BOGOTÁ, 20 jul (IPS) – La sociedad «no les ve las lágrimas» a los indígenas, dijo a IPS la documentalista y antropóloga Marta Rodríguez, quien trabaja hace 40 años con los aborígenes del Cauca, departamento del sudoeste de Colombia.

La foto, muy publicitada, de un sargento que lloró esta semana mientras los indígenas desmontaban una base militar en territorio ancestral, levantó en las ciudades una ola de rechazo hacia el movimiento nativo. Este fue acusado por mandos militares de trabajar para las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y se anunció que sus líderes serán llevados a la justicia.

Líderes del actual levantamiento indígena en el norte del Cauca contra la guerra interna acordaron el jueves 19, con un enviado del presidente Juan Manuel Santos, iniciar el lunes 23 un «diálogo de alto nivel».

Será una mesa de concertación entre indígenas y gobierno, con presencia de la Organización de las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo (ombudsman) y el sacerdote Francisco De Roux, provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, como testigos.

Los indígenas reclaman que su territorio quede libre de campamentos guerrilleros, trincheras de la policía contrainsurgente y bases militares. Colombia vive una guerra interna de 48 años entre guerrillas izquierdistas y fuerzas estatales.

La intensificación de los combates «no ha servido para nada», porque no soluciona la confrontación ni la pobreza, y «no hay respeto por la vida», dijo a IPS el líder indígena Edilfredo Rivera, pues ambos bandos usan a la población civil como escudo.

También se quejan de que la guerrilla recluta a sus hijos y aseguran estar hartos de que los combates ocurran, literalmente, en el patio de sus casas.

El intento indígena de desmantelar esta semana dos bases militares desembocó el miércoles 18 en la muerte de un comunero de 22 años a manos del ejército y de otro joven el jueves 19, por un tiro de fusil cuyo origen no está confirmado.

Unos 30 nativos fueron heridos y se practicaron allanamientos contra dirigentes del pueblo nasa, la segunda etnia ancestral más numerosa de Colombia, con unos 120.000 integrantes.

El martes 17, cuando el presidente Santos visitó Toribío, capital nasa, más de 2.000 indígenas desmontaron una base militar que custodiaba dos antenas de compañías privadas de celulares en el cerro Berlín, sagrado para los nasa. La policía antimotines retomó el lugar violentamente en la madrugada siguiente. Los últimos acontecimientos que desembocaron en estos hechos comenzaron con un ataque de las FARC a la fortaleza de la policía contrainsurgente, situada en el casco urbano de Toribío, que duró varios días y en el que murió un niño y fueron heridas de gravedad la enfermera jefa del puesto de salud indígena y una médica.

Esa fue la gota que rebasó la paciencia nasa. El 9 de julio una comisión indígena desbarató las trincheras de la policía en Toribío, al tiempo que otra destruía un campamento de las FARC. La escena se repitió durante varios días en otros poblados.

Las autoridades del territorio de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) habían anunciado que la campaña de desmilitarización comenzaría el martes 17.

El jueves 19, la Guardia Indígena, una fuerza civil que blande solo bastones de mando, detuvo cerca de Toribío a cuatro presuntos milicianos de las FARC y les decomisó fusiles y morteros. Este viernes 20, un tribunal indígena comenzó su juzgamiento.

«El Estado nacional tiene que empezar por reconocer de veras la legitimidad de las autoridades indígenas tradicionales, tal y como lo consagran la Constitución y las leyes», instó en un artículo en la revista virtual Razón Pública el ecologista caucano Gustavo Wilches-Chaux.

«Los cabildos indígenas están constitucionalmente reconocidos como Estado en los territorios respectivos», recordó.

El polémico desalojo de los actores combatientes obedece a un mandato indígena emitido un año atrás, el 20 de julio de 2011, por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que federa 11 organizaciones como la ACIN. Días antes, las FARC habían atacado la fortaleza policial en Toribío, causando cuatro muertos, pánico y destrucción.

La documentalista Marta Rodríguez llegó al Cauca en los años 70 y siempre ha sido cercana a los indígenas. «Era una época en que recuperaron muchas tierras» invadiendo latifundios, contó.

Por ese entonces, las FARC solo bajaban a los pueblos a asaltar el banco estatal, pero no usaban armas de efecto indiscriminado, relató. «Ahora la guerra se trasladó a los pueblos», agregó Rodríguez, quien documenta hace más de un año la muerte de niños indígenas en la confrontación.

Para ella, el uso de minas antipersonal y de morteros de fabricación propia que hacen las FARC «deshumanizó la guerra completamente».

Rodríguez señaló que las FARC «tuvieron base indígena, tuvieron nasas» en sus filas, y también muchos aborígenes de esa región ingresaron en la década de 1980 a la guerrilla nacionalista M-19 (disuelta en 1991 mediante negociaciones de paz).

«El pueblo nasa es guerrero», dijo Rodríguez. Los conquistadores españoles nunca pudieron derrotarlos militarmente y terminaron negociando con ellos.

Como reacción a la toma de «muchísimas fincas» de terratenientes, estos contrataron sicarios y «mataron a muchos líderes» nativos, según Rodríguez, quien trabajó siete años para registrar esa gesta en «Nuestra voz de tierra», filme documental que realizó en 1982 junto a su esposo Jorge Silva, fallecido en 1987.

En 1984 surgió en el Cauca un comando guerrillero indígena, llamado «Quintín Lame», a raíz del asesinato del primer sacerdote católico nativo de Colombia, Álvaro Ulcué, por parte de dos agentes de inteligencia policial.

Entonces, «los indígenas dijeron: si no nos armamos nos van a acabar. El Quintín Lame estaba (integrado por) indígenas pertenecientes al CRIC»; pero esa organización les quitó el respaldo en un momento dado, rememoró Rodríguez.

«La Guardia Indígena nació cuando las FARC empezaron a usar minas antipersonal y armas que destruían los pueblos», dijo. Fue un «mecanismo para avisar que vienen las FARC».

En 2001 fue asesinado Cristóbal Secue –expresidente del CRIC y de la ACIN que inició la idea de la Guardia Indígena– tras sobrevivir a dos atentados de las FARC.

Por todo esto, sostuvo Rodríguez, «es una infamia que ahora quieran llevar a juicio a los indígenas» que desmantelaron las bases militares.

En su opinión, el problema es que «ya no hay más tierra» disponible para los nasas, pues esta «se está usando para sembrar caña de azúcar para producir bioetanol».

La mitad de los territorios reconocidos por el Estado como de propiedad colectiva son tierras no cultivables. Las familias nasa viven en minifundios. «He visto la angustia de los que tienen muchos hijos», señaló. «¿Qué hacen esos muchachos?».

Mientras, la guerrilla «se está llevando a los adolescentes… Les dan un celular, un arma, les dan dinero y les ponen el demonio de la guerra en las manos. Y a matar a sus hermanos», describió.

En 2011, durante un festival en la localidad de López Adentro, «en una semana mataron a tres mujeres por informantes. ¿Y quién las mató? Los mismos indígenas que están metidos con las FARC», porque vendieron víveres a los militares o porque son novias de soldados, concluyó

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