ÁFRICA Dos Guineas bajo la lupa de los derechos humanos Por Mario Queiroz

LISBOA, 11 jul (IPS) – Los cancilleres George Chicoti, de Angola, y Paulo Portas, de Portugal, coinciden en que las situaciones de la excolonia lusa de Guinea- Bissau y de la antigua posesión española de Guinea Ecuatorial son ya auténticos dolores de cabeza para la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

Reunidos este miércoles 11 en Lisboa, los ministros de Asuntos Exteriores de la CPLP se pronunciaron «por ahora» en contra el ingreso de Guinea Ecuatorial a la organización de los ocho estados lusófonos existentes en África, Asia, Europa y América.

Portas adelantó que Guinea Ecuatorial no será aceptada en la próxima cumbre de Maputo, ya que esa nación de África occidental no ha logrado «progresos suficientes» en materia de derechos humanos.

Por su parte, Chicoti, en su condición de jefe de la diplomacia del país presidente de turno de la CPLP, reconoció que la situación política en Guinea-Bissau es un «gran revés» para la comunidad lusófona.

La situación creada por el golpe de Estado de abril en Guinea-Bissau no logró ser resuelta durante el mandato de Angola, con lo cual le queda «un problema difícil a Mozambique», reconoció Chicoti.

Es que Mozambique asumirá la próxima presidencia anual rotativa de la CPLP durante la IX Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, a realizarse el 20 de este mes en Maputo.

Hacen parte de la CPLP con pleno derecho Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental. Pero debido a las oportunidades de cooperación internacional que ofrece el bloque, Guinea Ecuatorial, Senegal y Mauricio cuentan con el estatuto de «observadores asociados», en su calidad de excolonias lusas.

Guinea Ecuatorial se postula al ingreso como miembro pleno a la CPLP en razón del uso del portugués como segundo idioma junto al francés – el primero es el castellano- y debido a que fue una posesión de Lisboa entre 1471 y 1778, cuando pasó a manos de España en el mismo tratado en el que Portugal le cede a Colônia do Santíssimo Sacramento, la actual ciudad uruguaya de Colonia del Sacramento, frente a Buenos Aires.

Senegal, posesión lusa entre 1444 y 1639, y las islas Mauricio (actual Mauricio), que también fueron parte del imperio portugués de oriente entre 1505 y 1638, mantienen sus categorías de «observadores asociados».

Portas reconoció el progreso observado en la introducción del portugués como idioma oficial en Guinea Ecuatorial, pero puso énfasis en que, para Portugal, «las cuestiones de derechos humanos son prioritarias» y aun faltan muchos requisitos para que ese país pase de observador a miembro de pleno derecho, declinando comentar las posturas más tolerantes de Angola y de Brasil.

Ante un pedido de precisión de IPS a este respecto, Portas se limitó a subrayar que «Portugal no está en absoluto solo en esta posición» en relación con Guinea Ecuatorial sino que cuenta con el apoyo de una vasta mayoría de la CPLP, «en particular en el asunto del mantenimiento de la pena de muerte».

Ese pequeño país es gobernando desde 1979 por Teodoro Obiang, al mando de lo que es calificado como «una de las peores dictaduras cleptocráticas de África» por la no gubernamental Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (Asodegue.

Según Asodegue y otras organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe), la familia Obiang ha logrado amasar una cuantiosa fortuna en uno de los países con mayores carencias del mundo y que apenas tiene poco más de un millón de habitantes. La revista estadounidense Forbes la ubica entre las 10 más ricas del mundo.

Según el diario La Opinión, de las Islas Canarias, España, Obiang está bajo sospecha de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, que se declaró competente a partir de la querella interpuesta por la Apdhe en la cual sostiene que entre el 7 de junio de 2000 y el 11 de diciembre de 2003 se transfirieron a una entidad de este lugar 26,4 millones de dólares desde una cuenta en el Banco Riggs, de Nueva York, a nombre del gobierno guineano.

La publicación señala, además, que Obiang «podría estar realizando, en nombre del gobierno de Guinea Ecuatorial, transacciones bancarias a diferentes sociedades con pagos incrementados para sacar el dinero público del país, todo ello a costa de sus riquezas naturales».

A modo de ejemplo ilustrativo, La Opinión destaca que dos jueces franceses emitieron en junio una orden de arresto contra el hijo del presidente guineano, Teodorín Obiang, que está acusado de blanqueo de capitales y no se presentó a una citación en un juzgado de París.

Además, la justicia francesa ya ha embargado una gran cantidad de bienes a la familia Obiang, entre los cuales se cuenta un gran repertorio de coches deportivos de alta gama.

Los ríos de dinero que corren por ese país africano se explican por la gran producción petrolera de 400.000 barriles diarios, que lo ubican en tercer lugar en la materia detrás de Angola y Nigeria, que rondan cada uno alrededor de 1,8 millones de barriles.

En tanto, 4.500 kilómetros al norte, en Guinea-Bissau, los militares se mantienen en el poder a pesar de que según el canciller angoleño «la CPLP no reconoce otras entidades además de aquellas que estaban antes del golpe de Estado» de abril, en la víspera de la segunda ronda de la campaña electoral para las elecciones presidenciales.

La condena mundial por este hecho ha sido casi unánime, con la única excepción de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao).

Como un símbolo del rechazo, en la reunión de este miércoles en Lisboa ese país estuvo representado por Djaló Pires, canciller depuesto por el golpe de Estado.

El canciller angoleño Chicoti respondió a una consulta de IPS subrayando que «es necesario más dialogo entre la CPLP y la Cedeao» y reconoció que la última reunión sobre Guinea-Bissau «no fue conclusiva», por lo «no resultó ningún acuerdo».

Apuntó que «existe la capacidad para encontrar soluciones», pero para eso «es preciso más diálogo entre las dos comunidades, que permita expresar las opiniones y asumir una misma postura».

El poder en Bissau lo detenta un gobierno de transición, negociado entre el grupo de militares golpistas y la Cedeao, bajo el compromiso de celebrar elecciones dentro de un año. Sin embargo, las autoridades de transición no son reconocidas por el resto de la comunidad internacional

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=101173

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