La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha sumado a la fiesta del llamado ‘caso Koldo’, con una propuesta un tanto extraña. Ha reclamado al PSOE, su antiguo socio de Gobierno, que “responda con su patrimonio” y devuelva “hasta el último euro robado a los españoles”.
La presunta red corrupta cobró supuestamente comisiones por la compra de mascarillas al inicio de la pandemia de covid-19 y en la que está investigado Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, pero no así ningún miembro del partido socialista o cargo del Gobierno al que pertenecía el propio Podemos.
Belarra (Podemos) carga contra el PSOE
“El PSOE se está equivocando. Está buscando chivos expiatorios, cortafuegos, y en realidad lo que tendría que hacer es ponerse a trabajar con determinación para que algo así no vuelva a ocurrir”, ha afirmado Belarra en declaraciones en el patio del Congreso.
“Los socialistas tienen que reparar el daño, tiene que devolver, incluso respondiendo con su patrimonio, hasta el último euro que se ha robado a los españoles en un momento delicadísimo como era la pandemia”. ¿Belarra acaso hizo estás mismas declaraciones cuando se conocido el ‘caso del hermano de Ayuso?, o ¿el caso de los comisionistas del Ayuntamiento de Madrid?
Belarra y su destino
La diputada del Grupo Mixto se ha mostrado “muy enfadada” por las informaciones conocidas, exteriorizando el cabreo que lleva dentro desde su salida del Gobierno y del Grupo Sumar. Y por que la venganza siempre sabe mejor en frio, ha asegurado que Koldo García “pudo hacer todo lo que hizo” no porque fuese “la mano derecha de Ábalos, sino del secretario de Organización del PSOE”. Y todo esto lo dice como si en vez de estar en el Congreso, estuviera en la barra de un bar, sin pruebas y sin ningún papel que lo demuestre, asemejándose en la forma de actuar al partido Popular. Triste destino el de algunas líderes de la izquierda.
Preguntada sobre si la presidenta del Congreso, Francina Armengol, debería dimitir, la diputada de Podemos ha asegurado que esa decisión corresponde al PSOE y que aunque cree que hay que “asumir responsabilidades políticas” y esa opción “debe estar encima de la mesa”, con eso no basta. “Tienen que devolver todo el dinero robado”, ha incidido.
Las decisiones de Armengol tras ver las mascarillas falsas: avaló la trama ante otros gobiernos y contrató a Globalia
Armengol presume de no estar en el sumario del caso, pero cada vez su situación es más complicada y los informes de la UCO dejan lugar a pocas dudas.
La UCO sigue cercando a la actual presidenta del Congreso y presidenta de Baleares en el momento de los hechos investigados por la Justicia. Y la cronología exacta de los hechos pone cada días más en la diana a Francina Armengol: el 28 de abril de 2020, la Subdirección de Compras del Gobierno balear informó de que las mascarillas de la trama del PSOE no cumplían las exigencias y el 12 de agosto el mismo Gobierno emitía un certificado de conformidad de la ejecución del contrato, plasmando la frase «de manera satisfactoria» a petición del interesado para que surtiera efectos en otros concursos públicos. Eso sí, previamente, ya se había ordenado contratar a Globalia para el transporte aéreo, la misma compañía que se reunía con la mujer del presidente en las mismas fechas de la concesión de su rescate.
Armengol, cercada
El cerco se estrecha sobre Armengol. La UCO cuenta ya con una cronología detallada de lo ocurrido en el Gobierno de Baleares. Y resulta casi de imposible explicación sin contar con el conocimiento y consentimiento pleno por parte de la ahora presidenta del Congreso de los Diputados.
El 25 de abril de 2020, la empresa Soluciones de Gestión –una de las principales implicadas en la trama de contratos del PSOE– remitió un mail al Servicio de Salud, con factura proforma y el siguiente concepto: MASCARILLA PROTECTORA KN95/FFP2. El importe fue de 3.701.500 € y plazo de entrega de 48 horas.
El 26 de abril, se emitió una factura comercial por el mismo importe y con similar concepto el señalado en la factura proforma del día anterior. Entre sus características destacables figuraba que, supuestamente, las mascarillas cumplían con los estándares KN95 (GB2626) y alta eficiencia de filtrado.
El 27 de abril se levantó acta de la recepción del cargamento de mascarillas y el 28 de abril, la Subdirección de Compras ya realizó una descripción de las mascarillas calificándolas como de uso no hospitalario.
La causa de la divergencia ya levantó polémica interna en aquel momento. Y es que no faltó quien señaló que el pedido original parecía proceder de otra Administración Pública. Traducido: que las mascarillas fueron adjudicadas a Baleares tras rechazarlas otro Gobierno regional como podría haber sido el de Aragón.
El 30 de abril se registró la factura conformada. Y el 4 de mayo, es decir, 7 días después de haber recepcionado el cargamento y 4 más tarde de haberse registrado la factura conformada, fue cuando, por fin, se dictó la resolución del órgano de contratación por la que se acordó la tramitación de emergencia del material de protección individual con Soluciones de Gestión, así como con otras empresas.
El contrato con Globalia, en el mismo momento
En el mismo momento se acordó contratar el transporte aéreo con Globalia, Ethiopian Airlines y Ningbo T&Q. Y el 5 de mayo se ejecutó la orden de pago a Soluciones de Gestión.
El 8 de mayo se certificó el acuerdo del Consejo de Gobierno, con el visto bueno de la Presidenta, por el que el Gobierno se da oficialmente por enterado de la contratación y conformidad a las contrataciones. Pero fue cuatro días después, el 12 de mayo, cuando se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con expediente SSCC EM 226/20, el acuerdo de adjudicación del 8 de mayo de 2020 y el plazo de ejecución de 1 mes.
El 22 de mayo se remitieron muestras al Centro Nacional de Medios de Protección y el 8 de junio, este mismo organismo, emitió su informe concluyendo que no cumplían con las exigencias de las mascarilla de tipo FFP2.
¿Contrato ejecutado «de manera satisfactoria»?
Y, pese a todo lo descrito, cuatro meses después de la primera notificación de que la venta ha resultado falsa, el 12 de agosto, la Subdirección de compras del Servicio de Salud emitió un certificado de conformidad de la ejecución del contrato «de manera satisfactoria». Se hizo a petición del interesado y con el objetivo de que surtiera efectos en la participación en otros concursos públicos.
Para colmo, tanto en julio como en una resolución de diciembre de 2020 y en diferentes momentos de la tramitación del expediente de solicitud de financiación del contrato de mascarillas con fondos europeos, se ocultó el informe del CNMP sobre las deficiencias de las mascarillas. Y el 19 de noviembre de 2020, expresamente, se escondió este hecho en el formulario de fiscalización previo de elegibilidad FEDER. Allí se realizó la pregunta expresa sobre si «el contrato cubre la totalidad de lo solicitado por el servicio promotor» y se respondió afirmativamente.
Y, por fin, el 17 de mayo de 2021 se comunicó que la mayoría de las mascarillas del almacén caducaría en 2022.
https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2024-03-06/las-decisiones-de-armengol-tras-ver-las-mascarillas-falsas-avalo-la-trama-ante-otros-gobiernos-y-contrato-a-globalia-7104734/