La okupación ilegal de viviendas sigue creciendo en España, afectando no sólo a propiedades privadas, sino también a aquellas gestionadas por organismos públicos. Según el Portal de Transparencia, la empresa pública adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ADIF, cuenta con más de 146 inmuebles okupados en todo el país, la mayoría edificios residenciales, aunque también hay tres locales comerciales.
Cataluña y Andalucía concentran un 75% de estas okupaciones, con 63 inmuebles okupados en Cataluña (43%) y 46 en Andalucía (31%). En contraste, en comunidades como Madrid o Castilla y León, el número de propiedades okupadas es mucho menor, con siete y seis inmuebles, respectivamente. Según fuentes del sector, esta disparidad podría estar relacionada con la mayor cantidad de propiedades que ADIF posee en Cataluña y Andalucía, además de las políticas más permisivas en Cataluña que han favorecido un aumento de este problema en los últimos años.
Un caso concreto ocurrió en Tarragona, donde varias familias okuparon un bloque de ocho pisos propiedad de ADIF que llevaba más de una década abandonado. El edificio, que anteriormente albergaba a trabajadores ferroviarios, refleja una situación que no es exclusiva de esta empresa pública ya que dispone de diversos tipos de inmuebles en venta o alquiler, desde espacios comerciales en estaciones hasta viviendas de su patrimonio inmobiliario.
Cuando los inmuebles no se adjudican en subasta pública, ADIF puede venderlos directamente, manteniendo el precio mínimo de licitación establecido previamente. En algunos casos, se aplican condiciones adicionales, como en las ventas por concurso. Sin embargo, estas operaciones suelen realizarse de manera puntual y no resuelven el problema de las okupaciones ilegales que afecta a parte de su inventario.