La ACLU ha presentado un pleito a nivel federal contra las leyes sobre ‘estorbo público’ que penaliza a los caseros si sus arrendatarios llaman a la Policía más de tres veces en cuatro meses.

Esas leyes violan el derecho de recurrir a las fuerzas del orden, garantizado en la Primera Enmienda, y contradice a la Ley sobre Violencia contra la Mujer que protege a las mujeres víctimas de violencia de desahucio, señala la organización.

Tres llamadas, no más

El año pasado la ACLU intervino en un caso de una mujer en Norristown, Pensilvania, a quien las autoridades querían desahuciar después de tres llamadas a la Policía.

Cuando los policías le advirtieron por primera vez que no podía acudir a ellos más de tres veces, estaba tan asustada que no pidió ayuda poco tiempo después cuando la asaltaron dos veces. Sin embargo, lo hicieron sus vecinos, y fue suficiente para que la Policía la quisiera echar de su casa.

Después de la intervención de la ACLU las autoridades dejaron a la mujer en paz, pero muy pronto abrieron otro caso casi idéntico contra otra víctima.

Tienen miedo de pedir ayuda

Leyes parecidas existen en varias ciudades de EE.UU. Según un estudio realizado por investigadores de las universidades de Harvard y Columbia, casi una tercera parte de los ‘casos de estorbo público’ tratan de violencia del hogar, y las llamadas a la Policía de los distritos con población mixta tienen más posibilidad de considerarse estorbo público.

Esto desemboca en que las mujeres que sufren violencia doméstica y las mujeres de raza negra tienen miedo a pedir ayuda a las autoridades, según la ACLU.