Clínicas de la extinta República Democrática Alemana (RDA) utilizaron como conejillos de indias a unos 50.000 pacientes, que participaron sin dar su consentimiento en experimentos para grandes farmacéuticas occidentales.
Algunas de esas pruebas llegaron a provocar la muerte de los pacientes, lo que derivó en la interrupción de los experimentos.
El semanario cita documentos del ministerio de Salud de Alemania Oriental y del Instituto alemán de los medicamentos que demostrarían la realización de más de 600 pruebas de medicamentos en 50 clínicas hasta la caída del Muro de Berlín en 1989.
Los laboratorios ofrecían hasta 800.000 marcos alemanes (unos 520.000 dólares) por cada uno de los experimentos, aunque no queda claro en qué casos la Administración comunista se quedaba el dinero de forma oficial o en cuáles iba a parar al bolsillo de los responsables de los hospitales.
En la mayoría de los casos se trataba de pacientes que no estaban en condiciones de dar su consentimiento sobre su participación en experimentos médicos, como la treintena de bebés prematuros sobre los cuales los laboratorios Boehringer (actualmente, en el grupo Roche) probaron la sustancia dopante Erytropoetina (‘Epo’) en un hospital berlinés, y para los que no consta consentimiento de los padres, o los adictos alcohólicos en fase de delirium tremens, a quienes se suministró Nimodipin de Bayer, que supuestamente debía mejorar la circulación sanguínea cerebral pero que se encontraba todavía en fase experimental.
Al menos dos pacientes murieron en una clínica del este de Berlín en pleno tratamiento pulmonar con un producto de Hoechst (actualmente en Sanofi). Otros dos fallecieron en la ciudad de Magdeburgo por otros preparados de Sandoz (ahora integrado en Novartis).
Pese a que el país que permitió este abuso con sus ciudadanos ya no existe, la gran incógnita es si las empresas farmacéuticas que participaron en él se verán ahora obligadas a pagar algún tipo de indemnización.