Los servicios sociales tienen un nivel de desarrollo débil, existe una disparidad de esfuerzos y coberturas entre las comunidades autónomas -desde 773 euros de gasto por habitante y año a 120 euros-, y las regiones más endeudadas no tienen mejores prestaciones.

Son algunas de las conclusiones de una evaluación realizada por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que han elaborado un índice para medir el desarrollo de los servicios sociales en las diecisiete comunidades autónomas, según la relevancia económica, la cobertura a la ciudadanía y los derechos y la decisión política.

Castilla y León es la comunidad autónoma con mejor índice de desarrollo de sus servicios sociales (6,90 sobre diez), seguida de País Vasco y La Rioja (ambas con 6,70), mientras que la Comunidad Valenciana (0,80), Canarias (1,80) y Madrid (2,50) son las que peor calificación tienen.

El estudio, que ha sido presentado hoy, refleja que ninguna comunidad alcanza un nivel de desarrollo «excelente» ni tampoco «alto» o «medio alto», de hecho, las cuatro comunidades con mayor desarrollo de sus servicios sociales solo alcanzan la calificación de «medio».

Así, las estadísticas indican que la media de desarrollo en el conjunto de las autonomías no aprueba: 4,7 puntos sobre 10, y obtiene una calificación global de «débil«.

Además, el presidente de esta asociación, José Manuel Ramírez, ha advertido de la «tendencia negativa» que puede sufrir este indicador, ya que se elaboró con datos de 2010, «y algunas CCAA están haciendo una regresión espectacular».

Según el informe, las comunidades que alcanzan un mayor desarrollo de sus servicios sociales no son aquellas que registran un déficit superior en sus cuentas, ya que País Vasco y Navarra, que son junto con Castilla y León y La Rioja las que mejor puntuación obtienen, son de las menos endeudadas de todo el Estado.

Por contra, las comunidades cuyo progreso en los servicios sociales es «irrelevante«, según la evaluación, son las que tienen un mayor déficit en sus presupuestos. En este sentido, destaca la Comunidad Valenciana que tiene el peor desarrollo de sus servicios sociales y Canarias, que le sigue, y son las que cuentan con un endeudamiento «de los más abultados» del país.

Por ello, los autores del estudio -Gustavo García y José Manuel Ramírez- sostienen que estos resultados «desmontan cualquier intento de culpar al gasto en servicios sociales del abultado déficit de algunas comunidades autónomas», es más, subrayan que este sector puede ser «decisivo» no sólo para proteger a los más vulnerables, sino como «potente» motor de desarrollo y creación de empleo.

País Vasco es la región que más gasto destina por habitante y año a estos servicios -773 euros-, seguida de Navarra -488- y Castilla-La Mancha -467-, mientras que Baleares -con 120 euros- ocupa el último lugar y en una posición cercana la Comunidad Valenciana -129 euros-. No obstante, el informe explica que el mayor desarrollo no siempre depende del esfuerzo económico, sino también de una gestión eficiente.

Así, explica que en Extremadura con un gasto de 354 euros por habitante y un porcentaje del 2,19 de su PIB presenta resultados más pobres en cobertura de prestaciones, centros y servicios, que comunidades como Castilla y León, con un gasto de 300 euros y un porcentaje del 1,36 por ciento de su PIB.

La asociación estatal de gerentes y directores urge al Estado a regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho a nivel básico de protección social, «corrigiendo la actual situación de inequidad en el acceso y disfrute de los servicios sociales».

Además, reclama al Gobierno que articule un sistema de información de servicios sociales y que exija a las Comunidades Autónomas el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.