La autora Alison Jamieson describió una vez la lucha contra el crimen organizado en Italia como el “sube y baja entre la mafia y la antimafia” . Ha habido muchos altibajos en esta larga historia, pero, en este momento, parece que el sube y baja está del lado de la mafia.
Se podría decir que Benito Mussolini casi logró erradicar a los grupos mafiosos durante su dictadura. Cuando el propio régimen es el intimidador, no hay mucho espacio para que los criminales puedan operar.
Sin embargo, la agenda derechista del actual gobierno está teniendo una influencia negativa en la lucha contra la mafia. En nombre de la “eficiencia” y la “privacidad”, se están manipulando leyes que han demostrado su eficacia en la lucha contra los grupos mafiosos y la corrupción.
Los fiscales, la policía y las asociaciones de la sociedad civil se han visto en la ruina por una administración que no parece querer hablar de las actividades y la infiltración de la mafia. Mientras tanto, las reformas en los medios de comunicación y en la vida pública están teniendo peligrosas repercusiones.
1. Hacer imposible informar sobre la mafia
Desde que llegó al poder, el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni ha estado introduciendo reformas restrictivas en los medios de comunicación . Ya sea intencionalmente o no, estas están dificultando la cobertura de la mafia.
Mientras que antes a los periodistas se les permitía informar sobre todas las pruebas de una investigación sobre la mafia, un cambio en la ley pronto limitará esto a solo citar registros telefónicos interceptados seleccionados utilizados por los jueces de investigación preliminar en su orden previa al arresto, no evidencia de toda la investigación.
Tampoco podrán citar directamente todas las llamadas interceptadas hasta que concluyan las investigaciones, lo que limita su capacidad de informar sobre las complejas actividades y redes de la mafia.
2. Abolición del delito de abuso de poder
El gobierno italiano también ha abolido el delito de “abuso d’ufficio” (abuso de cargo), lo que también ha tenido implicaciones para prevenir el crimen organizado. Se ha argumentado que esta medida era necesaria porque la ley limitaba los poderes de toma de decisiones de los administradores locales. Al parecer, estos tenían especial miedo de ser acusados de comportamiento inapropiado en los procesos de licitación pública.
Sin embargo, la abolición de esta ley ha facilitado que los funcionarios públicos incurran en prácticas irregulares como el clientelismo (trato preferencial a cambio de apoyo político), el nepotismo y la corrupción, que son elementos clave de cualquier infraestructura del crimen organizado. Esta reforma ha abierto potencialmente las puertas a más delitos de cuello blanco a nivel local.
3. Limitar el uso de escuchas telefónicas
El uso de la interceptación para infiltrarse en las comunicaciones es controvertido en algunos países, pero en Italia ha sido una herramienta vital contra la mafia. La recopilación de pruebas mediante la escucha de conversaciones y espacios privados ha sido una de las tácticas más importantes y eficientes para comprender las estrategias, dinámicas y actividades de la mafia a lo largo de las décadas.
Sin embargo, una nueva ley que se está tramitando en el Parlamento limitará a las autoridades a controlar únicamente las llamadas de un sospechoso durante un máximo de 45 días, a menos que existan circunstancias excepcionales. Los sospechosos de mafia y terrorismo están excluidos de este cambio, pero se aplicará a los delitos adyacentes a los casos de mafia, que a menudo son cruciales para acorralar al crimen organizado.
Reducir el uso de esta herramienta significa no investigar los círculos más amplios de facilitadores y facilitadores de la mafia, como abogados, contables y socios comerciales. Centrarse en esta zona gris es a menudo la mejor ruta hacia el centro. Al reducir la eficacia de esta herramienta, será más difícil procesar a los facilitadores de la mafia, lo que permitirá a la mafia reforzar su poder social y económico.
4. Recortar el apoyo a los testigos del Estado
Los testigos del Estado –delincuentes que revelan sus crímenes y colaboran con el Estado a cambio de una nueva vida e identidad– han hecho una enorme contribución a la lucha contra la mafia. Voces de personas con información privilegiada, como la del gánster siciliano de alto rango Tommaso Buscetta, han cambiado el juego de la lucha contra la mafia.
En 1984, Buscetta proporcionó pruebas concretas de lo que los fiscales creían que estaba sucediendo en Sicilia, lo que dio lugar a importantes avances. En ese momento, el estado italiano no podía protegerlo, por lo que las autoridades estadounidenses intervinieron para proteger a Buscetta después de que este se delatara a sus antiguos socios.
En 1991, el legendario juez antimafia Giovanni Falcone estableció en Italia un programa estatal de protección de testigos: un régimen estricto de protección y un contrato entre el Estado y los ex delincuentes. En 2001, todos los partidos políticos lo diluyeron, lo que hizo que fuera menos atractivo convertirse en testigo del Estado. En 2024, se está debilitando nuevamente.
Los testigos del Estado ya no reciben automáticamente una suma global para comenzar una nueva vida después de colaborar con el Estado. La agencia estatal que gestiona este acuerdo ha decidido retener la suma global porque, según afirma, estos testigos deben al Estado servicios que incluyen costas judiciales y penitenciarias, multas y otras sanciones .
Este “paquete de indemnización” ha sido durante mucho tiempo un incentivo importante para cualquiera que esté pensando en arriesgar su vida para volverse contra la mafia. A menudo se utiliza para comprar una casa o iniciar un negocio.
Luigi Li Gotti, famoso abogado penalista, y Gian Carlo Caselli, ex fiscal jefe de Palermo, han denunciado abiertamente esta situación.
Una lucha antimafia cojeante
Italia ha sido un líder mundial en la lucha contra el crimen organizado desde que comenzó a tomar el problema en serio en la década de 1990. Pero los cambios recientes están socavando lentamente este estatus.
Las mafias italianas son, por definición, organizaciones complejas e insidiosas. Se necesitan leyes para abordar sus múltiples actividades y cómplices, especialmente a medida que se expanden al extranjero . Los mecanismos legales establecidos en la década de 1990 existen por una razón y no deberían modificarse sin una reflexión cuidadosa. De lo contrario, todos podemos pagar el precio.