En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni, líder del partido patriota y conservador Hermanos de Italia, está preparando un nuevo decreto que castigará con hasta dos años de cárcel el corte de carreteras o vías férreas y prohibirá a los inmigrantes ilegales comprar una tarjeta para su móvil si no tienen un permiso.

El decreto incluye otras medidas, como la inclusión de la ocupación de viviendas, que se castigará con penas de dos a siete años de cárcel. Del mismo modo, utilizar a un menor para mendigar estará castigado con hasta cinco años de prisión.

El nuevo decreto-ley también establece medidas más duras para las ONG de rescate: las entidades que sobrevuelen el Mediterráneo para identificar barcos de inmigrantes y no comuniquen «inmediatamente y con prioridad» su actividad a las autoridades serán multadas con hasta 10.000 euros y la retención de la propia avioneta.

La oposición no ha tardado en bautizar esta medida como el decreto «Anti-Gandhi». Para la CGIL, el principal sindicato del país, este decreto es un ataque directo a la libertad de manifestación. «Lo que antes era considerado una infracción administrativa ahora pasa a ser un delito penal. Incluso protestar de manera pacífica. Por eso hemos decidido llamarla ley Anti-Gandhi», afirmó Lara Ghiglione, líder del CGIL, que espera que la Corte Constitucional impida su aprobación.

El Consejo de Estado en Francia ha ratificado el estatus de refugiado para un ciudadano argelino condenado en 2019 a cuatro años de prisión por la violación de una menor de 15 años, según ha informado el diario Le Figaro. Esta decisión del máximo tribunal administrativo respalda el fallo anterior emitido por la Corte Nacional de Asilo (CNDA), que también había dictaminado en favor del argelino.

El caso fue presentado ante el Consejo de Estado por la Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y Apátridas (Ofpra), que había negado el estatus de refugiado en noviembre de 2020 por la condena a la que había sido sometido Sin embargo, el condenado recurrió esta decisión ante la CNDA, que finalmente anuló la denegación, destacando que el ciudadano argelino había participado voluntariamente en programas de rehabilitación y procesos de integración profesional desde su encarcelamiento, lo que había llevado a una reducción de su condena.

La defensa del acusado fue presentada por su abogada, Isabelle Zribi, quien explicó que su cliente estaba en pleno proceso de transición de género, con la intención de convertirse en mujer, y temía ser objeto de persecuciones en Argelia debido a su orientación sexual y su identidad de género. La abogada argumentó que este temor justificaba la necesidad de protección internacional.

La CNDA (Corte Nacional de Asilo), en su dictamen, consideró que las pruebas presentadas en el expediente, así como las declaraciones del solicitante, identificadas como Mehdi F., eran lo suficientemente consistentes y espontáneas para acreditar tanto su identidad transgénero como su orientación sexual, y, en consecuencia, las probables persecuciones a las que se enfrentaría si regresaba a su país de origen.

Finalmente, el 15 de julio, el Consejo de Estado validó el estatus de refugiado del ciudadano argelino, desestimando el recurso presentado por la Ofpra y otorgando la razón al fallo de la CNDA. Le Figaro destacó que esta resolución pone fin a un largo proceso judicial que giraba en torno a la situación del solicitante y las circunstancias en torno a su condena.

Los inmigrantes ilegales que están alojados en hoteles del Reino Unido seguirán allí durante los tres próximos años por retrasos en los trámites de solicitud de asilo, que se van a alargar mucho más de lo que el Ejecutivo que lidera Keir Starmer esperaba. En la actualidad, casi 30.000 inmigrantes viven en más de 250 hoteles del país, lo que supone un coste para el Estado de 4,2 millones de libras esterlinas al día.

La noticia contradice lo que Starmer prometió en el manifiesto electoral del Partido Laborista en el que aseguró que quería «acabar con los hoteles para solicitantes de asilo, ahorrando miles de millones de libras al contribuyente». La formación no estableció entonces un plazo para cerrar los hoteles, pero se esperaba que el Ministerio del Interior lo hiciera dentro de un año. Sin embargo, la titular de esta cartera, Yvette Cooper, y otros miembros del Gobierno han admitido en privado que cumplir esta promesa electoral llevará mucho más tiempo de lo esperado, según asegura el diario británico The Times.

Cooper ha explicado que espera que Interior pueda resolver 87.217 solicitudes en un plazo de entre 12 a 18 meses y así mejorar la tasa de resolución. Sin embargo, existen otras 137.525 peticiones a la espera del resultado de apelaciones o de la expulsión de los solicitantes, algo que no depende de forma directa de su Ministerio. Es decir, en total hay 224.742 solicitudes de asilo pendientes, lo que va a retrasar el desalojo de los hoteles.

El problema se agrava por la llegada continua de pequeñas embarcaciones con inmigrantes ilegales al Reino Unido. Más de 25.000 personas han llegado este año, más de 10.000 de ellas desde que el Partido Laborista asumió el poder el 5 de julio.

«Va a llevar mucho más tiempo despejarlos de lo que anticipamos. Ciertamente no se resolverá en un año», han confesado fuentes laboristas al citado periódico. Estas fuentes también culpan al anterior Ejecutivo del previsible atraso: «Hemos heredado un sistema de inmigración completamente fallido de los tories. Incluye gastar más de 700 millones de libras en Ruanda y medidas que no funcionaron. Estamos trabajando para reducir el atraso que dejaron, claramente no hicieron nada en los meses previos a las elecciones. Los números hablan por sí solos».

Hasta junio, había 29.585 inmigrantes en hoteles, otros 61.778 en alojamientos dispersos, pequeñas viviendas privadas distribuidas por todo el país y antiguos dormitorios universitarios. Y aunque esta cifra ha bajado desde un pico de 56.042 en 398 hoteles en septiembre del año pasado, cuando el coste superaba los ocho millones de libras al día, el precio sigue siendo muy alto.