 Seguidores del presidente de Egipto, Mohammad Morsi, protestan en la Plaza Tahrir de El Cairo contra la disolución del parlamento Crédito: Khaled Moussa al-Omrani/IPS
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El CAIRO, 16 jul (IPS) – El cuasi gobernante consejo militar de Egipto sale victorioso de la primera gran confrontación con el nuevo presidente islamista, referida a quién ejerce la autoridad legislativa.
«La Hermandad Musulmana y sus aliados pueden haberse impuesto en los comicios parlamentarios del año pasado, pero el Poder Legislativo permanece bajo control del ejército», dijo a IPS el analista político Magdi Sherif, jefe del Partido de los Guardianes de la Revolución, fundado durante el levantamiento de 2011 en la Plaza Tahrir.
«Y los últimos acontecimientos han arrastrado al conflicto también al Poder Judicial», agregó.
El 8 de julio, el primer presidente elegido en comicios libres de este país, Mohammad Morsi, una personalidad notable de la Hermandad Musulmana, expidió un decreto ejecutivo convocando a sesionar a los miembros de la Asamblea Popular, la cámara baja del parlamento.
El decreto llamaba asimismo a nuevas elecciones parlamentarias a celebrarse 60 días después de que un referendo aprobara el texto de una nueva Constitución.
Pero el 10 de julio, la Corte Constitucional «suspendió» la ejecución del decreto de Morsi con base en un dictamen propio y anterior, que establecía la disolución de la cámara baja. El alto tribunal llegó a sostener que sus decisiones eran «finales» e «irreversibles».
Al día siguiente, Morsi retrocedió. Prometió cumplir el dictamen del tribunal y aseveró que la Presidencia «respeta a la Corte Constitucional, a sus magistrados y todas las decisiones que expida la justicia de Egipto».
El decreto de Morsi, una de sus medidas más importantes como nuevo presidente, fue sorprendente. No solo contravenía una decisión de la Corte Constitucional, sino también una orden del consejo militar.
La batalla por la primacía legislativa comenzó a mediados de junio, cuando la Corte Constitucional falló que las normas que rigieron las elecciones legislativas del año pasado, y que dieron un categórico triunfo a la Hermandad Musulmana y a sus aliados islamistas, violaron la carta magna.
Al día siguiente, el consejo militar ordenó disolver la cámara baja del parlamento, en la que casi la mitad de los escaños estaban en poder del Partido de la Justicia y la Libertad, expresión política de la Hermandad Musulmana.
Muchos expertos en derecho siguen cuestionando la legitimidad de semejante orden.
«El dictamen de la Corte no esgrimió ningún argumento legal para disolver toda la asamblea», dijo a IPS el profesor de derecho constitucional de la Universidad de El Cairo, Atef al-Banna. «El tribunal solamente encontró cuestionables un tercio de los escaños, los reservados para independientes, pero que fueron ganados por candidatos partidarios».
Cuando Morsi ordenó abruptamente que la Asamblea Popular volviera a sesionar, dirigentes de la Hermandad dijeron que se trataba de un «reflejo de la voluntad popular». La decisión se tomó «por respeto a los más de 30 millones de egipcios que emitieron sus votos en los comicios parlamentarios», dijo uno de los líderes del Partido de la Justicia y la Libertad.
Autoridades y expertos en derecho constitucional discrepan entre sí acerca de la legalidad y constitucionalidad del decreto de Morsi.
«Expedir decretos es potestad del mandatario. El presidente de la República tiene autoridad para convocar a la Asamblea Popular cuando lo crea conveniente», dijo a IPS el profesor de derecho constitucional de la Universidad de El Cairo, Sarwat Badawi.
En su opinión, lo ilegal fue la orden inicial del consejo militar, «pues no fue expedida por una autoridad legítima». Ese órgano de las Fuerzas Armadas «no tiene facultades legales para disponer la disolución del parlamento», agregó.
«La Corte Constitucional, por su parte, solo tiene el mandato de dictaminar si algo es o no constitucional. Expedir recomendaciones sobre cómo deberían implementarse sus fallos, tal como hizo cuando llamó a disolver el parlamento, está fuera de sus potestades», agregó el profesor.
Con esta opinión discrepa enérgicamente Mohammad Hamed al-Gamal, expresidente del Consejo de Estado, máxima autoridad judicial en materia de disputas entre el público y los órganos estatales.
«La decisión de Morsi no tenía fundamento constitucional y estaba fuera de su autoridad», dijo Al-Gamal a IPS. «Es más, contravenía directamente tanto el dictamen de la Corte como el apéndice constitucional».
Al-Gamal se refiere a una reforma emitida el 17 de junio por el consejo militar, días después del dictamen inicial de la Corte Constitucional y de la segunda vuelta de las disputadas elecciones presidenciales de junio.
Esa polémica reforma constitucional amplió notablemente los poderes del consejo militar a expensas del parlamento y de la Presidencia, órganos democráticamente elegidos.
Además de transferir la autoridad legislativa de la disuelta Asamblea Popular al consejo militar, el apéndice también dio a los jefes de las Fuerzas Armadas varias prerrogativas ejecutivas, entre ellas nada menos que el derecho a declarar la guerra.
«Según el apéndice, el presidente comparte las potestades ejecutivas con el consejo militar», explicó a IPS el analista político Abdullah al-Sennawi. Es, «nada más y nada menos, que un golpe de Estado suave contra la transición democrática del Egipto posrevolucionario».
Para algunos, la puesta en reversa de Morsi respecto de su decreto de la semana pasada es una decisión estratégica. La Presidencia, y por extensión la Hermandad, están haciendo acopio de fuerzas para el objetivo fundamental: derogar el apéndice constitucional.
«El retroceso de Morsi sugiere que su decreto fue un globo sonda para medir el poder de la Presidencia frente al consejo militar», opinó Sherif. «Si la medida permanecía intocada y se permitía sesionar al parlamento, el mandatario hubiera podido dar más pasos para consolidar su poder con el propósito final de tumbar el apéndice y restringir el papel político que juegan los militares».
Mientras tanto, los seguidores del mandatario volvieron a desplegarse en la emblemática Plaza Tahrir desde mediados de junio, en cantidades variables, para protestar contra la disolución de la Asamblea Popular y contra el apéndice constitucional. Muchos denunciaron también a la judicatura como «politizada» y «repleta de miembros» del derrocado régimen de Hosni Mubarak (1981-2011).
«Los últimos dictámenes de la Corte Constitucional confirman que el Poder Judicial, al igual que la mayoría de las instituciones del Estado, sigue lleno de leales a Mubarak con planes contrarrevolucionarios», dijo desde la plaza a IPS el político Mohammad Aweida, dirigente del aún no legalizado Partido de la Unidad Árabe.
«La percepción de que los fallos de la Corte se están usando con fines políticos tiene asidero», coincidió Sherif. Basta considerar «la asombrosa oportunidad de su veredicto inicial para disolver el parlamento, expedido apenas días antes de la segunda vuelta presidencial».
«Más aun, a la Corte le llevó apenas 45 días arribar a su dictamen, cuando los fallos sobre grandes cuestiones constitucionales suelen llevar años», agregó Sherif
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