El grupo terrorista Estado Islámico (EI) difundió este sábado una imagen de los cuatro presuntos responsables del atentado del viernes contra una sala de conciertos a las afueras de Moscú, donde de acuerdo con las autoridades rusas murieron al menos 133 personas.
La imagen fue difundida por la agencia Amaq, el principal canal propagandístico de la organización, y en ella aparecen cuatro personas con media cara tapada, gorra y los ojos pixelados delante de una gran bandera del Estado Islámico.
De acuerdo con Amaq, tres de estos supuestos terroristas “comenzaron a disparar contra la multitud” en la sala de conciertos Crocus City Hall de la ciudad de Krasnogorsk, mientras que el cuarto le prendió fuego a la instalación “utilizando bombas incendiarias que habían sido preparadas de antemano para este propósito”.
La fuente apuntó que durante el atentado se emplearon ametralladoras, una pistola, bombas incendiarias, y cuchillos que se utilizaron para “degollar a varios dentro de la sala y en los pasillos”, mientras que indicó que los supuestos yihadistas apuntaron a la cabeza de los asistentes al evento.
Asimismo, Amaq celebró que el atentado resultara en “un número infinito de víctimas” y cifró en 300 el número de muertos y heridos, al tiempo que indicó que el atentado fue efectuado “en el contexto normal de guerra entre el Estado Islámico y los países que luchan contra el islam”.
Según los investigadores rusos, la causa de la muerte de los asistentes al concierto en el que se produjo la tragedia son heridas de bala y la asfixia por el humo del incendio provocado por los atacantes.
Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó hoy el “bárbaro” atentado terrorista y clamó venganza contra los que encargaron dicho ataque y, aunque no especuló sobre los autores intelectuales del atentado, sí mencionó que los cuatro detenidos intentaron huir a través de la frontera ucraniana.
Sánchez destituyó al teniente coronel Baena de la Guardia Civil tras investigar las injerencias rusas en Cataluña
El Parlamento Europeo cuenta con el relato entero para buscar una aclaración a una denuncia ya realizada en la misma sede por el PP en la Eurocámara.
Nuevas coincidencias delatoras en el caso de la alianza rusa con el separatismo catalán. Y es que el avance de las investigaciones lanzadas empieza a permitir completar el puzzle: en mayo de 2021 la Justicia cerró el caso Volka a petición de la Fiscalía. Se trataba del primer gran caso que investigó la presencia de agentes, mandos del espionaje y hasta granadas en Cataluña a raíz del proceso independentista y el golpe del 1-O. Y también en mayo de 2021 se destituyó a petición del separatismo al mando de la Guardia Civil encargado de la Policía Judicial. Su nombre era Daniel Baena. Y, entre otras cosas, no sólo investigo y acorraló a los golpistas, sino que también investigó las conexiones con Rusia. Ahora, el Parlamento Europeo cuenta con el relato entero para buscar una aclaración a una denuncia ya realizada en la misma sede por el PP en la Eurocámara: «La Fiscalía, tanto de Madrid como de Barcelona, ha obstaculizado la investigación de casos de injerencia rusa en el proceso independentista«.
La coincidencia está ya en la mesa del Parlamento Europeo. Y es que hasta allí lo ha llevado el Grupo Parlamentario Popular como parte de la documentación entregada para investigar las conexiones entre Rusia y el separatismo.
El texto señala lo siguiente: «En mayo de 2021, un mes antes de que los condenados por sedición en Cataluña fueran indultados, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sustituyó inesperadamente al jefe de la policía judicial de Cataluña, el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena». El documento explica que «el teniente coronel estuvo a cargo de la investigación sobre los acontecimientos del referéndum del 1 de octubre de 2017, y sus investigaciones fueron de crucial importancia para llevar a buen puerto un proceso que se saldó con condenas de entre nueve y 13 años de prisión para los líderes del proceso independentista». Pero el precio pagado por Baena fue evidente: «Como tal, Baena también fue objeto de una cruel campaña de difamación y acoso por parte de los separatistas en Cataluña antes de ser reemplazado». Pero Baena no sólo investigó el golpe separatista en sí. También lo hizo por medio de su policía judicial en materia de injerencias rusas.
Una de las actuaciones de su policía judicial se plasmó en el caso Volka. Un caso con evidente información sobre la presencia de espías rusos en Cataluña que fue archivado justo también en mayo de 2021 por petición de la Fiscalía. Se trataba del primer caso centrado en las injerencias de Moscú y en manos del juez Aguirre, que se encontró con fuertes obstáculos por parte de la Fiscalía en el momento en el que se pretendió investigar el patrimonio del jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, tras confirmarse sus contactos con enviados rusos.
El caso Volka puede ser el más llamativo -aunque no el único- porque en el año 2021 directamente se cerró tras la petición de la Fiscalía. Y se cerró pese a las pruebas que apuntaban a la presencia en España de cinco mandos del espionaje ruso. Nueve meses después de su inicio, Miguel Ángel Carballo, fiscal del Estado en la Audiencia Nacional, presentó un escrito solicitando el archivo del caso. Pero en ese mismo escrito la propia Fiscalía reveló que «la Policía proporcionó información de un informante con más detalles sobre personas cercanas al independentismo catalán y sus presuntos vínculos con agentes rusos». Y este informante llegó incluso a proporcionar «la identidad de cinco altos funcionarios de los servicios de inteligencia rusos que presuntamente participaron en estos contactos, así como detalles de tres instituciones financieras extranjeras desde las cuales supuestamente se habían transferido fondos para financiar los movimientos de los espías por Europa y se habían utilizado tarjetas de crédito para cubrir sus gastos de viaje».
Otros casos han sufrido una evolución paralela. Le ha pasado al caso Voloh -heredero de parte de las diligencias llevadas a cabo por la Guardia Civil- y a su juez, el magistrado Aguirre, que llegó a acusar al fiscal de sabotear las investigaciones de los contactos de Carles Puigdemont con Rusia. La Diputación de Barcelona había detectado irregularidades en varios viajes de Josep Lluís Alay y la Fiscalía las ignoró. El magistrado Aguirre pidió explicaciones y llegó a afirmar que el Ministerio Público había «entorpecido» las investigaciones.
La cosa no acabó ahí. La Fiscalía Anticorrupción se opuso a que la Guardia Civil investigara el patrimonio del jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay, y llegó a presentar un recurso ante la Audiencia de Barcelona para frenar la decisión del juez instructor.
Todo ello mientras seguía aflorando información sobre los contactos de Alay con representantes rusos. De hecho, se reunió en Moscú con agentes de Inteligencia, periodistas involucrados en las campañas de propaganda y desinformación del Kremlin y un consejero del Ministerio de Energía de ese país para abrir un canal de colaboración secreto con la Administración de Putin, según las investigaciones realizadas en aquel momento.
El teniente coronel Daniel Baena fue el jefe de la investigación del 1-O, y fue sacado de su puesto como responsable de Policía Judicial de Cataluña tras haber sido atacado por los partidos catalanes independentistas, que no dudaron en exigir en público su relevo.
Su cambio de destino fue firmado ya por la polémica directora de la Guardia Civil, María Gámez, la misma que tuvo que ser apartada por aparecer su marido y cuñado en una ramificación del caso ERE.
https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2024-03-25/sanchez-destituyo-al-teniente-coronel-baena-de-la-guardia-civil-tras-investigar-las-injerencias-rusas-en-cataluna-7110480/
El 80% de los españoles respalda las protestas de los agricultores
El apoyo es más alto entre los votantes de Vox, donde alcanza el 92%; mientras que se sitúa en el 61% en el caso de Sumar
Las protestas del campo de las últimas semanas tienen un respaldo mayoritario entre la ciudadanía. En concreto, el 80% de los españoles apoya las reivindicaciones de los agricultores que llevan semanas haciendo oír sus peticiones por todo el territorio. Solo un 5% de los ciudadanos reconoce que no está con ellos. Así se concluye de la encuesta realizada por Simple Lógica para elDiario.es.
El análisis refleja diferencias por edades y por tendencia política. Aunque el apoyo es mayoritario en todas las franjas de edad es menor entre quienes tienen de 18 a 34 años, donde se queda en el 72%. En cambio, entre los encuestados de entre 45 y 54 años supera el 85%; y entre los mayores de 65, el 82%.
Por preferencia política, el 92% de los votantes de Vox afirma respaldar la movilización agraria, que en el caso del PP es mínimamente inferior, del 91,4%. En cambio, entre quienes votaron al PSOE en las últimas elecciones generales de julio, ese porcentaje se queda en el 71,5%; y en el 61% cuando se pregunta a los votantes de Sumar.
Si se compara entre hombres y mujeres, la empatía con las peticiones de los agricultores es prácticamente similar, del 78% y del 80%, respectivamente.
Conocimiento sobre sus demandas
El apoyo de la ciudadanía al campo es mayoritario, pero no lo es tanto el nivel de conocimiento sobre los motivos que han llevado a los agricultores a protestar. Prácticamente la mitad de los encuestados (el 54,6%) reconoce que tiene una idea general del porqué de estas protestas. En cambio, casi el 23% asume tener un conocimiento detallado de las demandas. Este último es un porcentaje muy similar (el 20,2%) a quienes afirman tener constancia de que se movilizan por temas económicos pero sin conocer las peticiones concretas.
Las causas que han sacado a los agricultores -y en menor medida a los ganaderos- a la calle son bastante amplias. Algunas de ellas dependen del Gobierno central, otras de las comunidades autónomas y muchas de Bruselas, de la Política Agrícola Común (PAC).
El campo ha hablado en estas últimas semanas de un exceso de burocracia, que en ocasiones puede resultar asfixiante. Una carga normativa que deben cumplir, además de requisitos en el uso de productos químicos y fitosanitarios que, en cambio, no se exigen a las importaciones de países ajenos a la Unión Europea lo que, entienden, lleva a una competencia desleal. Además, hay más cuestiones de fondo, como la falta de inspecciones para lograr que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria o la ausencia de una legislación e incentivos que impulsen el relevo generacional en el campo. En este tema analizamos cuáles pueden ser las posibles soluciones para acabar con la crisis del campo.
De momento, las negociaciones entre las principales organizaciones de agricultores están estancadas. Una mesa de encuentros en la que no están todas las asociaciones que han protestado en estos meses y que no se reúne desde el pasado 28 de febrero, a pesar de que entonces se emplazaron para llegar a una solución en cuestión de días. De momento, la Comisión Europea sí ha dado pasos, donde ha tratado de rebajar la tensión del sector primario reduciendo las exigencias medioambientales.
Pagar más por tener precios más justos
Pese a que la mayoría de ciudadanos está con los agricultores, no todos estarían dispuestos a pagar más por sus producciones para que reciban una compensación más justa. Según la encuesta de Simple Lógica, el 40,2% de los encuestados pagaría sin duda un precio más elevado. Otro 31% también estaría a favor, pero dependiendo de cuánto subiese el coste.
En cambio un 20,3% descarta su predisposición a abonar un precio más alto a cambio de que los agricultores también ganen más. Entre estos últimos, el porcentaje más alto se da en los votantes de Vox, donde llega a ser el 28,7%; mientras que el más bajo está entre quienes votaron a Sumar el 23J, ya que se queda en el 16,2%.
Si se analiza por edades, están más dispuestos a afrontar una subida de la cesta de la compra quienes tienen entre 45 y 54 años (el 43,2%). Un porcentaje que cae al 31% si se pregunta a quienes tienen entre 18 y 24 años.