(Reuters) — Un fiscal federal de Brasil abrió una investigación sobre acusaciones de que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva estuvo involucrado en un esquema de compra de votos en el Congreso, un escándalo que llevó a condenas por corrupción contra varios de sus asesores más cercanos.
La fiscalía federal dijo en un comunicado la tarde del viernes que pidió a la policía investigar las acusaciones de un empresario que se encuentra en el centro del caso, Marcos Valerio, quien dijo que Lula no solo sabía sobre el esquema ilegal sino que además recibió dinero a partir de éste.
Lula ha negado repetidamente las acusaciones de que estaba al tanto del escándalo de compras de votos conocido como mensalão, bajo el cual miembros del Partido de los Trabajadores (PT) en el poder pagaron a legisladores para que respaldaran la agenda legislativa del gobierno.
El escándalo, que emergió en 2005, casi derrumbó el gobierno de Lula y originó el mayor juicio por corrupción política de la historia de Brasil.
Lula fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010 y es una poderosa figura política en el mayor país de América Latina. Sigue siendo sumamente influyente en el gobierno de la actual mandataria Dilma Rousseff, su protegida política y exjefa de gabinete.
Aunque hasta ahora la popular Rousseff ha eludido los efectos colaterales del escándalo, esto podría cambiar si se determina que Lula estuvo directamente involucrado. La presidenta tiene planes de buscar la reelección el año próximo.
En un testimonio entregado en septiembre, Valerio acusó a Lula de estar en conocimiento del esquema de compras de votos y dijo que parte de los gastos personales del exmandatario fueron pagados con fondos ilegales de campaña.
Valerio, un ejecutivo de publicidad que trabajó de cerca con el Partido de los Trabajadores, ofreció el testimonio en un intento por reducir su sentencia, después de que él y otros 24 exasesores y empleados de Lula fueran condenados en un crucial juicio realizado en la Corte Suprema brasileña.
Las circunstancias del testimonio, y la propia sentencia de Valerio a 40 años en prisión por cargos de corrupción, han generado cuestionamientos sobre la credibilidad de las acusaciones.
Un portavoz de la fundación de Lula declinó hacer comentarios sobre el anuncio de la investigación.
No está claro cuánto podría durar la pesquisa, pero se sabe que este tipo de procesos en Brasil pueden tomar meses y en algunos casos varios años. Algunos expertos legales han expresado dudas respecto a que Lula pueda ser formalmente acusado por un delito.
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