BOGOTÁ, 3 ago (IPS) – La Corte Constitucional ordenó retirar instalaciones militares de territorios jiw y nükak, en el sur de Colombia. Estos indígenas están «en peligro de ser exterminados física y culturalmente a causa de la guerra civil y de la falta de una adecuada y oportuna protección» del Estado, según el tribunal.

La agria reacción de los altos mandos castrenses y el enojo que manifestaron por la desmilitarización que adelanta el pueblo nasa en el sudoccidental departamento del Cauca llevaron a que la dirigencia aborigen nacional acusara al gobierno de Juan Manuel Santos de lanzar «una campaña de desprestigio y xenofobia» contra estos pueblos.

La «medida cautelar urgente», fechada el 25 de julio pero conocida solo el jueves 2, beneficia a dos de las 34 etnias colombianas sobre las cuales ya la Corte había ordenado al gobierno diseñar un plan de salvaguarda para impedir su desaparición.

El pueblo jiw tiene unos 1.300 miembros, tres cuartas partes de los cuales han sido empujados de su hogar, en la Amazonia, por la añeja guerra interna. Mientras, apenas 500 son los nómades nükak, la última cultura descubierta oficialmente en Colombia, en 1988.

Se calcula que 6,5 por ciento de los más de 5,2 millones de desplazados forzados por este enfrentamiento son indígenas, según la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). La proporción de aborígenes no supera el 3,4 por ciento de los 46 millones de habitantes de Colombia.

Ahora, el ejército tiene plazo hasta febrero de 2013 para abandonar seis hectáreas que ocupó dentro del perímetro de un resguardo indígena jiw, forma de propiedad colectiva inembargable e intransferible a perpetuidad.

En ese lugar del sureño departamento del Guaviare, la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina mantiene 19 construcciones, entre las que se cuentan una piscina, una torre de observación, alojamientos, un tanque elevado y planta de acueducto, una escuela y dos pistas de comandos.

En 1988, el Ministerio de Defensa fue autorizado a tomar para sí 250 hectáreas en la misma zona. La Corte considera «que (los militares) pueden ocupar esa área, sin poner en riesgo esas comunidades indígenas».

«La seguridad nacional no se verá comprometida con la reubicación de ninguna de estas construcciones, pero su permanencia sí compromete la existencia misma del pueblo indígena jiw, asentado en el resguardo de Barrancón», sobre el río Guaviare, principal afluente colombiano del Orinoco, consideró Luis Ernesto Vargas, magistrado de la Corte Constitucional.

El comandante en jefe de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, reaccionó advirtiendo que habrá «pelea jurídica». Agregó que no sabe a ciencia cierta «quiénes están detrás de esta demanda y a quién beneficia».

Navas aseveró que la zona sería un corredor del narcotráfico, «estratégico para el control territorial».

También el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que apelará la orden de la Constitucional. «Las Fuerzas Militares no se van», sentenció.

En realidad, no se sabe si hay alguien «detrás» de uno de los cambios de jurisprudencia más importantes en Colombia, que busca que los derechos dejen de estar solo en el papel.

En 2004, la Corte seleccionó, por iniciativa propia, un caso de una tutela que fue replicada aquí y allá, hasta que resultó firmada individualmente por más de 2.500 desplazados de todo el país.

En la sentencia resultante, la T-025, el alto tribunal declaró un «estado de cosas inconstitucional» respecto de los derechos de los desplazados forzadamente.

Desde entonces, apoyado por una comisión de seguimiento de la sociedad civil, la Corte ha emitido varias decisiones, que también involucran a indígenas desplazados.

La T-025 «es una constatación de la incompetencia de los gobiernos para atender los derechos y para desarrollar políticas públicas en función de esos derechos que el Estado reconoce», dijo a IPS el director de Codhes, Marco Romero, impulsor de la comisión de seguimiento.

Para la Corte, a los jiw y los nükak «les imponen frecuentemente medidas de control territorial y poblacional, control de corredores de movilidad», los obligan a trabajar en cultivos de drogas, les prohíben cazar y pescar.

«Son reclutados forzosamente, amenazados y asesinados a manos de los actores del conflicto, los colonos y grupos armados en general» y se les prohíbe, incluso, desplazarse, subrayó la Corte.

En febrero de 2007 ocurrió un sangriento episodio: explotó una ojiva que hirió en su resguardo a 16 jiw, incluyendo seis menores, entre ellos un bebé de cinco meses.

Previamente, según el jesuita Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, la fuerza pública de seguridad logró que una autoridad indígena «firmara un acta en la que cedía parte del terreno para que el ejército hiciera allí su base «.

«Dicha unidad militar hace polígono terrestre y fluvial, antes hacían entrenamiento aéreo disparando armas (y lanzando) bombas al río», se agrega en el Banco de Datos. La zona está demarcada con señales y letreros, «pero es que los indígenas ni leen ni escriben».

La orden de la Corte causó revuelo por coincidir con que el pueblo nasa quiere ponerle fin a la guerra en sus territorios sacando «a todos» los combatientes, sean guerrilleros izquierdistas, militares o policía contrainsurgente.

De hecho, los nasa sacaron al ejército de una base, que fue recuperada horas después dejando una veintena de indígenas heridos, detuvieron a una unidad militar que mató a mansalva a un comunero, desmantelaron campamentos guerrilleros y detuvieron y juzgaron a varios de ellos, desmontaron las trincheras que la policía recuesta contra sus casas.

Buena parte de la prensa rechazó la desmilitarización que llevan adelante los nasa. Un diálogo de alto nivel con el gobierno, por ahora, fracasó.

Así, la Mesa Permanente de Concertación, creada en 1996 por el Ejecutivo para dialogar con el liderazgo nacional indígena, acusó al gobierno de instar «a la sociedad a tener comportamientos xenófobos y discriminatorios».

«Lo más importante que necesitamos los indígenas es que se implementen las órdenes dadas por la Corte Constitucional», señaló a IPS la líder arhuaca Leonor Zalabata, comisionada de derechos humanos en la Confederación Indígena Tayrona.

La cuestión es de fondo. «Los indígenas somos como los pájaros. Cambiamos de plumaje, pero no cambiamos de canto», dijo, «nuestros territorios son básicos para mantener la vida. Lo que pase en los territorios indígenas afecta a la humanidad»

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