, y en la que ya asoman dos nombres, símbolo de estos dos bloques. Del lado de los conservadores, el arzobispo de Valladolid y, hasta hace un año, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello; del otro, el actual cardenal de Madrid, José Cobo.

Los obispos no se han pronunciado sobre las protestas que desde hace casi una semana se producen un diario en las calles de Madrid, y donde se ha llegado a insultar al Papa Francisco oa proclamar que «España es cristiana, no musulmana» frente a la sede del PSOE. El único que lo ha hecho, y no de manera directa, ha sido el actual presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omella, quien en sus redes sociales afirmó: «La defensa de cualquier causa solo puede hacerse desde un comportamiento ejemplar».

Del mismo modo, el cardenal Cobo recalcaba este jueves, durante la misa en la fiesta de La Almudena, que «la convivencia es la capacidad de salir de nuestro espacio para entrar en otro donde aprendemos a asumir diferencias, y hasta conflictos, sin convertirlos en motivo para la destrucción del otro. Sin demonizar al rival».

Mientras en un lado se apela a bajar la intensidad de la polarización y el enfrentamiento, del otro se agitan las banderas de la oposición al Gobierno.

Algunos obispos incluso se han saltado el pacto no escrito en el seno de la CEE para no hablar de la amnistía, al menos hasta que hubiera Gobierno o se hubiera presentado el proyecto de ley. Así, el propio Argüello, apoyado por una decena de obispos netamente conservadores (los más conocidos, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, o el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla), calificaba la amnistía como una medida que «amenaza la convivencia a la que dice servir».

Mucho más duros fueron el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, que acusaba al Gobierno de «vender lo ajeno por un plato de lentejas para seguir en el poder»; o el siempre presente José Ignacio Munilla: “Es especialmente doloroso que se pretende tomar por tonta a una nación”, señaló. Los obispos de Huelva o, más recientemente, de Segorbe-Castellón, también han criticado la medida, aun sin haber siquiera presentado la medida. 

En la pasada Comisión Permanente, el portavoz de la Conferencia Episcopal, César García Magán, hizo unas declaraciones que posteriormente fueron matizadas por una nota, en las que subrayaba: «No estamos ante una situación excepcional». Los obispos catalanes, esa misma tarde, replicaban a la CEE: «Debemos mantener una neutralidad edificante y respetuosa». Una postura, que por otro lado, era la acordada y la que también han mantenido los prelados vascos o gallegos, a la espera de la conformación de un nuevo Gobierno, que se prevé para la semana próxima, días antes de la Plenaria.

Una Plenaria, por cierto, en la que los obispos esperan conocer, al fin, los resultados de la auditoría encargada a Cremades, y donde se prepararán para acudir a la cita a la que les ha convocado el Papa Francisco el próximo 28 de noviembre, y en la que, previsiblemente, se produce una intervención de los seminarios españoles. Un encuentro al que los obispos llegan con temor, pues que el Papa llame a capítulo a un episcopado en su conjunto es algo notable anómalo. En los últimos años, solo se ha producido en dos ocasiones, y en las dos para que Bergoglio les leyera la cartilla a los obispos chilenos y franceses por su fracasada gestión de la pederastia clerical.

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