Ese día, 87 personas fueron enviadas a juicio por cargos como “establecer una organización terrorista, apoyarla y financiarla”, tal y como ha denunciado el Centro de Defensa de los Detenidos de Emiratos (EDAC, por sus siglas en inglés), que ha calificado las acusaciones de “fabricadas” en un comunicado.

Los acusados son juzgados por la Corte de Apelaciones Federal de Abu Dabi (uno de los siete emiratos que integra EAU) de acuerdo con la ley antiterrorista del país, que tiene un largo historial de represión y persecución de disidentes y otras personas críticas con el régimen. De hecho, el EDAC ha asegurado que entre los individuos enviados a juicio se encuentra el destacado activista de derechos humanos Ahmed Mansoor, que ya había sido condenado a diez años de cárcel en 2018. También está el académico Nasser bin Ghaith, condenado a diez años de cárcel por unos tuits en los que criticaba a Egipto y por los que fue acusado de colaborar con los Hermanos Musulmanes, un grupo considerado terrorista por el Gobierno emiratí.

“EDAC está muy preocupado por la aparente fabricación por parte de EAU de nuevos cargos para extender las condenas de aquellos que ya han sido puestos en libertad, lo cual refleja la continua supresión de las autoridades emiratíes del disenso y de la sociedad civil”, ha dicho el Centro. También ha expresa su preocupación por la integridad de los detenidos ya que muchos han estado encarcelados en régimen de aislamiento durante meses y no han contado con garantías procesales, según el EDAC.

Entre los 87 acusados se encuentran algunos de los que ya fueron juzgados en otro caso muy conocido que, hace una década, sentó en el banquillo a 94 disidentes y opositores, después de que cualquier intento de sumarse a la ola revolucionaria de la Primavera Árabe fuera rápidamente abortado en EAU. EDAC ha señalado que el juicio del 7 de diciembre es el segundo juicio masivo desde entonces.

Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado el juicio, que ha dado comienzo en los días finales de la Cumbre del Clima, mientras se negociaba un acuerdo para poner fin a los combustibles fósiles. La ONG FairSquare, que se ocupa de derechos de los migrantes en el Golfo Pérsico, ha señalado que “EAU ha intentado durante la presidente de la COP28 persuadir al mundo de su apertura de miras” pero “la decisión de formular nuevos cargos por terrorismo en medio de las conversaciones (sobre el clima), cuando EAU está bajo los focos, es un gran golpe a la comunidad de derechos humanos del país y al proceso de la COP”.

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