La aprobación de los presupuestos generales del Estado (PGE) representa uno de los asuntos más importantes y complejos que enfrenta el Gobierno cada año, y no solo es complejo de negociar si no tiene mayoría absoluta, como es el caso, sino que entra el juego el tic tac del reloj, al haber un tiempo límite.

En este caso, le quedan cuatro semanas de margen para su presentación, puesto que la fecha límite es el 30 de septiembre, y hasta el 31 de diciembre para su aprobación. Sin embargo, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, espera que las cuentas del Estado estén listas antes de esa fecha, ya que según la Constitución española, el Gobierno debe presentar el proyecto de presupuestos al Congreso “al menos tres meses antes de la expiración de las cuentas del año anterior”, con lo que tendría que estar a principios de octubre.

La elaboración y aprobación de los presupuestos no solo determina la gestión de los recursos públicos, sino que también define las prioridades políticas y económicas del país. En la actualidad, este proceso se ha vuelto especialmente delicado debido a los recientes acontecimientos políticos y económicos que han influido en el curso de las decisiones, con dos «frentes» abiertos para llegar a un acuerdo: un sí de Junts y ERC o incluso la abstención del Partido Popular.

La aprobación de los presupuestos no es una tarea sencilla, no solo por lo farragoso de las negociaciones, sino por todo el entramado formal: implica cumplir una serie de pasos legislativos y obtener el apoyo necesario en el Parlamento.

El contexto político y económico actual: el reto para los PGE de 2025

El proceso de elaboración de los presupuestos generales del Estado 2025 está marcado por una situación política compleja y un contexto económico incierto. El Gobierno se enfrenta a un escenario de aritmética parlamentaria difícil, en el que necesita lograr acuerdos con diversas fuerzas políticas para poder sacar adelante las cuentas públicas. Esta situación se ha visto agravada por las tensiones internas entre partidos y los constantes desafíos de la oposición.

Ya hubo una «primera parte» del «partido» en julio, con una primera versión que rechazó el Congreso, tras la negativa en el último momento de Junts. Significaba volver a empezar.

En cuanto a la economía, el panorama no es más sencillo. Factores como la inflación, la deuda pública y la necesidad de cumplir con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea han añadido presión al proceso presupuestario. La Unión Europea exige, por ejemplo, reducir el déficit público al 2,5 % del PIB en 2025.

Además, las reglas fiscales europeas se han endurecido, lo que exige una mayor disciplina en el manejo de los recursos públicos, por no hablar de ajustarse a lo que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Desafíos en la aprobación de los presupuestos

Uno de los principales obstáculos en el proceso de aprobación de los presupuestos 2025 es la necesidad de alcanzar consensos con distintos grupos parlamentarios. Dado que el Gobierno no cuenta con una mayoría absoluta, ha tenido que negociar con partidos como Junts y ERC, lo que ha añadido más complejidad al proceso.

A esto se suma la postura de la oposición, que ha mostrado una fuerte resistencia a las propuestas gubernamentales, especialmente en lo relacionado con el techo de gasto y las metas de déficit. La negativa del Senado, dominado por la oposición, ha obligado al Gobierno a buscar alternativas para salvar el proceso.

Además, existe la posibilidad de que la negociación de los presupuestos esté condicionada por otros temas políticos, como la deuda autonómica. La presión de algunos Gobiernos regionales, sobre todo en Canarias con Coalición Canaria y en Galicia con el BNG, para conseguir una condonación parcial de la deuda podría influir en el acuerdo final, lo que ha generado aún más incertidumbre. Un obstáculo tras otro.

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Consecuencias de un posible retraso en los Presupuestos

No es la primera vez que no se llega a tiempo para aprobar los Presupuestos, así que ¿es tan grave?

El retraso en la aprobación de los presupuestos podría tener serias repercusiones para la economía española. Si el Gobierno no logra sacar adelante el proyecto a tiempo y tiene que prorrogar los presupuestos actuales, como pasó el año pasado, limitaría la capacidad de reacción ante nuevos desafíos económicos.

Una de las principales consecuencias de no aprobar unos nuevos presupuestos es la falta de flexibilidad en el gasto público. Esto afectaría especialmente a áreas clave como las infraestructuras y los programas sociales, que podrían ver reducidos sus fondos en un momento en el que son más necesarios que nunca. Supondría seguir aún con los Presupuestos de 2023, una prórroga sobre una prórroga.

Otro aspecto crítico es el impacto que la falta de un acuerdo presupuestario podría tener en la credibilidad del país a nivel internacional. Los mercados financieros y las instituciones europeas siguen de cerca la evolución de los presupuestos, y cualquier signo de inestabilidad podría aumentar la desconfianza y elevar los costes de financiación de la deuda.