1.064.483,61 euros. Es la factura que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abonado en viajes oficiales de sus vocales desde que el órgano está en funciones. Esta situación se remonta a hace más de cuatro años y medio como consecuencia del bloqueo impuesto por el Partido Popular que ahora mantiene su máximo líder, Alberto Núñez Feijóo, a quien este mismo miércoles Pedro Sánchez pidió sin éxito que negociara la renovación. Este montante, recogido en la página web del organismo, incluye el abono de billetes en avión y tren, noches de hotel, comidas en restaurantes, traslados en taxis y vehículos con conductor (ya sean privados o del parque móvil del Estado) y estancias en las salas de autoridades de los aeropuertos entre diciembre de 2018 y junio de 2023.

Un grupo de vocales conservadores se consolida como una extensión del PP en el Poder Judicial

Aunque desde hace casi dos años y medio tiene prohibida por ley su función esencial de hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, sus vocales siguen despachando asuntos en materia asignación de plazas regladas, régimen disciplinario, formación o inspección de los juzgados y tribunales. También realizan informes sobre las iniciativas legislativas del Gobierno y mantienen su función de representación institucional como miembros del órgano más importante del tercer poder del Estado.

Estas tareas determinan que, en ocasiones, tengan que hacer desplazamientos, ya sea para asistir a plenos, comisiones o grupos de trabajo o para acudir a actos públicos, congresos o jornadas relacionadas con el ámbito de la Justicia. El CGPJ sufraga además un viaje de ida y vuelta a la semana y los festivos o períodos vacacionales a los vocales que tienen su residencia familiar fuera de Madrid, lo que implica que algunos consejeros tengan gastos más elevados que otros, aunque incluso en este grupo hay diferencias.

Según los datos publicados, el 82% del gasto en viajes oficiales de los últimos cuatro años y medio —872.586 euros— corresponde a lo que el CGPJ define como “locomoción”. Esto es, desplazamientos en avión y tren, taxis, servicio de coche oficial del Parque Móvil del Estado, peajes y parkings. El 11% —116.642 euros— se dedicó a alojamientos y el 7% restante —75.255 euros— a manutención.

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Por motivos del gasto, prácticamente la mitad, 500.803 euros, se destinó a sufragar la asistencia a plenos, comisiones y otros desplazamientos a alguna de las siete sedes del CGPJ. 468.042 euros a lo que la institución define como “otras comisiones de servicio”, donde están incluidas la asistencia a cursos, reuniones institucionales o actos como la entrega de despachos a los nuevos jueces o el izado de la bandera nacional. También situaciones sobrevenidas como el gasto en el que incurrieron varios vocales para acudir al entierro de su compañera Victoria Cinto, que falleció el pasado verano. Otros gastos incluidos en este epígrafe tienen justificaciones más someras como “despacho asuntos vocalía”.

Los 95.639 euros restantes sufragaron 81 viajes al extranjero del expresidente Carlos Lesmes —que dimitió en octubre del año pasado— y otros 11 vocales. En este apartado se encuentran algunos de los mayores desembolsos del mandato. Por ejemplo, el gasto más cuantioso es un viaje de seis días que el vocal Gerardo Martínez Tristán hizo a Cartagena de Indias (Colombia) en noviembre de 2019 para impartir varias conferencias en el marco de un curso sobre lenguaje jurídico y redacción de sentencias realizado en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El coste fue de 7.398,04 euros. El hecho de que algunos vocales hagan más viajes al extranjero que otros se debe a que algunos de ellos tienen asignadas responsabilidades específicas a nivel internacional, lo que obliga a hacer desembolsos mayores, principalmente, cuando se trata de viajes a América Latina, explican fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

La respuesta al caso Dívar

Desde 2012, los vocales están obligados a detallar en qué gastan el dinero que cargan a las arcas del Consejo en concepto de traslados de trabajo y gastos de representación. Además, cuando se trata de viajes al extranjero sufragados con dinero público tienen que contar la aprobación de la Comisión Permanente, el núcleo duro de la institución formado por el presidente y seis vocales.

Este régimen de control de gestión y transparencia del CGPJ es herencia del escándalo de su expresidente Carlos Dívar, que tuvo que dimitir después de que trascendiera que había cargado a los presupuestos del CGPJ gastos de viajes, en fin de semana, con estancias en hoteles de lujo y comidas en restaurantes caros. Entonces, el pleno se vio obligado a cambiar la norma que, hasta entonces, eximía a los vocales de justificar y detallar sus viajes.

Según esta regulación, los gastos de alojamiento se abonarán hasta un límite máximo de 120 euros diarios en territorio nacional, mientras que los de manutención dentro del territorio nacional no pueden superar los 53,34 euros al día. Además, según la regulación vigente, en los desplazamientos en avión o tren los vocales deben acogerse a “las tarifas más económicas posibles” y sólo está permitido utilizar la clase superior a turista “en viajes de más de tres horas de duración o cuando no hubiera billetes disponibles en dicha categoría”.

Es un asunto que fue cuestionado por el sucesor de Dívar en la presidencia del CGPJ, Gonzalo Moliner, que calificó de “excesivas” las restricciones del gasto impuestas a raíz del escándalo de los viajes privados del entonces presidente y consideró que viajar en clase turista “no es la mejor imagen” para quien ostenta un cargo que “es muy importante y que necesita cierto reconocimiento”.

Del coche oficial a los taxis

En el actual CGPJ hay dos tipos de vocales: los miembros de la citada Comisión Permanente, que es el núcleo duro donde se toman las principales decisiones y que tienen dedicación exclusiva; y el resto, que compatibilizan esta labor con sus profesiones en el ámbito jurídico como jueces, abogados o secretarios judiciales. Los primeros cobran más de 130.000 euros anuales y cuentan además con otros privilegios como tener a su disposición un coche oficial que utilizan en sus desplazamientos. En el CGPJ prestan servicio de manera continuada 13 vehículos del parque móvil estatal y otros tantos conductores. En 2014, el órgano acordó reducir a la mitad el número de coches oficiales con la intención de reducir los costes en 183.000 euros anuales.

El resto de los vocales lo son solo a tiempo parcial y reciben dietas por asistir a los plenos o a las comisiones, establecidas en 975 euros y 312 euros respectivamente. Para sus desplazamientos de trabajo es habitual que recurran a taxis y vehículos con conductor. De hecho, los datos que publica semestralmente la institución recogen decenas de este tipo de traslados. Por ejemplo, bajo el epígrafe “desplazamiento de CGPJ a aeropuerto” o similares aparecen casi dos centenares de referencias en estos cuatro años y medio de mandato caducado, con un gasto medio por trayecto de casi 52 euros.

El CGPJ sólo empezó a desglosar los diferentes desembolsos por desplazamientos a partir de 2022. En ese ejercicio se recoge un gasto en taxis y vehículos con conductor de 47.854,35 euros. Ese mismo año, el órgano sufragó con otros 55.240,36 euros estancias de varios vocales en las salas de autoridades de aeropuertos. Esas salas son gestionadas por las delegaciones del Gobierno y permiten a las autoridades eludir los controles de seguridad y esperar en esos espacios hasta el momento del embarque, cuando son trasladados en furgoneta hasta las escalerillas del avión. Vocales consultados defienden el uso de estas instalaciones porque, sostienen, se ahorra mucho tiempo al evitar los controles. Otros, sin embargo, entienden que se trata de un gasto que “no tiene razón de ser” y que es “totalmente superfluo”.

De acuerdo con las estadísticas publicadas relativas a los últimos cuatro años y medio, los gastos de los vocales son muy dispares. Una circunstancia que tiene que ver, en parte, con el hecho de que el CGPJ cubre los desplazamientos a Madrid de los consejeros que residen fuera de la capital y acuden cada vez que hay plenos, comisiones u otro tipo de actos de representación. Eso hace que sus gastos sean más elevados, aunque también en este grupo hay diferencias.

Los vocales con mayores sumas de gastos presentadas son el conservador José María Macías (130.706,40), que compatibiliza el puesto de vocal con su trabajo como socio del bufete Cuatrecasas en Barcelona; y la progresista Roser Bach (115.652,50), que es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y que acaba de incorporarse a la Permanente. Es habitual que ambos utilicen el puente aéreo en sus traslados entre Madrid y Barcelona. En el extremo opuesto se sitúa Nuria Díaz, que sólo presentó gastos por valor de 7.733,34 euros en cuatro años y medio.

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