En 2008, gobernando Cataluña el PSC con apoyo de ERC e Iniciativa per Catalunya, se creó la Agencia Tributaria Catalana (ATC), un organismo independiente de la Agencia Tributaria de la administración del Estado.
Inicialmente, el objetivo de esta entidad era la gestión tanto los de tributos propios de la Generalitat como los cedidos por el Estado, pero en los años previos al procés la ATC se presentó como una «herramienta de Estado» clave para el nacimiento de la futura república catalana.
Una de las líderes de la CUP, Eulalia Reguant, dijo que tras la declaración de independencia prevista para el 9 de octubre de 2017 se «procedería a un corralito para evitar la fuga de capitales de Cataluña». Estas tomas de posición por parte de los dirigentes políticos independentistas fueron la espoleta que provocó la salida de Cataluña de más de 30.000 millones en depósitos bancarios.
El actual con Aragonés está consolidando la política expansiva de la Agencia Tributaria Catalana inaugurada por Junqueras. Durante el año pasado la ATC añadió a su plantilla 120 técnicos tributarios y 20 inspectores llegando, así, a 900 empleados.
La ATC actualmente está persiguiendo a las empresas catalanas deslocalizadas fiscalmente en otros lugares de España; habiendo multado a 73 de ellas por su deslocalización entre 2015 y 2019.
La Agencia Tributaria Catalana investiga y multa a empresas que se han ido de Cataluña