La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de desestimar el recurso de Carles Puigdemont y Toni Comín contra el Parlamento Europeo por no haberles reconocido como eurodiputados tras las elecciones de 2019 es una excelente noticia. Lo es, desde luego, para los que durante años hemos peleado por la suspensión de los privilegios de unos fugados de la Justicia; pero sobre todo es un buen día para la democracia y la justicia de España y Europa.

Es además una noticia que deja en pésimo lugar al Gobierno socialista de Sánchez. Ahora les cuento por qué. Y una decisión que tiene más calado de lo que parece: ha habido unas personas en la Eurocámara que han actuado y han votado como eurodiputados cuando no podían hacerlo. ¿Quién paga las consecuencias?

La historia es sencilla: ni Puigdemont ni sus compañeros -Clara Ponsatí, Toni Comín y Jordi Soler— cumplieron con los requisitos legales después de haber sido elegidos en las elecciones europeas de mayo de 2019. No acataron la Constitución; no cumplieron con la ley; no tenían derecho a recoger su acta de eurodiputado. Así lo entendió el entonces presidente saliente del Parlamento, el popular Antonio Tajani.

Román Cendoya

Lamentablemente, su sucesor, el también italiano David Sassoli, socialista, decidió el 20 de enero de 2020 -obviando la opinión legal del Parlamento- reconocer la condición de eurodiputados de Puigdemont y sus compañeros. No consultó a la Junta Electoral Central y dio luz verde a este fraude de ley.

El Gobierno español protestaría, ¿verdad? No, no protestó. No dijo nada y dejó pasar los dos meses que tenía para denunciar tal cacicada que reventaba el principio de igualdad entre ciudadanos. Luego hemos entendido bien la razón: fue un puro cálculo de probabilidades, una inversión de futuro. Pero sigamos.

«Ha habido que soportar en la Eurocámara cuatro años y medio a personas que no tenían que estar allí, votando e interviniendo en todo tipo de asuntos»

La Junta Electoral Central, posteriormente y a preguntas de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo que tuve el honor de presidir, se mantuvo firme en su mensaje a la presidenta Roberta Metsola –que reemplazó en 2022 al repentinamente fallecido Sassoli— y certificó que no iba a expedir las credenciales en las que se basa la comunicación oficial de la adquisición de la condición de diputado. Y no lo iba a hacer para cumplir la ley, en concreto, el artículo 224.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). El Supremo lo confirmó y el Tribunal General de la UE, en sentencia de julio de 2022, estableció que el Parlamento Europeo «carece de competencias para resolver las controversias que radiquen en las disposiciones del Derecho nacional» de los Estados miembros. Los fugados recurrieron. Hoy tenemos el resultado de su recurso.

¿Por qué Sánchez no hizo nada para corregir la fraudulenta decisión de Sassoli? La concesión de la plena condición de diputados podría haber sido revocada por la justicia europea si España hubiese recurrido la decisión. ¿Qué planes tenía ya en la cabeza el presidente del Gobierno como para hacer ese favor a los separatistas que estaban en situación de fraude? No se pueden imaginar –o sí—las presiones sufridas por el Comité que yo presidía cuando logramos el levantamiento de la impunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí para poder ser juzgados en España por sedición y malversación: presiones del independentismo y, lo peor, la connivencia en la práctica del Gobierno al eliminar el delito de sedición y abaratar la malversación.

El plan de las concesiones al independentismo venía de lejos, es evidente. Y la responsabilidad por inacción de Sánchez en la situación que acaba de resolver el TJUE es muy grave: no movió un dedo en un caso flagrante de violación de las leyes españolas y europeas. Renunció a sus obligaciones.

La mala noticia –alguna tenía que haber— es que ha habido que soportar en la Eurocámara cuatro años y medio a personas que no tenían que estar allí, votando e interviniendo en todo tipo de asuntos… Que no tenían derecho, desde luego, a recibir en su despacho oficial al enviado del PSOE, Santos Cerdán, el 30 de octubre de 2023 para negociar el respaldo de los siete votos de Junts imprescindibles para la investidura de Sánchez. Aquella fue, no hay ninguna duda, una etapa más en un plan organizado que venía de lejos y que llegaría hasta donde ha llegado.

La buena noticia es que ahora es mucho más difícil que ocurra un fraude de ley similar, en España o en otro país europeo. Pueden ser eurodiputados los elegidos que cumplen con las leyes democráticas de sus países, no aquellos que actúan contra el país que representan, que denigran la democracia de la que se aprovechan y que quieren boicotear las leyes y el marco constitucional que les garantizan precisamente las reglas de juego. Y eso es tan grave como la pasividad que permitió hacerlo; como la responsabilidad de haber organizado un plan con toda frialdad y cálculo para mantenerse en el poder a cualquier precio y con cualquier apoyo.