Las políticas públicas que el gobierno Rajoy en España y el gobierno Mas en Catalunya están llevando a cabo están afectando muy negativamente al bienestar de la mayoría de la población española, incluyendo la catalana.

Sus enormes recortes de gasto y empleo público están deteriorando los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia (mal llamadas guarderías en España), servicios domiciliarios a las personas con dependencia y servicios de prevención de la exclusión social, entre otros, que configuran la calidad de vida de toda la población, y muy en especial de las clases populares (la clase trabajadora y las clases medias de rentas medianas y bajas), que son las que utilizan predominantemente tales servicios.

Tales gobiernos han reducido también las transferencias públicas tales como las pensiones, de manera tal que los beneficiarios de estas transferencias han visto reducir su capacidad adquisitiva de una manera muy notable. Las pensiones de vejez, que son responsables de que el 64% de los ancianos en España, incluyendo Catalunya, no sean pobres, han perdido poder adquisitivo, resultado de crecer por debajo de la inflación.

Como consecuencia, y en contra de lo que se está publicando en los medios de mayor difusión, la pobreza entre los ancianos está aumentando, una situación que no pasaba en España desde hace años. Tal incremento ha sido incluso más acentuado incluso entre los jóvenes e infantes, resultado, en parte, de las reducciones de las ayudas a las familias (ver la colección dirigida por Vicenç Navarro y Mónica Clua, El impacto de la crisis en las familias y en la infancia, Observatorio Social de España, publicado recientemente por Ciencias Sociales Ariel 2012).

Tales gobiernos han aprobado también reformas laborales que se presentaban como la solución para el elevado desempleo, que han tenido un impacto contrario al que en teoría se deseaba, reducirlo. El desempleo ha continuado creciendo, alcanzando el 25% de la fuerza laboral, siendo el número de desempleados de 5.778.000, una cifra nunca alcanzada antes. Esta elevada cifra ha atemorizado a toda la población, creando un enorme sentido de inseguridad, responsable del gran descenso de los salarios en España (lo cual, en realidad, era el objetivo real, nunca explicitado, de tales reformas).

Tal reducción de los salarios junto con los recortes tan notables del gasto público y la destrucción de empleo (tanto público como privado) han creado un enorme bajón en la demanda de productos y servicios, responsable, en parte, del descenso tan marcado del crecimiento económico, realidad incluso reconocida recientemente en un informe del gabinete de estudios del Fondo Monetario Internacional.

Tales políticas están contribuyendo a la recesión que la economía española, incluyendo la catalana, está sufriendo. De hecho, y tal como algunos de nosotros hemos estado alertando desde el inicio de la crisis, tales políticas no sólo han sido ineficaces en el intento de facilitar la salida de nuestro país de la crisis, sino que han sido contraproducentes, como los hechos se han encargado de mostrar.

Las políticas que se están aplicando están afectando negativamente el bienestar de la población y empeorando la situación económica

En realidad era muy fácil predecir las consecuencias tan negativas de tales políticas, pues iban en dirección contraria a las que los gobiernos Rajoy y Mas deberían haber llevado a cabo, es decir, políticas expansivas de gasto público, orientadas hacia la creación de empleo, y políticas favorecedoras del aumento de la capacidad adquisitiva de la población, tales como la subida de salarios. Son estas medidas las que podrían sacar a España de la recesión, la cual está profundizándose, yendo hacia la depresión.

Fue mediante tal tipo de políticas que la administración del presidente Roosevelt terminó con la Gran Depresión (existente en EEUU al principios del siglo XX), expandiendo –a través del New Deal- el gasto y empleo público, y facilitando la sindicalización a fin de facilitar el crecimiento salarial. Un tanto semejante ocurrió en Europa después de la II Guerra Mundial, cuando las economías europeas estaban en recesión. Ésta dejó de existir a base de un enorme aumento del gasto público, facilitado por el plan Marshall.

Y hoy, cuando la economía española se está deteriorando, el gobierno Rajoy y el gobierno Mas están recortando el único sector –el sector público- que podría estimular la economía, pues el sector privado esta paralizado debido a su enorme endeudamiento (endeudamiento, por cierto, causado en gran parte por la disminución de la capacidad adquisitiva de la población, resultado de la reducción de los salarios y aumento del desempleo).

Tales intervenciones son profundamente erróneas, y se están desarrollando porque permiten alcanzar los objetivos que las fuerzas conservadoras y neoliberales (que tales partidos gobernantes representan) han deseado siempre, a saber, el debilitamiento y privatización del Estado del Bienestar y la reducción de los salarios, debilitando a los sindicatos. Y lo están consiguiendo a base de haber transmitido, a través de los medios de información y persuasión públicos y privados que las fuerzas conservadoras y neoliberales controlan, y que son la gran mayoría, el mensaje de que no hay alternativas a las políticas altamente impopulares que están desarrollando.

No es cierto que no haya alternativas

Pero es fácil de demostrar que sí que hay alternativas. Por cada recorte de gasto público que tales gobiernos están realizando a fin de conseguir mayores ingresos al Estado, se pueden mostrar otras medidas que podrían haber incrementado tales ingresos al Estado en cantidades similares o incluso superiores a las que han conseguido a base de recortes. Por ejemplo, en lugar del recorte de 6.000 millones de euros en sanidad pública llevados a cabo por los gobiernos Rajoy y Mas, se podrían haber conseguido 5.600 millones revertiendo la bajada del impuesto de sociedades (que tanto el PP como CiU aprobaron) de las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan un 0,12% de todas las empresas españolas). O en lugar de reducir las pensiones para conseguir 1.200 millones, se podrían haber conseguido 2.100 millones manteniendo el impuesto sobre el patrimonio, o 2.552 millones eliminando la bajada de impuestos de sucesiones. O en lugar de recortar 600 millones de euros para los servicios de dependencia, se podría reducir el subsidio a la Iglesia católica (aprobado por el PP y CiU) para enseñar clases de religión en las escuelas públicas. Y así, un largo etcétera.

En realidad, el Estado español, tanto central como autonómico, podría conseguir fácilmente más de 120.000 millones de euros, no sólo corrigiendo el fraude fiscal (que está altamente concentrado en las grandes fortunas, en las grandes empresas y en la banca) obteniendo 66.000 millones de euros, sino también corrigiendo la enorme regresividad en las políticas fiscales. No es por casualidad que los países de la Eurozona que están atravesando mayores dificultades, con déficits públicos mayores (Grecia, Portugal, España e Irlanda) hayan tenido todos ellos dictaduras o sistemas profundamente conservadores que determinaron Estados pobres, con escasa conciencia social (que explica el escaso desarrollo de sus Estados del Bienestar) y poco redistributivos. Éstas son las causas de sus crisis, puesto que la gran influencia que las fuerzas conservadoras han continuado teniendo sobre sus Estados no han permitido cambiar sustancialmente tal situación. España y Catalunya, 34 años después de reinstaurar la democracia, continúan estando a la cola de la Europa Social (su gasto público social por habitante es de los más bajos de la UE-15). De ahí la urgencia de que haya una respuesta conjunta en todos estos países frente al ataque frontal al bienestar de su ciudadanía.

Las medidas antidemocráticas que se están imponiendo

Tales políticas de austeridad están siendo apoyadas por las fuerzas conservadoras y neoliberales que dominan el sistema de gobierno de la UE, y que están construyendo esta Europa y esta España (incluyendo Catalunya), a espaldas de los distintos pueblos y naciones que la constituyen. Las políticas públicas que tanto el gobierno Rajoy como el gobierno Mas están llevando a cabo son medidas que no tienen ningún mandato popular.

Es, por lo tanto, un ataque a la democracia española que merece una respuesta contundente. Se están implementando medidas que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía, sin que la mayoría de la población (incluso aquella que les votó) hubieran aprobado tales políticas, ya que ninguna de ellas estaba en su programa electoral. Mientras, las ayudas del Estado a la banca, que fue la que originó la crisis con sus comportamientos especulativos, han alcanzado una cifra enorme, equivalente casi al 10% del PIB, sin que ninguna ayuda se haya proveído a las clases populares, que han sido víctimas de tales comportamientos.

Hoy en España, incluyendo Catalunya, el ciudadano que no está indignado es porque no conoce lo que está pasando en su país. Nunca antes se había hecho tanto para tan pocos a costa de la gran mayoría de la población.

Dos últimas observaciones. Hay un enfado generalizado en España y en Catalunya, resultado de las políticas que se están realizando, sin que exista ningún mandato electoral para ello. Y existe también un agotamiento que está conduciendo a una rendición, expandiéndose la percepción de que las movilizaciones y la agitación social no sirven para nada. Eso no es cierto. La constante manipulación de nuestra historia ha hecho que se haya olvidado que, mientras el dictador Franco murió en la cama, la dictadura murió en la calle. De 1974 a 1978, España fue el país que proporcionalmente tuvo mayor número de huelgas y manifestaciones populares que haya habido en Europa en la segunda mitad del siglo XX. Tal agitación social fue lo que determinó la Transición de la dictadura a la democracia. Ahora bien, consecuencia del enorme dominio que las fuerzas conservadoras todavía mantenían sobre el aparato del Estado, tal democracia tiene enormes limitaciones. De ahí que alcanzar una segunda Transición ahora, pasando de tal democracia limitada a una democracia real, en la que la ciudadanía sea la que configure las políticas públicas del Estado, requerirá también una enorme agitación.

La otra observación es que hace unas semanas, en Barcelona, un millón y medio de personas salieron a la calle, manifestación que ha tenido un enorme impacto a lo largo del territorio español. Ello es un ejemplo que cuando la gente sale a la calle en protesta pueden tener un gran impacto. No hay duda de que una huelga general con la participación de millones de españoles que coincida con movilizaciones y huelgas generales en otros países de la Eurozona, mostrando un gran hartazgo y protesta contra las políticas públicas llevadas a cabo por los establishments español y catalán, así como por el establishment europeo (que las ha apoyado), tendrá un gran efecto, que no puede ignorarse, pues derrumba todo el argumentarlo que utilizan tales establishments, cuando se presentan como los portavoces del deseo popular.

Y en España, tales movilizaciones exigiendo que se reviertan tales políticas que carecen del apoyo popular, son continuadoras de las movilizaciones anteriores que ocurrieron tanto durante la dictadura (que forzaron su fin), como después, durante el periodo democrático (que determinaron una expansión de los derechos civiles, laborales y sociales) y que hoy deben continuarse cuando no sólo tales derechos, sino la propia existencia de la democracia (ya en sí, excesivamente limitada en nuestro país) se está violando. En realidad, la reducción de aquellos derechos es consecuencia directa de la eliminación de la democracia, mediante la aplicación de medidas carentes de mandato popular.

Vicenç Navarro

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