Dinamarca es uno de los países más ricos del mundo. No solo ostenta una de las rentas per cápita más elevadas a nivel global, también ha sido en las últimas décadas uno los países más igualitarios en términos económicos. Una baja tasa de paro, un mercado laboral que funciona como un ‘reloj suizo’, unas políticas activas de empleo que son la envidia de toda Europa y un vasto, pero eficiente Estado de Bienestar han convertido a Dinamarca en el ejemplo a seguir para muchos países. Sin embargo, este país está implementando una política que, quizá, no gustaría muchos de los que quieren seguir el camino danés: el Gobierno socialdemócrata de Dinamarca va a seguir adelante con la demolición de barrios enteros ocupados por ciudadanos ‘no occidentales’, una medida un tanto polémica que, sin embargo, cuenta con gran apoyo dentro del propio país.
La sensación de inseguridad y el reciente incremento de la desigualdad en Dinamarca podría estar relacionados con la creación de guetos: barrios ocupados por familias de bajos ingresos y que habitualmente suelen provenir de países o culturas diferentes. Por ejemplo, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos en un país, se ha disparado en Dinamarca hasta rozar la escala de 30, unos niveles que se acercan ya a los países del sur de Europa, por ejemplo.
Este coeficiente va del 0 al 100. El cero supone que toda la población tiene la misma renta (la igualdad absoluta) y el 100 que solo un individuo ostenta toda la renta del país. Dinamarca ha liderado históricamente este indicador con niveles entre 22 y 25. En los últimos años, el coeficiente de Gini ha subido con intensidad, lo que deja entrever que hay algo que está fallando. Normalmente, sociedades desiguales son sociedades con menor seguridad. Esto está llevando al Gobierno a tomar duras medidas contra los guetos.
Dinamarca lucha contra los guetos
Así, muchos de los inmigrantes que llegaron desde Asia y África ahora se ven obligados a abandonar sus hogares en virtud de un programa gubernamental que exige efectivamente la integración en ciertos vecindarios de bajos ingresos donde viven muchos inmigrantes “no occidentales”.
En la práctica, eso significa que miles de apartamentos serán demolidos, vendidos a inversores privados o reemplazados por nuevas viviendas destinadas a otro tipo de perfiles (y a menudo no inmigrantes), para estimular la integración e impedir que se generen guetos como ha ocurrido en los barrios más peligrosos de Suecia.
El gobierno defiende que el plan tiene como objetivo desmantelar las “sociedades paralelas”, que los políticos describen como enclaves segregados donde los inmigrantes no participan en la sociedad en general ni aprenden danés, incluso cuando se benefician del generoso sistema de bienestar social del país. Los opositores dicen que es una forma contundente de discriminación étnica y gratuita en un país que tradicionalmente mostraba una baja desigualdad de ingresos y donde la tasa de pobreza en las zonas más humildes es mucho menos pronunciada que en muchos países del entorno.
Los barrios más complejos
En áreas como Vollsmose, un suburbio de Odense donde más de dos tercios de los residentes provienen de países no occidentales (principalmente musulmanes), el mandato del gobierno se está traduciendo en demoliciones de gran alcance, aseguraba un artículo publicado en The New York Times a finales de 2023.
Hans Skifter Andersen, profesor de la Universidad de Aalbord, explicaba hace tiempo en un blog de la London School of Economics que la aplicación de la “ley del gueto” supone una reducción de la vivienda social y, especialmente, de la vivienda con precios de alquiler moderados. Además, restringirá las opciones de vivienda para las minorías étnicas y las personas desempleadas o con bajos ingresos.
“El criterio más importante en la selección de un ‘gueto’ es que la proporción de residentes que son inmigrantes o descendientes de inmigrantes de ‘países no occidentales’ no debe exceder el 50%. No hay distinción entre ciudadanos daneses y no ciudadanos. Este enfoque ha sido acusado de violar las convenciones internacionales contra el racismo, y algunos de los residentes que corren el riesgo de ser expulsados de sus hogares han iniciado acciones legales contra el gobierno.
No obstante, el gobierno se defiende y asegura que el plan tiene como objetivo, precisamente, desmantelar las “sociedades paralelas” donde los inmigrantes no participan en la sociedad en general ni aprenden danés, incluso cuando se benefician del generoso sistema de bienestar social del país. De este modo, desde el Gobierno creen que este tipo de políticas promueven todo lo contrario: son medidas integradoras que persiguen la cohesión de la sociedad y lograr que futuras generaciones tengan oportunidades similares. Sin este tipo de medidas, los guetos terminan convirtiéndose en pequeñas islas de pobreza que se cronifican.
La ley exige que en los vecindarios donde al menos la mitad de la población sea de origen o ascendencia no occidental, y donde existan al menos dos de las siguientes características (bajos ingresos, bajos niveles de educación, alto desempleo o un alto porcentaje de residentes que han tenido condenas penales) la proporción de viviendas de alquiler socia debe caer a la zona del 40% o menos para 2030. Eso significa que será necesario vaciar o derribar más de 4.000 unidades de vivienda pública. Al menos 430 ya han sido demolidas.
La decisión sobre qué viviendas seguirán siendo públicas la tomarán los gobiernos locales y las asociaciones de vivienda. La asociación que opera en Vollsmose afirma que sus decisiones no se basan tanto en si un edificio está en mal estado, sino más bien en su ubicación y en si funcionará bien en el mercado. A los residentes desplazados se les ofrecen opciones alternativas de vivienda pública en otros edificios o barrios.
Economía y desigualdad
Skifter Andersen explica que “las minorías étnicas suelen tener dificultades para acceder a viviendas distintas de lo que se encuadra como viviendas sociales, especialmente no pueden acceder al alquiler privado. En la mayoría de las zonas de vivienda afectadas por la ley de guetos hay una población muy diversa formada por residentes procedentes de muchos países diferentes con relaciones mutuas débiles. Las zonas son bastante inestables con una constante rotación de residentes. Se ha demostrado que estas propiedades han sido utilizadas a menudo por nuevos inmigrantes, que se mudan nuevamente una vez que consiguen mejores trabajos. Los que quedan suelen ser personas con problemas sociales”, advierte.
Finalmente, uno podría preguntarse por qué un país como Dinamarca ha introducido una política de vivienda que tiene implicaciones tan duras para los pobres y las minorías étnicas. “La respuesta está en la situación política en Dinamarca, particularmente en la pérdida de apoyo que los socialdemócratas han experimentado en los últimos años hacia el Partido Popular Danés, que fue fundado en parte como una protesta contra la inmigración. Esto ha garantizado que uno de los elementos más importantes de la política danesa sea hasta qué punto los partidos pueden atraer a votantes que están en contra de la inmigración. En esta contienda, la ‘lucha contra las sociedades paralelas’ sigue teniendo un alto valor simbólico”, sentencia el profesor universitario.
elEconomidta
Dinamarca demolerá barrios enteros habitados por ciudadanos ‘no occidentales’
El aumento de los conflictos armados multiplica por diez la llegada de migrantes en patera a Balears
Mientras que en 2017 vinieron 277 personas a las costas del archipiélago balear, en 2023 han sido 2.194 los migrantes que han tocado tierra. “Sufren todo tipo de violaciones” durante la travesía, lamenta el abogado Luis Ciges
El archipiélago balear ha pasado de los 277 migrantes que llegaron en 23 embarcaciones precarias tipo patera en 2017 a los 2194 migrantes en 134 botes en 2023. La mayor parte de ellos llegan procedentes del Magreb, aunque también del África Subsahariana y otras regiones. Las razones que pueden llevar a migrar a una persona pueden deberse a múltiples factores, aunque los expertos señalan que las personas que arriban a las costas de las Balears huyen, principalmente, de países azotados por guerras civiles y conflictos armados; terrorismo islámico; persecución a las personas LGTBI o víctimas de mutilación genital y matrimonios forzosos, en el caso de las mujeres.
La mayor parte de estas pateras -un fenómeno relativamente reciente en cuanto a su magnitud, pues antes de 2017 apenas llegaban a Balears- salen desde el este de Marruecos, o desde el puerto de Boumerdes, en Argelia. Hablamos, sobre todo, de población de Argelia, Marruecos, Mali, Burkina Faso, Guinea Conakry y Benín, que intenta llegar a Mallorca, Eivissa, Formentera, Murcia, Alicante o Almería. Normalmente, solo suele ser una parada más en su larguísimo periplo para llegar a Francia, Bélgica u otros destinos europeos. “El viaje nos costó unos 1.500 euros”, contaron migrantes procedentes de Mali a elDiario.es. Una ruta que se ha reactivado, señalan los expertos, debido a que Marruecos ha endurecido el control de sus fronteras.
“La migración es un movimiento natural”, explica Cristina Fuentes, politóloga y coordinadora de investigaciones de la Fundación porCausa. Un fenómeno que seguirá su curso ya que “el crecimiento de muros y fronteras no ha generado que se frene la migración”. “Lo que se genera es que se abran nuevas rutas que casi siempre suelen ser más mortíferas o más peligrosas para la población migrante”, destaca Fuentes. En el contexto balear adquiere especial relevancia la migración argelina, un país rico en hidrocarburos, pese a que dicha abundancia no revierte positivamente en la calidad de vida de su población.
Cuando llegan a territorio español por vía marítima, se activa el protocolo de gestión de su llegada debido a las irregularidades en la entrada. Los trabajadores de Cruz Roja realizan controles sanitarios, asistencia básica e identifican a las personas vulnerables. En el caso de los que son mayores de edad, pasan a disposición de la Policía Nacional durante un máximo de 72 horas. Se les proporciona asistencia jurídica y tienen derecho a un intérprete. Después, se inician los trámites para el proceso de devolución de los migrantes a sus países de origen.
Mientras se resuelve dicho expediente, las personas consideradas “vulnerables” se incorporan al sistema de atención humanitaria. Si no tienen tal consideración, ingresan en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para su posterior devolución, si el juzgado ordena su ingreso. Si no hay plazas, quedan en suelo español en situación irregular. En el caso de los menores, pasan a ser responsabilidad de la administración balear, que dispone de centros gestionados por los consells insulars.
La condición de refugiado, una quimera
Por tanto, es altamente improbable que los migrantes africanos consigan adquirir su condición de refugiados, dado que España “no considera que la migración que llega procedente de países de África tenga un componente válido para solicitar el asilo”, según afirma la politóloga Fuentes. Son considerados, en cambio, migrantes “por motivos económicos”. De hecho, solo el 16% del total de los solicitantes de asilo en España adquieren dicha condición, según Luis Ciges, abogado experto en migraciones. Hasta hace unos años, señala, la cifra se situaba apenas en el 4%.
La Fundación porCausa sostiene, citando los datos de la Comisión Española de Ayuda para el Refugiado (CEAR) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que la mayoría de los refugiados (quienes adquieren dicha protección) son de origen latinoamericano. Los principales países emisores son Venezuela, Honduras y El Salvador. No ocurre lo mismo con migrantes de origen marroquí, argelino, senegalés, nigerino o somalí, según apunta la politóloga. “La vía del asilo solamente se utiliza para ganar tiempo y evitar ser expulsado en el momento en el que llegan”, analiza Fuentes, que añade que los migrantes saben, de antemano, que no les suelen conceder la condición de refugiados.
“La mayoría de las mujeres que llegan de países africanos han sufrido mutilación genital o huyen de matrimonios forzosos”, sostiene Ciges, que lleva año y medio trabajando con los migrantes sobre el terreno, a quienes ayuda con el asesoramiento legal para que puedan iniciar los trámites como solicitantes de asilo. Mientras que Fuentes asegura que España rara vez acepta como refugiados a los solicitantes africanos, Ciges apunta a otro inconveniente: el Convenio de Dublín. La legislación europea actual -el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo endurecerá las condiciones de recepción y asilo- sostiene, para todo el territorio Schengen, que deben solicitar asilo en el primer país europeo al que entran.
La mayoría de las mujeres que llegan de países africanos han sufrido mutilación genital o huyen de matrimonios forzosos
Los migrantes son identificados por las autoridades mediante huella dactilar, así que si después de llegar a España cruzan la frontera para llegar a Francia y solicitan asilo, pueden ser devueltos a España. “El destino final de la gran mayoría de las personas de origen subsahariano es Francia. No les interesa pedir asilo en España”, asevera Ciges, porque su objetivo es llegar a territorio galo. Cabe recordar que buena parte de ellos son originarios de países que fueron colonia francesa, con lo cual les unen ciertas características culturales -como el idioma- y muchos de ellos quieren reunirse con familiares o amigos que les esperan en territorio francés.
El periplo que recorren es, mayoritariamente, una odisea. Un larguísimo viaje que puede durar entre dos y cinco años hasta que se realiza el primer intento de llegar a tierras españolas. “Sufren todo tipo de violaciones” durante la travesía, lamenta el abogado. “La migración de estas personas suele ser muy complicada y muy dramática”, añade. Solo un 2% de la gente que sale de su país es la que intenta llegar a Europa, según la Organización Internacional de Migraciones. El resto desaparece, muere o se rinde.
Solo un 2% de la gente que sale de su país es la que intenta llegar a Europa, según la Organización Internacional de Migraciones. El resto desaparece, muere o se rinde
La vía argelina
La ruta de Argelia se reactivó en 2021 y representó el 39% de las llegadas a la Península, debido a la propia inestabilidad del país. Hay razones culturales, afirma la politóloga, que explican que sea un territorio de migrantes, ya que Argelia fue colonia francesa. “Siempre ha habido lazos culturales que fomentan que la gente migrara”, explica Fuentes. Sin embargo, la narrativa del Estado argelino empezó a cambiar en 2014 y se empezó a señalar que los jóvenes que migraban estaban “defraudando” a su país. “Durante cinco años se contuvo muchísimo la migración, coincidiendo con el acuerdo de repatriación que firmó Marlaska -ministro del Interior- con Argelina”, señala la politóloga.
La situación volvió a dar un giro con la crisis sanitaria del coronavirus, momento en que vuelve a repuntar el perfil del joven argelino de entre 25 y 26 años que huye del país en busca de nuevas oportunidades. En estos momentos, las rutas que se están utilizando, asegura la investigadora, son el resultado del “férreo control fronterizo” que se ejerce. En el caso de la población senegalesa, señala Fuentes, están escogiendo la ruta argelina por el “bloqueo que existe en la ruta atlántica, que ha hecho la migración cada vez más larga, costosa y mortífera”.
En cuanto a las llegadas a Balears, se han registrado 23 embarcaciones y 277 personas en 2017; 17 embarcaciones y 199 personas en 2018; 41 embarcaciones y 507 personas en 2019; 112 embarcaciones y 1464 personas en 2020; 164 embarcaciones y 2402 personas en 2021; 176 embarcaciones y 2637 personas en 2022 y 134 embarcaciones y 2194 personas en 2023. Por tanto, el punto de inflexión se sitúa en 2020, año de la crisis sanitaria, cuando aumenta considerablemente la llegada de migrantes a las costas del archipiélago balear. Un fenómeno que no ha dejado de crecer, excepto en 2023, cuando se ha registrado un ligero descenso respecto al año anterior.
La narrativa del odio
El aumento de la llegada de embarcaciones tipo patera ha generado enormes oleadas de odio por parte de grupos o partidos políticos vinculados a la extrema derecha. Un discurso que, a la luz de los datos, no se sostiene, pero que va calando poco a poco en algunos sectores de la opinión pública. “No he visto que los migrantes lleguen con relojes o ropa de marca”, afirma el abogado Ciges, preguntado sobre esta cuestión, quien solo indica que hay diferentes tipos de patera con motores más o menos potentes, en función del dinero que deposita cada persona. “Si pagas lo mínimo vas a tardar 24 horas en llegar, con embarcaciones muy frágiles y con más riesgo de hundimiento o naufragio”, apunta Ciges. Las embarcaciones mejor dotadas pueden reducir la duración del viaje a 5 horas, desde que salen de África hasta que llegan a Mallorca.
“España tiene el nivel más alto de la Unión Europea de denegaciones de asilo”, asegura Ciges. Es, precisamente, la condición de refugiado la que te puede ayudar a entrar en el circuito de las ayudas sociales. Una persona en situación de irregularidad administrativa no tiene derecho a prestaciones sociales porque sus derechos de ciudadanía no le son reconocidos. En este sentido, Fuentes indica que la migración es, junto con los temas relacionados con el género, feminismo, medio ambiente y cambio climático, el asunto que más polarización social genera.
“Y así lo vimos desde la campaña de las primeras elecciones presidenciales de Donald Trump. ¿Por qué? Porque generan confrontación”, analiza Fuentes. Según la politóloga, se genera un discurso que confronta a los migrantes (los “otros”) con la población española (“nosotros”). Es decir, es un discurso que pretende que la ciudadanía considere a los migrantes en situación irregular como una “amenaza” que puede “arrebatarles” los derechos adquiridos, en tiempos convulsos y de incertidumbre, como los actuales. “Genera esa polarización, esa lucha por conservador los derechos adquiridos ante la amenaza del otro”, concluye.
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