Nuevas leyes aprobadas esta semana por el Gobierno Federal de Brasil permiten a las autoridades usar las zonas de conservación hasta ahora consideradas como tierras indígenas, por ejemplo del Amazonas, sin necesidad de pedir autorización a las comunidades afectadas como lo señalaba la constitución.

Las comunidades indígenas lanzaron la alarma después que un decreto lanzado este martes 17 de julio de la Procuraduría General de la Unión (AGU), les permite disfrutar de los recursos naturales de sus tierras para uso de interés público de la Unión. El anuncio fue publicado en la Gaceta Oficial, la Ordenanza Nº 303.

Este decreto le da además la  libertad a la Policía Federal y a las Fuerzas Armadas para actuar en tierras indígenas sin consultar a las comunidades involucradas o a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).

La FUNAI informa que ellos son la entidad federal responsable de establecer y aplicar las políticas en el territorio indígena brasileño, según determinó la constitución del país en 1988.

El Consejo Indigenista Misionero (CIMI) emitió una inmediata carta de rechazo en respuesta a la decisión del Gobierno Federal. CIMI alega que el decreto cuenta con la «inestabilidad jurídica y política” y trata de “estancar los procedimientos del reconocimiento de la demarcación de tierras indígenas en el país», señala el comunicado.

«Es un acto más de profunda falta de respeto y una ofensa para los pueblos indígenas y sus derechos garantizados por la Constitución,» escribe CIMI en la carta, y añade que utilizarán todas las medidas legales para demostrar la ilegitimidad y de ilegalidad de esta ordenanza.

Este cambio en la legislación, sin embargo, no es el único que provoca trastornos en las áreas ambientales en el país. En mayo, una medida provisional (MP-558/12) fue aprobada causando una reducción arbitraria en los territorios de seis áreas protegidas en el Amazonas.

Para compensar el área de los bosques perdidos, dos áreas protegidas ganaron territorio. El objetivo era la legalización de una ocupación de la región y la regularización de las áreas, al ser inundadas por las represas hidroeléctricas.

En el proceso de aprobación de dicha medida provisional, el procurador general, Roberto Gurgel, la Corte Suprema dijo que los cambios en las áreas de los límites ambientales pueden ser realizados únicamente por ley.

De esta manera la MP-558/12 se convirtió en la Ley 12.678/12, de acuerdo con la Cámara de Diputados.

Usted puede ver el artículo en su versión original en La Gran Época de Brasil.