Con la Ley de Amnistía marcando el presente y el procés catalán, y con sus consecuencias condicionando la agenda política, las elecciones autonómicas gallegas ponen el foco en el nacionalismo y en cómo lo canalizará otra de las nacionalidades históricas. Lo cuenta el diario El Mundo. El BNG encara la cita como el partido más fuerte de la izquierda, que lideraría un posible Gobierno progresista si el PP no reedita su mayoría absoluta actual y, en su programa promete el «impulso de un nuevo marco político» con «más y mejor autogobierno» y «soberanía para decidir». Una propuesta con reminiscencias a ERC, formación con la que ha tejido alianzas electorales.
El debate identitario es uno de los rasgos diferenciales del BNG y, ante las interpelaciones directas, Ana Pontón no duda en hablar de ello pero en campaña lo deja en segundo plano y deriva el foco hacia su programa social y económico mientras logra escalar en las encuestas ocupando el espacio de la izquierda moderada.
«Son una sucursal B de todo lo que haría el independentismo con la complicidad de Sánchez si pudieran en Galicia», le recriminó Alfonso Rueda durante el debate a cinco en la televisión gallega, intentando un desgaste del proyecto nacionalista que está logrando esquivar. Pontón admitió ante los espectadores que pedirá un «nuevo estatus de nación para Galicia en el Estado» y que busca «más autogobierno financiero».
Sólo el candidato del PP le entró al trapo, limitándose el líder del PSOE , José Ramón Gómez Besteiro, a hablar de «galleguismo útil». Mientras el resto de partidos de la izquierda pasan de puntillas sobre la cuestión, ésta se está convirtiendo en el principal flanco de ataque por parte del PP, que ha endurecido su mensaje a medida que avanza la campaña y les afea que intenten «blanquear» su imagen y sus relaciones con Bildu o ERC. Con ambas fuerzas han tejido alianzas en las elecciones europeas, pero en las citas autonómicas no existe ningún tipo de relación.
Para la formación liderada por Ana Pontón, las políticas desarrolladas por el PP en casi 30 años de Gobierno desde la Transición, «han hecho cada vez más pequeño nuestro país». Ella propone un programa de gobierno para que Galicia se convierta en «un país dueño de sí mismo», con propuestas como un «modelo de inmersión lingüística», la subida del IRPF o «un poder judicial propio».
REFERÉNDUM
Para el Bloque Nacionalista Galego, el papel político reconocido a Galicia en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de 1981 es «insuficiente e inadecuado para dar solución a los problemas» de la región y encabeza su largo programa de 198 páginas dando prioridad, como primer punto, a un estatus nuevo que sustituya al modelo autonómico actual. El programa no plantea un referéndum, pero sí un nuevo marco político que «emane del ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo gallego» bajo una premisa básica: «Decidir nosotros por nosotros mismos». Aspira a que uno de los grandes debates en Galicia sea el identitario, «como ya lo está siendo a nivel estatal», y detalla que no renuncia al «objetivo estratégico de la plena soberanía para Galicia».
El BNG busca avances en el autogobierno de Galicia, «en tanto no se consolide el nuevo marco institucional». El primer paso sería ejecutar las transferencias pendientes del actual Estatuto, mediante la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias entre la Xunta de Galicia y el Gobierno central. El segundo, impulsar una ponencia de Autogobierno en el Parlamento de Galicia que «fije un nuevo marco de relación con el Estado español». En esa ponencia, pide el reconocimiento del derecho de autodeterminación de Galicia, «conforme a su condición de nación».
Para ahondar en la «capacidad de decisión» plantea «sin demora» los traspasos y transferencias de autopistas, carreteras, puertos, aeropuertos, control de tráfico aéreo, costas, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina o las competencias en materia de comercio exterior que ejerce el ICEX.
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
El Gobierno que dibuja el BNG aspira a una «nueva actitud» frente a la cuestión lingüística, que se plasme en el reconocimiento real del idioma para permitir el «derecho a usar nuestra lengua en todo momento y en todo lugar», también en todas las instituciones. Ante la «emergencia lingüística» que detectan, proponen la derogación inmediata de la actual Ley de Normalización Lingüística de 1983 y del «nefasto» decreto de plurilingüismo en el sistema educativo de 2010, así como crear normas nuevas que busquen activar las «competencias plurilingües» estableciendo una oferta educativa «completa o principalmente en lengua gallega».
Su patrón tiene especial incidencia en la educación. Quiere «reconocer el gallego como la lengua vehicular en la enseñanza» y un «modelo de inmersión» con el objetivo de «lograr la plena normalización lingüística y una enseñanza totalmente en gallego» que recuerda a los inicios del proyecto catalán.
Ese nuevo escenario incluye introducir el gallego en las herramientas extraescolares, de ocio y tiempo libre para la infancia y la juventud, desde juguetes a campamentos, deporte, música, audiovisual, videojuegos, libros, teatro, actividades de conciliación o espacios para las familias.
MÁS PORTUGUÉS
Su camino a seguir es la lusofonía y la relación histórica y actual entre Galicia y Portugal, que en el ámbito lingüístico les lleva a hablar de «países de expresión gallego-portuguesa» y a promover que en toda la comunidad se puedan sintonizar la radio y televisión portuguesa. En el ámbito educativo, incorpora la oferta de lengua portuguesa en todos los centros así como plazas específicas de portugués en las ofertas públicas de empleo.
Dentro de esta ambiciosa política lingüística que aspira a que sea transversal en toda su administración, el BNG también plantea convenios con las administraciones competentes en la Seabra y el Bierzo (Castilla y León), en la comarca del Eo y del Navia (Asturias) y en el Val de Ellas (Extremadura), lugares donde se habla gallego y pretenden potenciarlo, al estilo de los Països Catalans.
RÓTULOS Y LEY EN GALLEGO
También aspiran a actuar en los organismos públicos regulando los usos lingüísticos en las administraciones públicas, para que el gallego sea «lengua normal» de la administración de Justicia, exigiendo el conocimiento «obligatorio y contrastado» y el uso del gallego por parte del funcionariado. El plan incluye que los jueces tengan el deber de conocer el gallego para trabajar Galicia.
En el ámbito empresarial, quieren impulsar la lengua cooficial a través del etiquetado, rotulación, publicidad o atención al público en gallego. También, incorporar el gallego a las nuevas herramientas tecnológicas e implantar la perspectiva de lengua en contratos y licitaciones de servicios públicos.
NI ESTADO NI PROVINCIAS
Otra de sus líneas políticas es la «honda» revisión de instituciones estatales, pidiendo «capacidad de incidencia directa» en su designación e incluso «capacidad de veto en la acción del Estado en Galicia» y, en la misma línea, presencia directa de Galicia en las instituciones europeas e internacionales. Al tiempo que se desligan del Estado, cambian su organización territorial, con la eliminación de las provincias y de su referencia como circunscripción electoral, la desaparición de las diputaciones provinciales y estructurar Galicia a partir de los ayuntamientos y comarcas.
PODER JUDICIAL PROPIO
La Administración de Justicia juega un papel fundamental en esa Galicia gobernada por el BNG, en la que propone «un poder judicial propio» que será la «última instancia judicial», recordando las competencias en materia de Justicia que reclama Cataluña y eliminando las del Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia sería, por tanto, el máximo órgano de decisión.
La Constitución actual no tiene hueco en esta Galicia del BNG, que sostiene que «el ejercicio de la soberanía exige otro marco constitucional que reconozca la capacidad de Galicia para decidir» y, en el ámbito judicial, este nuevo modelo se traduciría en la «completa reformulación» del Tribunal Constitucional, que «dejaría de ejercer funciones sobre Galicia», trasladando los conflictos de competencias a soluciones arbitrales a través de órganos políticos bilaterales.
CONCIERTO ECONÓMICO
El modelo económico tiene un peso muy importante en ese autogobierno que defienden los nacionalistas, pero también decantado en una línea de mayor presión fiscal. En esta legislatura se fijan como una «prioridad» negociar con el Gobierno un nuevo modelo basado en el «concierto económico». El Bloque aspira a conseguir un modelo de financiación en el que Galicia tenga la «plena capacidad» para implantar su política fiscal y que cuente con Hacienda y banco público propios. Mientras no se consiga ese sistema de concierto económico con plenas competencias, defiende autonomía fiscal y la transferencia de los activos de la Sareb o la gestión del Ingreso Mínimo Vital y pide la cesión completa del IRPF, del IVA y de los Impuestos Especiales y que el impuesto de sociedades pase a ser de carácter autonómico.
MÁS IMPUESTOS
Una vez que tengan esos impuestos, establecerán nuevos tramos en la tarifa general del IRPF para subirlo a las rentas más altas, fijarán un gravamen adicional sobre el Impuesto de Sociedades, suprimirán la bonificación del Impuesto de Patrimonio y apostarán por crear nuevos tributos sobre las grandes superficies comerciales o las viviendas vacías. También defienden la creación de un impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, modificar el canon eólico y elevar la cuota tributaria del Impuesto sobre el Daño Medioambiental.
ADIÓS A LA GUARDIA CIVIL
En los últimos días, el programa del BNG generó recelos en la Guardia Civil por su intención de crear una policía autonómica imitando a Cataluña, País Vasco, Navarra o la Comunidad Valenciana. En Galicia ya existe una unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad en virtud de un acuerdo de 1990 entre el Ministerio del Interior y la Xunta. Esta unidad depende orgánicamente de Interior y funcionalmente de la Xunta.
La diferencia del plan del BNG es que busca la «asunción plena y exclusiva de las competencias en seguridad pública y viaria» con la creación de un cuerpo gallego de policía, de carácter «integral», que atienda a todo el territorio. Su objetivo es que «progresivamente» asuma las funciones que tienen atribuidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En la misma línea, pide la transferencia de las competencias de tráfico y seguridad vial y pública y el control, inspección y vigilancia pesquera, funciones actualmente atribuidas a la Guardia Civil del Mar o a la Armada.
Las contradicciones atrapan al PP en su intento de enterrar las revelaciones sobre la amnistía y el indulto a Puigdemont
Feijóo y dirigentes del partido intentan desmontar las informaciones publicadas por 16 medios, mientras Junts aumenta la amenaza de desvelar las negociaciones y ERC se suma y asegura que también intentaron convencerles para la investidura
Crece el incendio provocado por la confesión del PP de que se estudió la amnistía en las conversaciones para la investidura de Alberto Núñez Feijóo, y de que el partido se plantea la posibilidad de un indulto “condicionado” para Carles Puigdemont en aras de la “reconciliación” en Catalunya. Un nuevo foco amenaza con reducir a cenizas el discurso de Alberto Núñez Feijóo contra el entreguismo de Pedro Sánchez a los independentistas y las críticas a los intentos del Gobierno de recuperar la “concordia” tras la quiebra social a cuenta del procés de la década pasada. También ERC ha aireado contactos. Y los intentos del PP de desmentirlos chocan con sus propias palabras.
El PP en pleno ha cerrado filas con jefe de filas, señalado directamente por las informaciones sobre las negociaciones con Junts reveladas por 16 medios de comunicación el pasado fin de semana. Desde entonces, el partido ha encadenado una contradicción tras otra para intentar salir al paso de unas revelaciones que en el seno del PP saben que no solo ponen en duda sus críticas a los pactos de investidura de Pedro Sánchez, sino que implican la asunción por parte de la oposición de la necesidad de esa “concordia”, en este caso “reconciliación”, que plantea el Gobierno como justificación a la amnistía.
La confesión de un dirigente autorizado del PP, recogida por una amplia diversidad de periodistas, confirma que Feijóo estudió la amnistía, y que la descartó; y asume que existe un problema judicial que necesita ser arreglado, vía indultos condicionados. Y que para hacerlo posible es necesario que Puigdemont no sea condenado por terrorismo.
En las últimas 72 horas el PP se ha afanado en matizar, primero, y negar, después, la evidencia. Feijóo ya mencionó que su partido estudió la amnistía durante 24 horas. Lo hizo en un acto público en Sarria (Lugo) el sábado en plena campaña de las elecciones gallegas, y antes incluso de que se publicaran las informaciones. Al día siguiente, en Ferrol, le llegó el turno a los “indultos” condicionados.
Tras el fin de semana, el PP ha cambiado el paso. Si en las primeras horas dirigentes de segundo nivel arremetieron contra los periodistas y medios que dieron la información, a partir del lunes se subió a este carro buena parte de la primera línea del partido. Feijóo habló el lunes por la tarde de “honorabilidad” y “honradez”, mientras calificaba de “insidias” las informaciones sobre sus contactos con Junts.
El martes, llegó a ironizar: “No descartéis que mañana digan que le he ofrecido el Ministerio del Interior a ERC y el Ministerio de Defensa a Otegi. Llevamos una tras otra, una insidia, una calumnia, una más”.
Pero un repaso a la hemeroteca del PP desde las elecciones del verano pasado hasta hoy muestra con claridad los vaivenes discursivos del partido ante su relación con Junts y con ERC, y cómo Feijóo y los suyos han caído en una cadena de contradicciones cuyo último eslabón, de momento, lo han forjado los independentistas catalanes.
Antes de los comicios donde se jugaba la Presidencia del Gobierno, Feijóo dijo: “No creo que Puigdemont merezca un indulto”. Ahora lo ve como una solución “condicionada”.
Tanto él como sus múltiples portavoces negaron en repetidas ocasiones que el PP fuera a hablar siquiera con Junts o ERC. “Yo no voy a pactar con los partidos independentistas. No tenemos trampa ni cartón”, dijo el entonces candidato. “Con quien no se puede negociar un Gobierno es con un prófugo de la justicia que no está ni tan siquiera en nuestro país”, apuntó su secretaria general, Cuca Gamarra, también antes de las elecciones.
Pero tras los comicios comenzaron a vislumbrarse las grietas en el discurso oficial del partido. Gamarra sostuvo que la negociación con Junts no se encuentra entonces “sobre la mesa”. “No negociamos nada que los españoles no puedan saber porque no puedan aceptar”, añadió la teórica número dos del partido.
Pero el vicesecretario de Institucional y dirigente de la máxima confianza del PP, Esteban González Pons, no lo tenía tan claro. En agosto, dijo sobre Junts: “es un grupo que como ERC, más allá de las acciones que cuatro personas llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”.
El dirigente añadía así a ERC en la ecuación. Una idea que ha regresado ahora con fuerza después de que la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, haya desvelado que fue contactada por el diputado del PP Carlos Floriano, quien ya estuvo en la dirección del PP de Mariano Rajoy, donde coincidió con Pons.
El PP corrió este martes a negarlo, a medias eso sí. Mientras los de Feijóo reconocen que Floriano hizo la gestión “a título personal”, niegan que como organización se intentara esa aproximación. Sin embargo, el propio Feijóo espetó al portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, durante su investidura: “Querían hablar, ¿qué pasó después? ¿Ya no quieren hablar con nosotros?”.
En esos contactos con los independentistas catalanes también participó el concejal de Barcelona Daniel Sirera, quien llegó a reconocer unas reuniones con Junts porque “son determinantes para la investidura y la constitución de la Mesa”. Él habló entonces de “otros regidores”, pero después se supo que, en realidad, se reunió con la cúpula de Junts en el Parlament de Catalunya. También Pons llegó a asumir que se había visto con el propio Puigdemont.
Incluso el hoy presidente del Senado, Pedro Rollán, dijo por entonces: “El PP está dispuesto a hablar con todas y cada una de las formaciones dentro del marco de la Constitución”.
En el PP aguantan la respiración ante lo que consideran una imprudencia. Aunque el cierre de filas es total en público, en privado sí hay quien asegura no entender lo que ha pasado este fin de semana. Todos confían en que no afecte a la campaña de las gallegas. El propio candidato, Alfonso Rueda, agradeció expresamente a Feijóo su contundencia. Y apuntó que es “importante la afirmación categórica del ‘no’ a los indultos y a la amnistía”. Después del 18 de febrero se hará el control de daños.
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