En vísperas de una multitudinaria acción de protesta convocada en España para el próximo 25 de septiembre, Anonymous difunde un vídeo en muestra de apoyo a los impulsores de la iniciativa. El colectivo español ‘¡En Pie!’, del movimiento 25-S Ocupa el Congreso, anunció hace unos meses que pretende movilizar a los ciudadanos de todo el país para que el  próximo martes  se concentren en Madrid y rodeen el Congreso exigiendo la dimisión del Gobierno, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.  El movimiento es relativamente nuevo, pero miles de personas se han sumado ya a esta iniciativa a través de las redes sociales.  El colectivo Anonymous también ha querido unirse a la causa. “La acción es clara y contundente», señala Anonymous en un video difundido recientemente, donde también invita a que los ciudadanos permanezcan allí «de forma indefinida» hasta que se abra «un proceso constituyente para la redacción de una nueva Constitución. Esta vez sí, la de un Estado democrático”. Mientras tanto, a sólo unos días de que se lleve a cabo esta acción, ocho activistas de la Coordinadora 25-S, que también es responsable de la organización del acto pero que, a diferencia de la plataforma ’¡En pie!’, asegura que la acción concreta de rodear el Congreso no ha de ser indefinida, han sido imputados por supuesto delito «contra altos organismos de la Nación». De acuerdo con la citación judicial, se les imputa como responsables del delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que establece pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses  a quienes “promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones» ante el Congreso, cuando este esté reunido, «alterando su normal funcionamiento». Los activistas insisten en que sus actuaciones «no son ilegales» y dicen que no tienen intención de «imponer ninguna alteración violenta del funcionamiento del Congreso, sino visibilizar su secuestro fáctico por los poderes económicos».  Asimismo, la Coordinadora sostiene que la Delegación del Gobierno de Madrid pretende «construir un escenario lo más crispado posible» con el objetivo de «criminalizar» las reivindicaciones del 25 de septiembre.

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