La cara oculta de toda adopción o compra de un animal de compañía es la posibilidad de que acabe abandonado. España, según datos del pasado mes de agosto, está a la cabeza como país europeo que más abandonos comete durante los meses de verano, «un problema presente los 365 días del año, con cifras que rondan los 300.000 animales», pese a las numerosas campañas de concienciación y la entrada en vigor en 2023 de la Ley de Bienestar Animal, que lo penaliza como una «infracción grave» y multas que van de los 10.000 hasta los 50.000 euros. Sin embargo, si movemos el foco a un plano más amplio, la compraventa de animales de manera fraudulenta es uno de los negocios ilegales más lucrativos que existen.
Según datos de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), en el caso las mascotas caninas, «el comercio ilegal ocurre cuando las crías son introducidas de contrabando a través de las fronteras de la Unión Europea», sin protección adecuada contra enfermedades –la rabia entre las más destacables–, sin microchips ni el «pasaporte obligatorio para animales de familias de la UE». Una investigación realizada por PETA en 2023 reveló más de «200 documentos de transporte que probaron el tráfico de más de 6.000 cachorros», los cuales provenían de países de Europa del Este –Bulgaria, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Polonia y Hungría– cuya operación se valoraba, aproximadamente, en ganancias de unos 3 millones de euros. Dicha investigación aclaraba que «los involucrados eran tanto veterinarios que expedían los documentos falsificados y certificados de vacunas nunca aplicadas como personal variado de las áreas de comercio, cría, transporte y venta».
Recientemente, en aras de fortalecer la batalla contra estas redes de comercio ilícito, la Unión Europea ha puesto en marcha un reglamento para favorecer el bienestar y la trazabilidad de los animales con una propuesta abierta a los organismos de los países pero también a la participación de la ciudadanía. Mediante esta homogeneización en los criterios podría allanarse el camino a la hora de indagar en las procedencias de las crías y, sobre todo, detectar el origen de la problemática que supone la expansión de las enfermedades causadas por la falta de vigilancia sanitaria, según el testimonio de María González, miembro de la asociación INTERcids, formada por «profesionales pertenecientes al sistema de operadores jurídicos en España expertos en protección animal».
Un negocio salvaje
Por otro lado, habría que añadir el impacto medioambiental por la invasión en los hábitats naturales de otras especies, especialmente de aves y roedores, de los que se contabilizan casi 20 millones, «cuatro ratas por cada diez habitantes», según afirma un reportaje de La Sexta.
El 60% de las especies son compradas a través de internet, lo cual complica la localización de los consumidores y la verificación de las autoridades
Además, se ha informado que el 60% de las personas compran los animales por internet, lo que complica la localización de consumidores y la verificación de las autoridades. Según González, la futura normativa incluirá «la interoperabilidad de los Estados en los registros para la identificación de las mascotas», regulando asimismo la figura veterinaria que asigne el establecimiento para asegurarse del bienestar animal y consecuente cría, programa de alimentación, supervisión higiénica, etc.
España es uno de los puertos mundiales para este tipo de tráfico, siendo «la puerta de Europa, desde Algeciras, Canarias y Valencia, por su proximidad con otros continentes donde se encuentran los países de origen de las especies robadas, especialmente África y Latinoamérica, llegando así a nuestro país miles de especies de animales y plantas», según la información recogida en la página web de WWF.
La oenegé especifica que algunas de las especies con las que más se trafica son los orangutanes, los elefantes, los tigres, estos dos últimos por sus colmillos y su piel respectivamente, el jaguar, también por la vistosidad de su pelaje, o el pangolín, desde Asia.
Siempre tratándose de números redondeados, la realidad de esta situación no estriba únicamente en lo que las autoridades puedan hacer para enfrentarse a las irregularidades que ponen en jaque a más de 5.000 especies, sino el dudoso planteamiento que es el precio de cualquier negocio, independientemente de la carga animal, vegetal o humana que se mercantilice.