Durante años, los servicios de Inteligencia en Europa han recolectado y compartido información.

Desde entonces, activistas en favor de los derechos humanos y de la libertad de expresión han sido los escudos de los ciudadanos frente a los gobiernos.

Cuando Edward Snowden destapó en 2013 que el Cuartel General de las Comunicaciones británico recopilaba y compartía con agencias de inteligencia de otros países, datos sobre los ciudadanos, inició también una carrera judicial para clarificar la legalidad de estos procedimientos.

En 2015, un tribunal británico con jurisdicción sobre los servicios de inteligencia, confirmó que la práctica se había realizado sin aprobación y que requería de una para ser legal. Esta aprobación llegó en 2016 con el Acta de Poderes Investigatorios aprobado por el Parlamento británico.

Un grupo de organizaciones de derechos humanos y periodísticos, de cuatro continentes, ha llevado el caso hasta el tribunal de Estrasburgo, al considerar que la ley británica incumple los derechos relativos a la intimidad, a la libertad de expresión, a un juicio justo y la discriminación. El fallo, podría afectar a todos los países miembros de la Unión Europea (UE).

La defensa del Estado argumentaba durante la vista de este martes en Estrasburgo que el Gobierno británico no realiza espionaje masivo, sino una recopilación masiva de datos, y que no se viola ningún derecho mientras los datos no sean analizados por un analista. Una práctica que a día de hoy viola los derechos fijados por la UE.

El Gobierno afirma que los servicios de Inteligencia necesitan de estas herramientas por cuestiones de seguridad nacional, pero el Tribunal de Poderes Investigatorios británico, fue incapaz a trazar la línea que hay entre los derechos humanos violados y la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos, y remitió el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Ian Díez, Londres.

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