MÉXICO, jul (IPS) – La forma en que se desarrollaron las elecciones el domingo pasado en México y su posible influencia sobre los resultados han generado un extendido descontento en la sociedad civil, debido especialmente a la eventual impunidad en que se cometieron las irregularidades denunciadas.
Las votaciones se convirtieron en una tienda de baratijas electoral, en la cual se practicaba la coacción y la compra de sufragios. Aunque observadores de estos comicios denuncian que lo hicieron los tres partidos mayoritarios, el más comprometido parece ser el virtual triunfador, el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI).
«El descontento proviene de que no puedo estar seguro de que existan 19 millones de personas que votaron por el PRI», dijo a IPS el ingeniero en sistemas Jaime Morelos, líder del proyecto de vigilancia electoral Hay Fe (http://hayfe.info/sitio/home.do), que consistió en invitar a los electores a enviar una fotografía del acta de los sufragios a su página electrónica.
La iniciativa recibió 60.000 reportes de mesas electorales, casi la mitad de las 143.000 habilitadas para votar, 5.000 de las cuales presentan inconsistencias en las cifras de conteo, aunque la organización aún no ha calculado el posible peso de esas incongruencias en los datos finales.
Los cómputos en los 300 distritos electorales, ejecutados entre el miércoles 4 y el jueves 5, confirmaron la ventaja de 6,73 por ciento del candidato de la coalición Compromiso por México, formada por el PRI y el Partido Verde, Enrique Peña, sobre el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
El postulante por la alianza Movimiento Progresista, compuesta por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo y Movimiento Ciudadano, ha rechazado los cómputos y acusó al PRI de haber llevado a cabo una compra masiva de votos, extremo negado por Peña.
«Hubo proselitismo, compra de votos, coacción, robo de urnas y quema de boletas. Hubo irregularidades de parte de los tres partidos (mayoritarios), pero especialmente del PRI», señaló a IPS el activista Édgar Tafoya, miembro de la Comisión de Vigilancia Electoral del Movimiento «#Yo Soy 132».
Este colectivo de estudiantes de universidades públicas y privadas, surgida en mayo y que hizo un seguimiento de los comicios del domingo, recibió más de 1.000 reportes sobre las anomalías que entregarán los distintos distritos a las autoridades nacionales y que aún no terminan de sistematizar. El 96 por ciento de las fotografías, videos y otros materiales recibidos se refieren a irregularidades atribuidas al PRI.
«#Yo Soy 132» tampoco reconoce la victoria de Peña, y en su declaración frente a los sufragios expresó: «Nuestra responsabilidad social nos obliga a denunciar una jornada electoral llena de irregularidades e ilícitos, que han provocado indignación en un amplio sector de la población».
La organización se definió como apartidista, pacífica, antineoliberal y en contra del líder del PRI, la tradicional agrupación política que gobernó México durante siete décadas consecutivas, hasta su primera derrota electoral en 2000, cuando se ungió como presidente Felipe Calderón, del conservador Partido Acción Nacional (PAN).
La no gubernamental Alianza Cívica (AC), también observadora en las elecciones, indicó que hubo algún tipo de irregularidad en la mitad de las casillas en las que sus enviados estuvieron presentes.
Aproximadamente 30 por ciento de los votos depositados en esos colegios electorales fueron coaccionados, y en 21 por ciento de los casos se quebrantó el secreto del sufragio, según el informe de AC.
De la muestra levantada, el PRI incurrió también en la mayor parte de casos de acarreo masivo de sufragistas y compra y coacción del voto, en 71 por ciento, seguido por el gobernante PAN, con 17 por ciento, y por el PRD, con nueve por ciento.
La plataforma Observación Electoral, estructurada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto Federal Electoral y la Fiscalía Especial para Delitos Electorales ha captado 1.514 reportes de incidentes como compra del sufragio, acarreo, propaganda prohibida e inconsistencias de los resultados.
Las diferentes páginas electrónicas creadas para la vigilancia ciudadana capturaron más de 63.000 fotografías de actas electorales, material que permite cotejarlas con los datos oficiales.
«Los movimientos necesitan herramientas para seguir en la lucha, para que no se queden como una instancia circunstancial y para que su aportación sea más fácil», puntualizó Morelos, cuyo equipo de 10 personas diseñó el sitio web y las aplicaciones tecnológicas utilizadas en el monitoreo.
Los inconformes se enfrentan a la dificultad de probar los ilícitos, tipificados en los códigos Penal y Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, puesto que tienen que presentar evidencias y testigos de los hechos.
«No estamos en condiciones de decir el peso de las denuncias en los resultados, pero es evidente que hay un peso», declaró a IPS la activista Gabriela Delgadillo, miembro del Comité
El malestar se expresará en una marcha convocada para este sábado 7 en las principales calles del centro de la capital mexicana y otras ciudades del país, para rechazar lo que consideran la imposición de Peña desde el poder político y económico.
La gesta estudiantil no se siente desanimado por la eventual victoria del nominado priista. «La vigilancia ciudadana es ya un triunfo del movimiento. Hemos contribuido a democratizar el país. Pero no vamos a impugnar o calificar la elección. Es tarea de otras instancias», enfatizó Tafoya, un estudiante de postgrado de Ciencias de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.
Los estudiantes han organizado un encuentro y convención nacional y una asamblea interuniversitaria para coaligarse con otras organizaciones y definir sus medidas frente al epílogo del proceso electoral.
Luego del cierre del escrutinio distrital, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe recibir la impugnación de los comicios y emitir su aval hasta septiembre próximo.
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