Casi dos millones de ciudadanos vascos están convocados a elegir a su presidente autonómico o lehendakari en las elecciones vascas del próximo domingo 21 de abril. Con la campaña electoral ya lanzada, y el primer debate electoral celebrado, todo apunta a que el nuevo candidato del PNV, Imanol Pradales, conseguirá ser la fuerza más votada por muy poco, con EH Bildu y su nueva cara, Pello Otxandiano, pisándole los talones.

En esta escenario, los partidos y coaliciones debaten e incluyen por primera vez en sus programas electorales diferentes ideas relacionadas sobre cómo desarrollar la política penitenciaria en la comunidad vasca, debido a que estos son los primeros comicios autonómicos que se celebran con el Gobierno regional gestionando la competencias de prisiones, una responsabilidad que fue transferida por el Gobierno central en octubre de 2022.

Uno de los que más desarrolla este apartado, como no podía ser de otro modo, es EH Bildu, la coalición electoral que tiene como fuerza estructural a Sortu, el partido heredero de HB-Batasuna, el viejo brazo político de la organización terrorista ETA. No en vano, este espacio político siempre ha exigido la amnistía para aquellos que colocaban coches-bomba, dieron tiros en la nuca o secuestraron y ahora es partidario de su excarcelación inmedita.

En la actualidad, hay 120 miembros de la organización terrorista ETA cumpliendo condena en los centros penitenciarios del País Vasco. De ellos, 70 en la cárcel de Zaballa (Álava), 18 en la prisión de Basauri (Vizcaya), 30 en la prisión de Martutena (Guipúzcoa) y 1 en la de Lasarte-Oria (Guipúzcoa). A los que se suman otros 9 que están ahora en régimen de libertad. A ellos, se suman otros 6 etarras en la cárcel de Pamplona (Navarra) y 8 en Francia.

Centrados en ellos, el programa de EH Bildu apuesta por un «programa especializado para fomentar el régimen abierto, a fin de que la progresión de grado vaya de la más eficaz y rápida manera posible, así como para desarrollar un plan estratégico de medidas alternativas que no priven de libertad, fomentado programas que se completarán con medidas de seguridad y penas que privan de derechos».

Insisten en este tema, y hablan de la «implementación de medidas, incluidas las de justicia transicional y restaurativa para que los pasos que den y las solicitudes que hagan las personas presas tengan consecuencias inmediatas en base al contexto social y político actual. Impulsar una política penitenciaria que conlleve la aplicación temprana, de medidas de régimen abierto, progresión al tercer grado y libertad condicional».

Abogan asimismo por una «reorganización de los recursos de régimen abierto (viviendas tuteladas, viviendas supervisadas, pequeñas residencias, pensiones…) en cooperación con el sector terciario», así como por desarrollar un plan que facilite la reintegración en la sociedad de aquellos que han cumplido las penas más largas –terroristas, en su gran mayoría– facilitándoles el acceso al trabajo y a la vivienda.

La coalición que lideran Pello Otxandiano y Arnaldo Otegi plantea el problema que supone que los jueces de la Audiencia Nacional estén echando para atrás algunas de las excarcelaciones de terroristas de ETA en prisión que aprueba el Gobierno vasco y propone que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haga las modificaciones legales oportunas para que esto se pueda solucionar y los etarras salgan de las cárceles al ritmo que se marca desde el Gobierno autonómico.

El programa electoral de la coalición no habla de qué tipo de modificación legal se debería hacer, simplemente habla de «la necesaria transformación legal» para realizar «la transición desde la excepción a la ley ordinaria», y avanza que su propósito es encauzar «el consenso de la mayoría socio-política vasca para que las Cortes españolas den los pasos legales oportunos«.