El Gobierno de Israel ha conseguido el visto bueno definitivo de la Justicia para empezar a detener y deportar a inmigrantes africanos. De hecho, las fuerzas israelíes han arrestado este lunes a 55 personas, que se suman a las 25 detenciones de ayer efectuadas por la Brigada Oz, que se encarga de cumplir con los planes del Ejecutivo hebreo para expulsar a miles de ciudadanos sursudaneses y eritreos.

Poco importa que los detenidos contaran con el estatus, ya retirado, de “protección colectiva”, que impedía que fueran deportados ante los conflictos en sus países de origen. Especialmente preocupante es el caso de los sursudaneses, los más perseguidos, que tendrán que volver a una región donde la guerra contra Sudán ha generado medio millón de refugiados.

Las redadas, que ya habían comenzado hace días, cuentan con el respaldo del Tribunal de Distrito de Jerusalén, que rechazó el recurso que habían presentado diversas organizaciones de derechos humanos. Se calcula que en Israel residen de manera ilegal unos 60.000 inmigrantes, los llamados infliltrados, la mitad de los cuales son africanos, de los que -según el Gobierno- entre 1.000 y 1.500 serían sursudaneses, una cifra que ONG locales elevan a entre 5.000 y 7.000.

Decenas de afectados han protestado contra esta decisión y han salido a la calle con eslóganes como “Los sudaneses no somos cáncer”, “Somos refugiados, somos seres humanos”, “Somos refugiados, no enemigos” y “No somos infiltrados, somos refugiados”. Sin embargo, en el caso de que se nieguen a ser deportados, podrían hacer frente a penas de entre dos y cinco años de prisión de acuerdo a un cambio en la ley realizado recientemente por el Ministerio israelí del Interior que extiende el plazo para que las fuerzas de seguridad puedan mantener detenida a una persona que entre en el país de forma ilegal.

En las últimas semanas se han registrado crecientes protestas e incidentes violentos contra los inmigrantes africanos, a los que se les acusa de casos de violencia contra la población judía. Ante ello, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya dio la orden hace unos días de acelerar la deportación de los alrededor de 25.000 inmigrantes sin papeles de Sudán del Sur, Costa de Marfil, Ghana y Etiopía.

Todos ellos son “solicitantes de asilo”, según ha denunciado a Efe Orit Ruden, de la Organización de Ayuda a Refugiados y Solicitantes de Asilo (ASSAF). “La mayoría de ellos han esperado unos seis años para obtener respuesta a su solicitud, pero no lo han conseguido y ahora les quieren expulsar a Sudán del Sur, donde incuestionablemente se enfrentarán a una situación de riesgo, tanto desde el punto de vista de seguridad como del humanitario”, ha declarado la activista.

Las organizaciones también han criticado el doble juego utilizado por el Gobierno que no esperó a la decisión judicial para comenzar las redadas. “La corte ha decidido que está bien quitarles la protección colectiva, pero también ha establecido que tienen derecho a solicitar asilo de forma individual y, dos días después, las autoridades han comenzado a arrestar a familias y niños en mitad de la noche sin darles tiempo para pedir el estatus de refugiado”, ha puesto de manifiesto Ruden. La activista ha concluido que “no son criminales, no han cometido ningún delito. Han pedido sus derechos de forma legal, pero el Ministerio de Interior ha decidido tratarlos como criminales”.

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