La cacería política judicial contra Garzón por el caso Gürtel

«Ángel Juanes, sucesor de Carlos Dívar en la presidencia de la Audiencia Nacional, y me dijo: «Lo de la tercera querella [Gürtel] es un auténtico despropósito, que jurídicamente es inaceptable e insostenible (…) Me llama Antonio Camacho, escandalizado con lo que está sucediendo en el Supremo y me dice que el Gobierno no es capaz de hilvanar ninguna respuesta, ni mediática, ni institucionalmente, y se queja de que les falta una política en materia de justicia (…) Saavedra [expresidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo] había afirmado: ‘El que le echa un pulso al Supremo lo pierde. Garzón tiene que irse del Juzgado Central de Instrucción CInco. Tiene que pedir traslado a otro Juzgado y perder la plaza para que pierda el fuero’ (…) Cuando conocí estas palabras me sentí derrotado, no porque temiese la suspensión, pues la daba por hecha, sino porque confirmé que estábamos en una ciénaga de la que era muy difícil salir. La cuestión era si aceptaba la presión indirecta que se me indicaba o, por el contrario, seguía peleando, aun sabiendo que la partida estaba amañada, para conservar al menos mi dignidad. Además, si no recuerdo mal, Saavedra también me dijo acerca de que la Sala Segunda era un transatlántico y que cualquier barco que se pusiera en su camino sería partido en dos. (…) Al parecer, el Gobierno había dicho, por medio de Alfredo Pérez Rubalcaba, que iba a buscar una solución alternativa promoviéndome a algún cargo, siempre que yo aceptara, para así evitar el juicio. (…) Lo que desde el Supremo se me planteaba era renunciar a la jurisdicción y a los principios que había defendido durante toda mi vida a cambio de garantizarme permanecer en la carrera judicial.»

Presiones a los jueces que instruyeron la corrupción en el PP

«Sólo conversé una vez con el juez Antonio Pedreira para ponerle al tanto de lo actuado en la instrucción del caso mientras estuvo bajo mi competencia. Ni siquiera hablamos de la intervención de las comunicaciones. Sí le advertí de las manipulaciones de la que podía ser objeto y de las presiones que podrían afectarle.»

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 Intervención de las comunicaciones en la cárcel a Francisco Correa

«Antonio Pedreira ratificó íntegramente todas mis resoluciones en lo relativo a la interceptación de las comunicaciones de los imputados en le interior del centro penitenciario y las prorrogó en idénticos términos, con acuerdo del Ministerio Fiscal y los investigadores policiales. Ni Pedreira, ni otros jueces que adoptaron medidas similares a las mías han sufrido jamás un proceso penal ni han sido condenados por un delito que no existía. Pero en mi caso sí ocurrió. La anulación de infinidad de intervenciones de las comunicaciones en los procesos judiciales españoles, ya fuese por falta de garantías, defectos de control, afectación de derechos o muchas otras razones, jamás ha sido juzgada como prevaricadora (…) El proceso seguido contra mí constituye el primer y único precedente en el que un juez fue acusado de prevaricación por este tipo de hechos.»

«Acabar judicialmente conmigo»

«Después de los procedimientos judiciales que se siguieron en mi caso, han aparecido datos y circunstancias que ayudan a efectuar la reconstrucción lo que fue una actuación concatenada y que obedeció al único designio de acabar judicialmente conmigo. Todo conduce, de uno y otro modo, al caso Gürtel, los documentos encontrados a Luis Bárcenas —el ex tesorero del Partido Popular—, las cuentas bancarias de Suiza, la financiación cuando menos irregular del PP, el señalamiento —con creciente insistencia y claridad— de esta formación política como estructura que se prestó a la más evidente degradación y la extensión territorial de la ilícita actuación del grupo criminal investigado. La consolidación de los indicios ha demostrado hasta la saciedad que el procedimiento, juicio y condena a los que fui sometido fueron inicuos y obedecieron a razones ajenas a un verdadero sentido de la justicia. Hay que añadir como telón de fondo la falta de consistencia de los argumentos de mi condena, hasta el punto de que la nueva reforma de la ley incluye la posibilidad de hacer aquello por lo que fui culpado, incluso con menos garantías de las que yo empleé».

Federico Trillo: el ejecutor

«Hubo diversas incidencias, entre ellas la descalificación y ‘aniquilación’ civil y social —por parte de los sectores cavernícolas de siempre, debidamente instrumentados por el encargo político de turno— de quienes habían decidido colaborar conmigo. Todos los indicios apuntaban a que la campaña estaba orquestada por Federico Trillo, muñidor de todas las ‘actividades’ extraprocesales que rodearon al caso Gürtel en su primera fase. La caza contra mí, situado definitivamente en el punto de mira, estaba ya en pleno apogeo».

La extraña absolución de Francisco Camps

«Juzgado y absuelto del delito de cohecho del que se le acusaba por un jurado popular, [Francisco] Camps fue condenado políticamente sin paliativos, pero absuelto judicialmente. La sensación de corrupción política se ha ido acentuando con la aparición de nuevos casos. Quizás, si el juicio se hubiera celebrado ahora, la decisión podría haber sido diferente.»

El escaso castigo de la corrupción en las urnas

«Lo cierto es que los hechos acontecidos no se consideraron suficientemente graves para merecer una condena. Esto nos debería hacer reflexionar sobre la trascendencia que se le da a los casos de corrupción o relacionados con la corrupción y las decisiones políticas de los ciudadanos que no sancionan contundentemente estas conductas y se traducen en un aumento de votos referidos a las siglas de formaciones políticas contaminadas por estos y otros procesos judiciales semejantes.»

La carta de dimisión dirigida a Felipe González

«Es posible que por tus múltiples obligaciones de gobierno hayas perdido el contacto con la gente sencilla, con el pueblo; si lo tuvieras, comprobarías que apenas respetan a los que gobernamos porque no nos hacemos respetar, porque hemos perdido su confianza, porque no se creen lo que se les dice, porque se les engaña una y otra vez. Es fin, porque están hartos de palabras huecas, compromisos incumplidos y promesas insatisfechas (…) Estimado Felipe, es inconcebible que después de los escándalos que estamos viviendo en España no se haya producido ni una sola dimisión de un responsable político por estos hechos. Las responsabilidades políticas van o deben ir por unos derroteros distintos de los penales o personales de los directamente responsables.»

El PP actúa en Gürtel como el PSOE con Filesa o CiU con Banca Catalana

«El problema radicaba en que la Operación Gürtel había hecho aflorar una trama de corrupción que alcanzaba a varios aforados. En el fondo, el PP estaba siguiendo un parecido al de CIU en el caso de Banca Catalana o al del PSOE con Filesa. Diferentes ideologías y un mismo camino en estos asuntos que afectaban a una economía poco recomendable. Primera fase: todos a una defendiendo al partido y a los afiliados o responsables imputados. Segunda fase: todos a por el juez, al que se acusa de ser claramente parcial y al que hay que presionar para que abandone el caso».

El distinto rasero del Supremo para casos de corrupción

«Son dignas de estudio algunas resoluciones judiciales, como el auto del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2016 por el que se acordó el sobreseimiento y archivo de la causa contra la exalcaldesa de Jerez de la Frontera y diputada del PP, María José García Pelayo, en relación al caso Gürtel-Fitur. La decisión coincidió con el final de la legislatura y la consecuente pérdida del aforamiento. Del contenido y los razonamientos de ese auto —que exculpa a aquella por el volumen de trabajo y la falta de control del Ayuntamiento de Jerez aunque reconoce que era una ciénaga de corrupción—, se desprende un olor diferente que el que destilaban los autos de admisión de la querella interpuesta por el exministro José Manuel Soria contra Victoria Rosell, jueza en servicios especiales y diputada por Podemos, en ese momento, o la resolución referida a tres miembros del PSOE relacionados con la Junta de Andalucía, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, en los que la imputación se produjo, respectivamente, con la práctica ausencia de elementos de incriminación en el primer caso, pero que impidió la incorporación de la magistrada afectada a las listas electorales, por aplicación del código ético de Podemos, y la pérdida de aforamiento en los segundos y la continuación del procedimiento contra ellos en Andalucía.»

La necesaria reforma del Tribunal Supremo

«Ha cercenado mi confianza en un Tribunal que debe ser profundamente reformado para eliminar el desorbitante poder en manos de quienes no son los que, por méritos propios, más merecen estar en él. No tengo ningún recor contra ninguno de los magistrados que me juzgaron, pero sí afirmo que no actuaron como debían. El contenido de las resoluciones que dictaron contra mí demuestras su prejuicio.»

La corrupción judicial

«Sí es cierto que hubo algo que me molestó y que, aún hoy, me sigue llamando la atención: la doble moral con la que se comportaron algunos de los magistrados que participaron en las causas que se siguieron contra mí. Que no se abstuvieran los magistrados que habían participado en actos financiados por algunas de las entidades afectadas en las causas, que hubieran cobrado honorarios y no se retiraran de la escena del enjuiciamiento, que se atrevieran a decir que mi actuación a la hora de interceptar las comunicaciones, con todas las garantías necesarias y con la proporcionalidad más exquisita en relación con los bienes jurídicos en juego, era preconstitucional… cuando todos ellos venían de haber jurado las leyes fundamentales del Movimiento Nacional.»

Amistades peligrosas de los magistrados que me condenaron en el Supremo

«En una carrera fulgurante, Marchena continuaría con Jesús Cardenal —fiscal general del Estado entre 1996 y 2004— rindiendo buenos servicios para neutralizar todo lo que se refiriera a la jurisdicción universal y algún que otro informe exculpatorio que afectaba a la posible responsabilidad del ministro Josep Piqué (…) Entre sus amigos, el antiguo fiscal y flamante magistrado del Supremo contaba con José María Michavila y Ángel Acebes, ministros de Aznar, con los que estuvo durante años como vocal en la Fundación Wolters Kluwer, que preside o presidía Michavila y en cuyo consejo asesor figura o figuraba asimismo Acebes. Y en la entrega de los premios La Ley otorgados por esa fundación, Marchena ha coincidido con frecuencia con el abogado de varios implicados en el caso Gürtel, Luis Rodríguez Ramos. (…) Con Rodríguez Ramos, y otros juristas afines al PP, se encontró también el juez Marchena en febrero de 2010, ya ven, en plena ebullición del caso Gürtel, durante unas jornadas de estudio patrociandas por La Ley, y organizadas por Michavila, en la localidad vallisoletana de Quintanilla de Onésimo. Relata la prensa de la época que Rodríguez Ramos urgió en aquel lugar a la reforma del artículo 579 de la Lecrim, el precepto del ordenamiento español en el que se regula la intervención de las comunicaciones por orden judicial. Allí se encontraba también el magistrado de la Sala Segunda del Supremo Julián Sánchez Melgar, miembro del tribunal que decidió la admisión de los casos de Nueva York y Gürtel y, además, firmante de la sentencia del juicio de la memoria histórica. No deja de ser curioso que 15 días después de ese encuentro, el 25 de febrero de 2010, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo abriera la tercera causa contra mí por supuesto delito de prevaricación al acordar la interceptación de las comunicaciones de los máximos responsables de la trama criminal Gürtel en prisión (…) La sentencia del caso Gürtel, de la que fue también obra y parte el magistrado Marchena, motivó que durante 11 años no pudiera ocupar mi puesto como juez. Esta inhabilitación se produjo el 23 de febrero de 2012. Pues bien, una semana después, el 2 de marzo, el Consejo de Ministros creó una comisión institucional cuyo cometido sería presentar una propuesta de texto articulado de la Lecrim. Entre otras cosas, tendría como objeto luchar contra la creciente inseguridad jurídica, delimitar las atribuciones competenciales entre jueces y fiscales, regular el sometimiento a plazo del secreto de sumario e incrementar el control sobre las intervenciones telefónicas (…) Entre los miembros de la comisión, Rodríguez Ramos que era abogado de varios implicados en la Gürtel.

Control político en la Audiencia Nacional

«Siempre he considerado que, de una forma u otra, a los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional se les ha querido adoctrinar y aproximar a las estructuras políticas para, de esa forma, tenerlos más o menos controlados. En aquella época era evidente el poder de influencia del Ministerio del Interior y, especialmente, de algunos altos funcionarios del mismo (…) Parecía que la relación natural era con el Ministerio del Interior, del que semejaba un apéndice que ejecutaba en lo judicial la política del Gobierno de turno en materia antiterrorista, algo que la distorsionaba y deslegitimaba su actuación, propiciando la desconfianza en la Audiencia Nacional (…) [José Luis Corcuera] hacía llamadas intempestivas a la Audiencia Nacional en las que tuvo que oír que ni podía,ni debía interferir.»

Intento de compra por el Ministerio del Interior

«Rafael Vera intentaba su acercamiento facilitándome los vehículos de protección más potentes, incluso cediéndome —si se producía una avería —el que tenía para su uso personal, u ofertando todos los medios de que disponía el ministerio para nuestra protección. También eran habituales las corbatas y relojes que enviaba como presentes a los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional e imagino que a otros muchos lugares. No era un gasto menor, dado su volumen de «compromisos». Jamás acepté uno de estos presentes. Me parecía impropio de una relación entre instituciones. (…) Todas estas maniobras iban dirigidas a cooptarme y tenerme sujeto ante cualquier eventualidad.»

«Cuando investigué los fondos reservados, me invitaron a parar»

«Todos los compañeros jueces y fiscales me aconsejaban que diera carpetazo a ese tema porque me arriesgaba a salir mal parado. Debo confesar que en algún momento, me sentí preocupado por las consecuencias, a pesar del apoyo de la Sala. Por vez primera se había iniciado una verdadera investigación de todas las acciones de los GAL y su financiación (…) Se percibía el enfado y la molestia que despertaba la indagación. A partir de ese momento, me comenzaron a llegar mensajes que me invitaban a no continuar por esa senda porque, decían me traería complicaciones. Curiosamente, la razón por la que me dotaron de protección policial inicialmente no fue por las amenazas de ETA sino por las investigaciones sober los GAL (…) El mensaje de parte del Ministerio de Interior, era muy claro sin decirlo expresamente: «Te estás metiendo en un terreno muy peligroso.»

«La Policía buscó mierda en mis actividades»

«Se llegó a constituir un grupo especial al mando de un inspector de polícia traido al efecto desde Barcelona para buscar «mierda» en mis actividades. Años después, alguno de esos policías pasaron por mi despacho para pedirme disculpas y contarme cómo las órdenes de esta actividad ilícita habían emanado de las más altas esferas de responsabilidad en el Ministerio de Interior y Justicia.»

«El ministro Michavila me llamó para pedirme que dictaran prisión para Hamed Abderramán Ahmed por la proximidad de las elecciones»

«El procesamiento que había dictado un par de años antes contra el ciudadano español Hamed Abderramán Ahmed —preso en Guantánamo— como integrante de la célula española de Al Qaeda me sirvió para reclamar su extradición a Estados Unidos (…) El 9 de febrero, Interpol me confirmó que en la tarde del jueves siguiente, día 12, Estados Unidos haría entrega del preso y que esta se confirmaría en el Juzgado. Por fin, estábamos próximos a conseguir que una persona saliera de ese centro de detención en donde la situación de los detenidos era inhumana y de tortura, en todos los sentidos. No obstante, el responsable español en Interpol, Francisco Aranda, me llamó al día siguiente para aclarar que la entrega se efectuaría el viernes 13. Ese mismo día, recibí la llamada del ministro de Justicia, José María Michavila. Me pedía que le asegurase que el detenido no sería puesto en libertad, porque podría perjudicar las elecciones que se celebrarían el 14 de marzo siguiente. Ante este planteamiento, le respondí de forma contundente que lo que me decía estaba fuera de lugar.»

Matutes y la extradición de Pinochet

«El gobierno entiende que la decisión apuntada por el ministro de interior británico ha venido a situar la solicitud de extradición del senador Pinochet presentada por España fuera dle ámbito judicial británico y la ha traslado al area de competencias discrecionales y exclusivas de que dispone el ministro de Interior de dicho país, para poner fin en cualquier momento al precedimiento de extradición. (…) Además me recordaba que, de acuerdo con la Constitución Española, el ‘Gobierno dirige la política exterior, debiendo velar consecuentemente por las consecuencias de sus actos en las relaciones hispano-chilenas y en las relaciones hispano-británicas’ (…) me invitaba a presentar un conflicto de competencias (…) Me pareció una interferencia inadmisible.»

Jueces metidos en política

«Recuerdo las expresiones de Esperanza Aguirre y otros líderes del PP en las que el gran argumento para atacarme por la investigación del mayor y más grosero escándalo de corrupción conocido en las últimas décadas, y que debería haber llenado de vergüenza en aquel momento a cualquier demócrata que se preciara de serlo, fue que —hacía 15 años— me había dedicado once meses a la política. Me llamaban con desprecio ‘juez socialista’. Sin embargo, poco o nada se recuerda que tanto el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero como el PP de Mariano Rajoy habían aprobado la ley por la que volvían a la misma regulación que existía cuando yo accedía al Congreso en 1993, derogando la que se creó nominalmente por mi caso para que jueces o fiscales no fueran a la política y regresas en después a su puesto de trabajo en la Justicia. A pesar de todo, había y hay ejemplos de jueces y fiscales que por largos años han estado en gobiernos y parlamentos y han vuelto al ejercicio jurisdiccional sin ningún problema después de haber estado durante mucho tiempo al servicio de la Administración o del legislativo. La única diferencia es que ellos no se llamaban Baltasar Garzón. Puede verse el momento político actual en el que jueces y fiscales están participando en política, sin ninguna dificultad ni crítica (por ejemplo, el caso más llamativo de la magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, incorporada a las filas del PSOE en 2016).»

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